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Brasilia AFP, EFE La Cámara de Diputados de Brasil inició el viernes el debate sobre un posible juicio de destitución de la presidenta Dilma Rousseff y abrió uno de los capítulos más dramáticos de la historia democrática del país.
La acusación y la defensa cruzaron sus argumentos, mientras activistas favorables y contrarios al Gobierno preparaban movilizaciones gigantes en Brasilia y otras ciudades para el domingo, día de la votación.
Rousseff, de 68 años, está acusada de “crímenes de responsabilidad” por presunto maquillaje de las cuentas públicas y apertura de créditos sin la aprobación del Congreso en el 2014, el año de su reelección, y a inicios del 2015.
El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, negó sustancia a esos cargos y denunció una tentativa de “golpe de Estado”, con lo que levantó una ola de indignación en la oposición y aplausos de los diputados del Partido de los Trabajadores (PT), que gritaban “¡No habrá golpe!”.
Cardozo cuestionó además el papel activo que jugó en el procedimiento de impeachment el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, quien está siendo juzgado por la Corte Suprema, acusado de haberse embolsado millonarias sumas de la red de sobornos de Petrobras.
¿Venganza? Según Cardozo, Cunha actuó por deseo de venganza, porque el Gobierno no le ayudó a evitar un proceso por presunta corrupción en la Comisión de Ética de la Cámara.
El jurista Miguel Reale, uno de los denunciantes contra Rousseff, echó en cara al Gobierno sus manejos fiscales y rechazó las acusaciones de golpismo. “Hubo un golpe, sí, cuando se escamoteó la revelación de que el país estaba quebrado, cuando se disfrazó la situación fiscal del país y se siguió haciendo inmensos gastos públicos y cuando tuvieron que recurrir a empréstitos de entidades brasileñas” para financiarlos, dijo.
La apertura de un juicio político requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara –342 diputados de un total de 513– y la ratificación por el Senado.
En ese caso, la gobernante sería separada del cargo y reemplazada por su vicepresidente centrista, Michel Temer, de 75 años. Y Temer completaría el mandato, hasta fines de 2018, si los senadores declaran a Rousseff formalmente culpable en un plazo máximo de seis meses.
Según la encuesta del portal online del diario O Estado de S.Paulo , los partidarios del juicio político cuentan ya con los 342 votos necesarios para dar el paso.
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El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, habla durante la sesión del viernes de la Cámara de Diputados del Congreso en la cual negó que hayan cargos sustanciales contra la presidenta Rousseff y denunció un intento de golpe de estado contra la mandataria. | AFP (EVARISTO SA)
Para impedir incidentes el domingo, las autoridades tendieron una enorme valla metálica de un kilómetro, que arranca frente al Congreso y llega a la monumental explanada de los Ministerios, en el corazón de la capital.
El viernes por la mañana, la zona estaba casi desierta y solo se veían vehículos policiales y un helicóptero que sobrevolaba.
Los partidarios de Rousseff empezaron a concentrarse desde el lunes en un recinto deportivo junto al estadio mundialista Mané Garrincha.
El impeachment cuenta con el apoyo de grupos heterogéneos y poderosos como las cámaras de industria y de agricultura y los mercados financieros.
La Corte Suprema de Brasil rechazó, en la madrugada del viernes, una petición que buscaba bloquear el juicio político a Rousseff, al limitar severamente las opciones de la líder política de izquierda para evitar enfrentarse con los legisladores que quieren derrocarla.
Inestabilidad a la vista. El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), la mayor asociación campesina de Brasil, propuso el viernes una huelga nacional si la Cámara de los Diputados aprueba realizar el juicio político contra la presidenta.
El líder del MST, João Pedro Stédile, afirmó que hablará con los sindicatos para “parar el país” y “no dejar dormir” al vicepresidente, Michel Temer, primero en la línea de sucesión en el caso de que se apruebe la destitución de Rousseff.
“Si no vamos a la calle, no ganamos esta”, dijo Stédile a manifestantes en el campamento instalado en Brasilia.
Otro líder del MST, Guilherme Boulos, dijo que el movimiento no está en las calles para defender a Rousseff, sino para gritar contra el “golpe” y contra la “escalada de intolerancia fascista” que “amenaza la democracia”.
