“Ella ahora es una heroína, no solo de mi país, sino del mundo entero. Este pueblo va a seguir ese legado tremendo por la defensa del agua, por la defensa de las montañas y por la defensa de la tierra”.
Estas son las palabras con las que Berta Flores, madre de la ambientalista y líder indígena Berta Cáceres , describe la herencia de su hija, quien fue asesinada la noche del jueves 3 de marzo en su casa mientras dormía.
Berta Flores tiene 83 años. Fue enfermera dedicada principalmente a atender partos y también fue alcaldesa en tres ocasiones. Al momento de conversar, han pasado seis días desde la muerte de su hija, pero ella dice que se siente tranquila.
No cree que el motivo del asesinato de Berta haya sido un robo, como inicialmente manifestaron las autoridades policiales. “Todos sabemos que fue por su lucha”, advierte.
La muerte. El escenario es Honduras, uno de los países más violentos de Centroamérica, donde en los últimos diez años han muerto cerca de 118 ambientalistas, según un informe de la organización Global Witness. Solo en el 2014, en este país fueron ultimados 12 defensores del ambiente.
La casa de Berta Cáceres está ubicada en una colonia de la ciudad de La Esperanza, cabecera del departamento de Intibucá. Según su madre, Berta se había pasado a vivir allí hacía pocos meses, en busca de seguridad.
La dirigente murió mientras dormía, al recibir al menos dos disparos por parte de unos desconocidos que habrían ingresado a la vivienda por la parte posterior. Falleció minutos antes de que llegara el viernes, día en el que hubiese cumplido 44 años.
La noticia cayó como balde de agua fría y provocó la indignación de miles de personas en el mundo. Sin embargo, para la familia de la dirigente, el asesinato no fue un hecho tan sorpresivo.
Las amenazas de muerte rondaban a Berta con bastante frecuencia por su lucha contra proyectos hidroeléctricos y su resguardo por los derechos de los indígenas. Dos motivos suficientes para ser blanco de un asesinato en Honduras.
Sus inicios. Su madre relata que desde muy pequeña, Berta la acompañaba a atender a los salvadoreños que huían de la guerra y encontraban refugio en el territorio fronterizo de Honduras. Destacó durante su época de estudiante, en la escuela y en el colegio, por sus buenas calificaciones, como también por ser dirigente estudiantil. Cuando llegó a los 18 años, empezó con el trabajo social y se enfocó en organizar a los indígenas de su etnia lenca, que actualmente es el grupo indígena más grande de Honduras con 400.000 miembros.
“Todo el tiempo me acompañó; siempre vivió conmigo. Luego, se casó, pero nunca se separó de mí y siguió mi ejemplo”, relata su madre a este diario.
Un año después creó, junto con su entonces esposo Salvador Zúñiga, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), donde conquistó uno de sus primeros logros que fue darle el estatus de municipio a la comunidad indígena de San Francisco de Opacala, en Intibucá.
“En esa época, esta organización tuvo enormes movilizaciones hacia Tegucigalpa reclamando educación bilingüe intercultural, títulos de propiedad ancestrales sobre sus territorios, así como las delimitaciones de territorios municipales, creando nuevos municipios”, cuenta el sociólogo hondureño Julio Navarro.
A su lucha indígena se sumó su otra causa como defensora del ambiente que empezó en 1995 cuando en Honduras varios empresarios impulsaron el uso de energía hidroeléctrica, por lo que comenzaron a privatizar los ríos, lo que provocó la resistencia de la agrupación lenca, pues de sus aguas depende su seguridad alimentaria y también son parte de su identidad cultural.
De esta forma, el Copinh se insertó en el movimiento social hondureño en favor de las reivindicaciones sociales y la defensa de la tierra.
A principios del año 2000 llegó a Honduras la fiebre minera. Esto representó otro pilar de batalla para Berta, pues de nuevo la población lenca y sus ríos estaban bajo amenaza por firmas asiduas a la extracción de minerales.
“Esas compañías mineras se sumaron a las generadoras de energía para repartirse el territorio y la frontera lenca; entonces, los movimientos indígenas sumaron otros enemigos y esto significó sumar nuevas amenazas”, explica Navarro.
Luchas recientes. El nombre de Berta Cáceres tomó aún más relevancia en los últimos años cuando emprendió la contienda contra la represa Agua Zarca en el cauce del río Gualcarque, sagrado para los indígenas.
Este proyecto fue aprobado en el 2006 con una concesión a la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), que al principio logró el respaldo de la empresa china Sinohydro.
Sin embargo, la firma asiática abandonó su participación en el 2013, ante las masivas manifestaciones emprendidas por el Copinh, en una de la cuales murió el activista Tomás García.
Esa lucha le valió a Berta el prestigioso Premio Medioambiental Goldman 2015 , conocido también como el Nobel verde.
Por el momento, el proyecto Agua Zarca está detenido, aunque el río Gualcarque sigue amenazado por otra construcción hidroeléctrica. Las últimas peleas de Berta se concentraron en organizar plantones (protestas frente a la construcción) para evitarla.
Luego de su muerte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) fue señalado como uno de los entes involucrados en el asesinato de la ecologista.
No obstante, el Consejo emitió un boletín de prensa rechazando estas “falsas” acusaciones.
La Nación envió consultas al Coehp sobre el tema; sin embargo, al cierre de edición no se había obtenido respuesta.
Protección. Aunque tenía medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Berta desconfiaba de las autoridades policiales y las hacía efectivas solo en los momentos en que ella las consideraba necesarias.
“Muchas de las personas que tienen medidas cautelares en Honduras desconfían del Estado. Sienten que aquellos que están llamados a protegerles están más bien destinados a vigilarles y a controlarlos”, indica Meza.
Gustavo Cáceres, hermano de Berta, cree que las medidas cautelares “eran insípidas”, ya que, según cuenta, se hallaban muy condicionadas.
“Las medidas pedían que ella estuviera solo en la casa y que firmara un libro. Nunca le dieron seguimiento. Hasta ahora que tienen la presión internacional y ya asesinaron a mi hermana, ahora exigimos la verdad del asesinato”, manifiesta Gustavo durante una entrevista telefónica.
La encrucijada. Luego de la muerte de Berta, Honduras quedó expuesto como un país que no brinda respaldo a los grupos indígenas y que, además, permite con facilidad la explotación de sus recursos naturales.
Para Meza, el Estado hondureño ha sido un aliado de los inversionistas que quieren impulsar sus proyectos. “El Estado ha estado presente, solo que no siempre en el lado correcto”, agrega.
También considera que las personas que cometieron el crimen de Berta no tenían “ni idea de la magnitud que tendría el acto ni de sus consecuencias”.
Lo que, según él, evidencia el desconocimiento del pueblo hondureño sobre los movimientos sociales y sus reclamos.
Asimismo, el país centroamericano llega muy comprometido a la pronta instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Que en este justo momento se produzca un hecho criminal de tal impacto y magnitud pone al Gobierno hondureño contra las cuerdas”, afirma Meza.
El día del asesinato de Berta, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández expresó a través de su cuenta de Twitter que el crimen “debe ser investigado y poner a la orden de la justicia a los responsables”.
A Berta la despidieron miles de personas el sábado anterior . “¡Justicia, justicia!”, “¡Berta vive, la lucha sigue, sigue!”, gritaban los asistentes al sepelio, que vinieron de varias zonas del país.
Cualquiera podría creer que Berta ya no es parte de este mundo, aunque dejó un gran legado. Pero su madre lo tiene claro: “La entregué a la Madre Tierra para que abone con su semilla de lucha nuestra vida y la naturaleza”.
