EscucharCaracas, Venezuela
La oposición marchó de nuevo este sábado, cuando se cumplen tres meses de protestas diarias contra el presidente Nicolás Maduro, en una Venezuela convulsionada donde, según analistas, se vislumbra una escalada de la crisis.
Unos 3.000 opositores caminaron hasta la principal autopista de Caracas para expresar su apoyo a la fiscala general, Luisa Ortega, quien en medio de las manifestaciones que ya dejan 89 muertos abandonó su línea oficialista para convertirse en férrea adversaria de Maduro, rechazando su convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Ortega deberá comparecer el próximo martes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –acusado de servir al chavismo–, que evaluará si la enjuicia, lo que podría llevar a su destitución.
"Tenemos que organizarnos para evitar la elección de esa Constituyente. Si a nosotros nos da la gana, aquí no hay Constituyente", dijo el diputado Carlos Paparoni.
La fiscala agradeció el apoyo. "Su confianza fortalece nuestra lucha institucional. La defensa de la Constitución es tarea de todos", tuiteó.
En estos tres meses, lo más importante que se ha logrado es crear conciencia de que la lucha para restituir la democracia cada quien la tiene que hacer, dijo a la AFP desde la movilización Patricia Valenzuela, una médica de 43 años.
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La fiscala se alejó del Gobierno denunciando una ruptura del orden constitucional por decisiones del TSJ que redujeron los poderes del Legislativo.
También emprendió una batalla judicial contra los magistrados de la corte y la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa Maduro para rehacer la Carta Magna, aunque todos sus recursos han sido desechados por el TSJ.
A petición del chavismo, el máximo tribunal le impuso a Ortega la prohibición de salir del país y congeló sus cuentas y bienes.
El oficialismo asegura que Ortega mintió al afirmar que no validó la elección de los magistrados del TSJ en el 2015, por parte de la anterior mayoría chavista.
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Activistas de la oposición protestan contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en la carretera Francisco Fajardo de Caracas. (AFP)
Desde la marcha, la parlamentaria opositora Delsa Solórzano aseguró que no se trata de defender a Luisa Ortega sino la democracia.
Los opositores, que consideran la Constituyente un fraude para perpetuar a Maduro en el poder, han protestado casi todos los días desde el 1°. de abril. Las manifestaciones suelen terminar en disturbios y saqueos.
"Esa Constituyente no la apoya nadie, pueden aprobarla, pero seguimos en la calle en desobediencia civil", dijo Alejandro García, un manifestante.
Entre el 1°. de abril y el 19 de junio del 2017 se registraron 2.675 protestas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en un contexto de grave crisis económica.
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El viernes, en Barquisimeto (350 kilómetros al oeste de Caracas) pistoleros encapuchados dispararon contra manifestantes que habían levantado barricadas, dejando cuatro fallecidos, que fueron confirmados este sábado por la Fiscalía.
Los tres meses de protestas también dejan un millar de heridos, según ese organismo, y más de 3.500 detenidos, de acuerdo con la ONG Foro Penal.
Gobierno y oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia. Maduro asegura que se trata de un complot entre la derecha terrorista y Estados Unidos para derrocarlo.
"La Fiscalía también es cómplice de la violencia criminal", dijo el viernes Maduro, quien el pasado martes denunció un intento de golpe de sectores extremistas de la oposición.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que el lunes firmará un acuerdo con sectores del chavismo crítico del gobierno para rechazar la Constituyente.
"Vamos a suscribir un gran acuerdo contra la imposición del totalitarismo del régimen y para trabajar en la restitución del hilo constitucional", afirmó en rueda de prensa la dirigente María Corina Machado.
Sin embargo, Gonzalo Gómez, dirigente de Marea Socialista, importante organización del chavismo opuesto a Maduro, dijo a la AFP que no los han contactado.
"Si llegaran a contactarnos, se evalúa, entendemos la necesidad de defender las libertades democráticas", acotó.
El politólogo Ricardo Sucre también augura una escalada de la tensión a medida que se acerque la votación de la Constituyente el 30 de julio.
"La posibilidad de que ocurran hechos de violencia inesperados son muy altas", dijo a la AFP.
