La ley ahora cuestionada fue aprobada en octubre de 2011 por el oficialista Frente Amplio (izquierda) con la meta de derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos, y cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.
"Lo que la Corte hace es declarar inaplicables dos artículos en un caso concreto. Ahora los jueces dirán de qué modo esa declaración de la Corte incide en cada proceso", explicó Raúl Oxandarabat, vocero de la SCJ.
Los artículos cuestionados declaraban los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1.º de marzo de 1985 "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales" y afirmaba que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para su juzgamiento.
Según el vocero, "las vías por las que se puede seguir investigando son múltiples" pero los jueces no podrán aplicar esos artículos para procesar a implicados en violaciones de derechos humanos.
De hecho, "se vuelve a la situación anterior, cuando hubo jueces que usaron otras leyes" para procesar a militares y civiles por estos delitos, añadió.
La Corte justificó su decisión en que la cuestionada ley viola el principio de no retroactividad establecido en la constitución.