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Madrid. En vísperas de concluir el histórico juicio en Madrid, los abogados de los independentistas juzgados por el intento de secesión de Cataluña en el 2017 negaron toda violencia y aseguraron que como mucho hubo desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel.
“Ese es el discurso de la acusación: sesgo y exageración, y eso les quita credibilidad”, dijo dando el tono Andreu Van den Eynde, abogado del ex vicepresidente regional catalán Oriol Junqueras, quien se enfrenta a 25 años de prisión por rebelión y malversación.
En el Tribunal Supremo español se celebra este martes una de las últimas sesiones del juicio iniciado hace cuatro meses contra 12 líderes separatistas, por su implicación en el intento fallido de secesión unilateral de Cataluña.
La Fiscalía calificó la tentativa de independencia de “golpe de Estado” y sostuvo que “hubo violencia” contra la fuerza pública y un clima “insurreccional” en el proceso, marcado por dos hitos: el referendo ilegal de autodeterminación del 1.° de octubre del 2017, y la proclamación unilateral de independencia, el 27 de ese mes, en el Parlamento catalán.
La noción de alzamiento violento es clave, pues sustenta el cargo de rebelión, que la fiscalía imputa a nueve de los 12 procesados y por el que pide elevadas penas. Pero el argumento es controvertido, ya que los independentistas y sus simpatizantes nunca emplearon armas y fueron habituales los llamamientos a la lucha pacífica.
“Todo es exageración, todo es ruido, y ese ruido (...) se manifiesta en el vocabulario, lo he apuntado durante todo el juicio: ‘estaban atrincherados’, ‘las barricadas’, ‘los escudos humanos’, ‘dieron el pistoletazo de salida’, ‘tenían un arsenal’, ‘miradas de odio’, ‘asedio’, ‘devastación’”, enumeró Van den Eynde, criticando los términos empleados por el Ministerio Público.
Según el letrado, que también representa al exministro regional de Relaciones Exteriores Raúl Romeva, no hubo rebelión, sino a lo sumo un posible delito de desobediencia. Una figura que conlleva en casos agravados una multa y una inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos, pero no una pena de prisión.
El mismo argumento fue defendido por Javier Melero, abogado del exresponsable regional de Interior Joaquim Forn, al mando entonces de la Policía autónoma, los Mossos d’Esquadra.
“Cedo esa trinchera: el señor Forn desobedeció al Tribunal Constitucional”, declaró sobre su cliente, contra quien la Fiscalía pide 16 años por rebelión y malversación.
Van den Eynde criticó la actuación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuando el 1.° de octubre del 2017, por orden judicial, acudieron a numerosos colegios catalanes a impedir la votación, suspendida por el Constitucional.
Allí, esos agentes golpearon con porras y propinaron empujones a manifestantes, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. También hubo enfrentamientos de los independentistas con las fuerzas del orden, pero muy puntuales, según Van den Eynde.
“Aquí la única violencia es la que se cuenta con los dedos de la mano”, manifestó.
Melero criticó a la Fiscalía, por decir hace una semana que “la rebelión no necesita ni violencia grave ni violencia armada”. “Lo que no se puede hacer es trivializar, banalizar el concepto de violencia asociado a tan gravísimos delitos”, dijo el letrado.
Último día de juicio
El miércoles, los 12 acusados dispondrán de su turno de última palabra, y el juicio quedará visto para sentencia. La decisión del Supremo se espera para el otoño.
El juicio, iniciado hace cuatro meses, es de alto voltaje político, y cristaliza la fuerte tensión entre los separatistas, en el poder en Cataluña, y el poder central de Madrid.
Los independentistas y sus simpatizantes califican de "presos políticos" a nueve de los procesados, que se encuentran en prisión preventiva desde hace más de un año, y no dejan de denunciar el juicio como "político". Este mismo martes, la portavoz del gobierno regional, Meritxell Budó, criticó "el relato ficticio generado alrededor de la rebelión".
Durante el juicio, fueron varios los testigos e incluso acusados los que dijeron que el objetivo del proceso separatista no era realmente la secesión, sino forzar al entonces gobierno conservador de Mariano Rajoy a negociar un nuevo encaje de Cataluña dentro de España.
“Se trataba de tensar la cuerda, pero que no se rompiera”, dijo en febrero el exconsejero del Gobierno catalán Santi Vila, quien dimitió la víspera de la proclamación unilateral y está acusado ahora de desobediencia y malversación.
