Un jefe de la policía, un agente y un juez de Tenesí violaron los derechos constitucionales de personas encarceladas, al prometer reducirles sus sentencias si se sometían a procedimientos anticonceptivos, de acuerdo con declaraciones de una expresidiaria en una demanda federal.
Christel Ward, fue una de las internas de la cárcel del condado White que aceptaron el acuerdo, según la demanda. Ward dijo el jueves que aún tiene en el brazo el dispositivo anticonceptivo que las autoridades le inyectaron.
"Quiero que saquen esto de mi brazo. No me permiten hacerlo hasta que pague", contó Ward en una conferencia de prensa. "No tengo $250 para sacarme esto", agregó.
Mike Donovan, presidente de la agrupación Nexus Services Inc. que está financiando la demanda interpuesta el miércoles en Nashville, dijo que el jefe de la policía, Oddie Shoupe; la agente Donna Daniels y el juez Sam Benningfield estaban jugando a ser Dios al ofrecer a los reclusos reducir sus condenas por 30 días si se sometían a procedimientos de esterilización gratuitos. Donovan calificó el acto como una política de eugenesia.
En julio, luego de dos meses en práctica, el juez canceló el programa tras el repudio del Departamento de Salud del estado, de la Unión Americana de Libertades Civiles y de algunos legisladores.
Según la demanda, a los hombres se les ofrecían vasectomías y a las mujeres se les daba el implante anticonceptivo Nexplanon, cuya efectividad dura entre tres y cinco años.
Luego de que a Ward se le inyectara el implante, los funcionarios negaron haber prometido una reducción de condena. Cuando ella pidió que el procedimiento fuera revertido, le dijeron que le costaría $250.
El juez Benningfield dijo que los reclusos que aceptaron recibir anticonceptivos podrían todavía recibir una reducción de 30 días en sus condenas, sin importar si fueron sometidos al procedimiento o no. Hay 35 mujeres y 42 hombres que firmaron, dijo Mario Williams, un abogado del grupo Nexus.
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