El Fondo Monetario Internacional (FMI) cifró en 40.000 millones de euros las necesidades de la banca, pero el ministro de Economía español, Luis de Guindos, afirmó que la cantidad del préstamo se diseñó para dar “un margen de seguridad significativo”.
De Guindos emitió el anuncio en una rueda de prensa tras una teleconferencia de los 17 ministros de Finanzas de la zona euro, en la que también participó la directora del FMI, Christine Lagarde. El anuncio llega solo 10 días después de que el presidente español, Mariano Rajoy, manifestó que no habría ningún rescate de la banca española.
Así, descartó que el préstamo vaya a entrañar más medidas de austeridad para los españoles ni que suponga un rescate al estilo de Grecia, Irlanda o Portugal.
“No hay ningún tipo de condicionalidad macroeconómica, ningún tipo de condicionalidad fiscal, ningún tipo de reformas económicas fuera del ámbito del sector financiero”, aseguró el ministro.
Sin embargo, el eurogrupo se declaró “confiado en que España honrará sus compromisos de reducción de déficit y en lo relativo a las reformas estructurales para corregir los desequilibrios macroeconómicos”.
De Guindos insistió en que la ayuda apunta solo al 30% de los bancos españoles que tienen más dificultades, identificados como tales por el informe del FMI publicado el viernes por la noche.
Añadió en que la cifra final que pedirá el Gobierno dependerá del resultado de la auditoría de la banca realizada por las firmas alemana Roland Berger y estadounidense Oliver Wyman, que deberá recibir el 21 de junio a más tardar.
El rescate supone una solución intermedia que satisface a todos, ya que el Gobierno español no ve su soberanía amenazada, al no ser una intervención tan dura como la de Grecia. Alemania también se sale con la suya, al utilizar el fondo de rescate para inyectar capital en un organismo público, con la garantía de que la ayuda está destinada al saneamiento del sector financiero.
Debilitados por su alta exposición a la burbuja inmobiliaria que estalló en el 2008, los bancos españoles acumulan en sus balances unos 184.000 millones de euros en activos problemáticos hasta finales del 2011, es decir, un 60% de su cartera.