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Budapest. El Parlamento húngaro aprobó el martes varias leyes contra los grupos homosexuales y bisexuales, incluyendo una que consagra el concepto tradicional de género en la Constitución y otra que prohíbe de facto la adopción para las parejas del mismo sexo.
“La madre es una mujer, el padre es un hombre”, decreta una enmienda a la Constitución aprobada con el apoyo de la mayoría de los diputados, según el sitio web oficial de la Asamblea.
La enmienda define el sexo como solo el del nacimiento y añade: "La educación se imparte de acuerdo con los valores basados en la identidad constitucional y la cultura cristiana" del país.
El gobierno justificó la enmienda por la necesidad de “proteger al niño de posibles interferencias ideológicas o biológicas” del mundo occidental contemporáneo.
El Parlamento también aprobó una ley que solo permite a las parejas casadas adoptar niños, lo que en la práctica excluye a los homosexuales, que no pueden unirse en Hungría. Se pueden conceder dispensas en casos excepcionales.
Desde mayo ya está legalmente prohibido registrar un cambio de sexo en el estado civil en este país centroeuropeo, miembro de la Unión Europea (UE), cuyo primer ministro, Víktor Orbán, quien lleva diez años en el poder sin interrupción, promueve el “iliberalismo”.
En esta cruzada por defender los “valores cristianos” tradicionales, Orbán se ha visto recientemente debilitado por el caso Jozsef Szajer.
A finales de noviembre, este diputado europeo cercano a Orbán fue sorprendido en una fiesta libertina gay, un caso que provocó protestas de la oposición y de la prensa independiente contra la hipocresía del gobierno húngaro.
Varias organizaciones internacionales (ONU, Consejo de Europa, OSCE, UE) acusan regularmente al jefe de Gobierno de burlarse de los valores europeos.
Hungría ya fue condenada por los tribunales europeos por no respetar la primacía del derecho comunitario sobre la legislación nacional.
En este contexto, Orbán anunció la semana pasada su intención de presentar un recurso contra la introducción de un nuevo mecanismo que vincula el pago de fondos europeos al respeto del estado de derecho.
