Santiago. La Iglesia chilena anunció este miércoles la creación de una unidad que se encargará de procesar denuncias de abusos y acompañar a las víctimas, con el fin de “restablecer” la confianza de los fieles en medio de la tormenta desatada por casos de pederastia.
La creación de la Delegación Episcopal para la Verdad y la Paz se enmarca en la política global del Vaticano destinada a dar un lavado de cara a la Iglesia, frente a la catarata de denuncias de abusos cometidos por religiosos que salieron a luz en varios países en los últimos años.
Para "enfrentar el daño producido por los abusos causados por miembros de la Iglesia en la diócesis, responder a las necesidades actuales y construir caminos para restablecer la confianza, el Arzobispado de Santiago determinó crear una nueva estructura para coordinar las denuncias", señaló la entidad.
Asimismo, la unidad se encargará de "acompañar a las víctimas, realizar las investigaciones pertinentes y colaborar con las instituciones civiles en materias competentes", agregó la misiva.
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La nueva delegación regirá las labores de la Oficina Pastoral de Denuncias y el Departamento de Promoción de Ambientes Sanos.
En el ojo de la tormenta y sumido en una profunda crisis, el clero chileno está viviendo una catarsis. El papa Francisco ha aceptado la renuncia a siete obispos, acusados de encubrir casos de pederastia cometidos por sacerdotes.
En paralelo, la Justicia chilena mantiene abiertas unas 119 causas por abusos sexuales cometidos en el interior de templos o congregaciones católicas.
Allanamientos a obispados y declaraciones de obispos y sacerdotes como imputados se transformaron en moneda corriente en los últimos meses, sumando obstáculos a una institución que en los últimos años ha perdido terreno en el mapa religioso del país.
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Francisco aceptó el martes que la Iglesia católica "está bajo acusación" por los abusos perpetrados a su interior durante décadas, y reafirmó que no le temblará el pulso para negar la gracia a los sacerdotes condenados por ese delito.
En el marco de esa política de tolerancia cero, el Vaticano expulsó del sacerdocio al cura chileno Cristián Precht, defensor de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), investigado por pederastia.
Precht ya había cumplido una condena canónica por abuso de menores.