Hasta ahora, la investigación de la Justicia no apunta a Hebe de Bonafini, directora de la asociación, sino al exapoderado y representante legal de la organización, el abogado Sergio Schoklender, y otros ocho implicados.
La prensa argentina se adelantó a los anuncios oficiales y reveló que se trataría de un presunto desfalco de $300 millones que llegaron a las arcas de la ONG por un otorgamiento del Ministerio de Planificación para ejecutar un plan de viviendas llamado Sueños Compartidos.
Schoklender niega haber participado en actividades ilícitas o haber incrementado irregularmente su patrimonio. “Nunca me enriquecí con el dinero de las Madres. Lo puedo probar. Está todo declarado”, señaló.
Hasta mediados de semana, el magistrado ordenó 12 allanamientos en dependencias de la fundación. “Nos pusimos a disposición del juez y fueron allanados todos los lugares de las Madres. Lo que creyeron necesario se lo llevaron, se lo llevaron porque es el aporte a la causa para condenar a los malditos. Tienen que ir a la cárcel para siempre y por eso peleamos, por eso colaboramos”, vociferó Bonafini en la asamblea del jueves, en referencia a Schoklender y otros implicados (su hermano Pablo).
El abogado de la asociación en esta causa, el constitucionalista Eduardo Barcesat, solicitó el lunes pasado a Oyarbide incluir a las Madres como parte querellante por considerarse perjudicadas.
“Los Schoklender abusaron de la confianza y del amor que les brindaron las Madres. Tomaron un beneficio personal indebido. Tenían un proyecto personal paralelo de enriquecimiento. Sergio es un encantador de serpientes. Le llevaba a Hebe avances tecnológicos en la construcción de casas, y ella estaba encantada”, afirmó Barcesat.
El 8 de junio comparecieron ante el Congreso el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el de Vivienda, Luis Bontempo. Ambos reconocieron que no hay controles del Estado sobre las viviendas que construyen las Madres, sino que la tarea corresponde a los municipios donde se ejecutan.
Confirmaron que el monto de fondos públicos invertido en las obras supera $305 millones, con los que se financiaron 4.542 casas y 11 centros de salud. “Pongo las manos en el fuego por Hebe y por la asociación”, dijo el gobierno de Cristina Kirchner, por medio de su ministro de Planificación, Julio de Vido.
El analista político argentino Gabriel Salvia apunta que la Casa Rosada también se ha salpicado del escándalo. “El golpe retumba en la credibilidad de la lucha por los derechos humanos. Las Madres han estado cobijadas en la era Kirchner y con este escándalo se limita su alcance de servir de ejemplo a la sociedad”.
Las encuestadoras midieron cómo queda parado el Gobierno. Un sondeo del 10 de junio de la firma Enrique Zuleta arroja que para 52,8% el escándalo “reviste gravedad institucional y política”; 23,7% cree que afecta la vida interna de la ONG.