El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entró en una nueva reestructuración, pero los sindicalistas denuncian presiones psicológicas de algunos jefes contra sus subalternos y rechazan el traslado de 200 funcionarios al Instituto de Investigaciones Agrícolas.
El Frente Agrícola de Organizaciones Sociales (FAOS) y la Unión Nacional de Empleados del MAG (Udemag) afirmaron, además, que desde el Gobierno de José María Figueres se mantiene un plan para desajustar la labor de las organizaciones de ese sector, con el cual calzan los actuales cambios en el Ministerio.
Aparte de la incertidumbre que causa el traslado de funcionarios de un empleo seguro a uno en el que se depende de los recursos que el Gobierno pueda entregar, la creación de un nuevo instituto no garantizará de ninguna manera que los pequeños productores tengan acceso a los resultados de la investigación, señalan.
Guillermo Araya Umaña, presidente de Udemag, y José Obando Sequeira, Secretario General de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), afirmaron que la desintegración de direcciones fue una respuesta de Figueres, como presidente, a las acciones de los funcionarios del MAG que incluso organizaron una huelga cuando fue ministro de Agricultura y Ganadería.
Denunciaron que el exmandatario juró vengarse y que, por tanto, puso en el puesto de ministro a Mario Carvajal, quien simplemente se dedicó a efectuar despidos en la entidad y a desestabilizar el movimiento sindical y campesino.
Ahora, afirmaron, se quiere seguir con la desmantelación de algunos departamentos del Ministerio. Esto, enfatizaron, perjudicará tanto a funcionarios como a pequeños productores.
Los puntos
Hay tres puntos que inquietan a los sindicalistas y a dirigentes de organizaciones campesinas:
* La imposibilidad del pequeño productor de tener acceso a la investigación. En los años ochenta, recordaron, cuando se vino otra ola de cambios en el sector agrícola se entregaron áreas de investigación a firmas privadas como El Pelón de la Bajura, Hacienda La Flor o el Grupo Zeta, y hoy los campesinos casi no tienen acceso a semillas de frijol rojo o de arroz. El ministro de Agricultura, Esteban Brenes, considera, por el contrario, que con estos cambios, se beneficiará a todos los productores con una investigación de más calidad.
* La estabilidad laboral de los trabajadores, pues deberán partir de cero y perder todos los derechos adquiridos.
* El incumplimiento de los políticos. Aunque el Gobierno promete presupuestar unos ¢800 millones anuales, por tiempo indefinido, para el nuevo instituto, FAOS y Udemag recuerdan que casi nunca se cumplen esos giros de dinero. Tal es el caso de la Corporación Hortícola Nacional, a la que tras grandes discusiones en el país se le otorgaron por ley ¢1.000 millones y todavía no se le han entregado. Pero el ministro Brenes aseguró que esos fondos se presupuestarán anualmente como los de cualquier otra entidad pública y no habrá ningún problema al respecto.