El convenio, leído por el mediador José Luis Lacunza, obispo de David, incluye el compromiso de los indígenas a dejar las protestas y el del Gobierno de sacar a los policías de las áreas en conflicto.
Además, el pacto fija la reanudación hoy del debate legislativo en la Asamblea Nacional, sobre la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera en las regiones indígenas.
“Se ha entablado una mesa en la que mediará monseñor Lacunza”, dijo el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, quien prometió que el Gobierno indemnizará a la familia del indígena muerto el domingo.
El diálogo tocará la demanda indígena de incluir una veda a los proyectos mineros e hidroeléctricos en la Comarca Ngöbe-Buglé en una ley especial para proteger los recursos de esa región.
“Todavía no conseguimos nada”, declaró Silvia Carrera, cacica general de la Comarca Ngöbe-Buglé, quien reiteró la desconfianza de su pueblo hacia el gobierno de Ricardo Martinelli.
El convenio también incluye la liberación de las personas detenidas sin formularles ningún cargo y la atención de los afectados.
Al diálogo no asistió el presidente Martinelli. “Lamentamos que en todo esto el presidente no diera la cara al pueblo”, escribió Carrera en su cuenta de Twitter.
El Gobierno manifiesta estar de acuerdo con prohibir la minería, pero no los proyectos hidroeléctricos porque –dice– ello implicaría un sobrecosto anual de $200 millones para el Estado.
Ayer, un indígena de 16 años se convirtió en la segunda víctima de las protestas. Según la Policía, el cuerpo “fue hallado junto a dos envases de combustibles y restos de cohetes de fuegos artificiales” en una zona donde horas habían detenido “a 14 jóvenes que se dedicaban a preparar cocteles molotov y a elaborar lanzacohetes”.
Sin embargo, varios testigos negaron las versiones policiales. Uno de ellos aseguró que el joven murió al impactar en su cara una bomba disparada por la Policía.