Fondo de pensiones de la Corte rechazó 505 solicitudes de traslado al IVM

La Junta de Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial confirmó a La Nación que a quienes pidieron dejar de cotizar al sistema, para hacerlo en el IVM, se les denegó la petición.

Tal y como publicó La Nación, en mayo pasado, existe un grupo de cerca de 900 empleados de la Corte (alrededor del 6,4% de la planilla), que quieren dejar de cotizar para este régimen de pensiones y trasladarse al IVM.

Argumentan que dicho sistema les resulta desventajoso pues otorga mayores beneficios a quienes se jubilaron previo a una reforma del 2018, y deben cotizar un porcentaje más alto, de 13% de su salario, en comparación con el 4% del IVM.

Para rechazar las solicitudes del traslado, el órgano administrador argumenta que la contribución obrera del 13% del salario nace de una disposición legal y no de un mandato administrativo.

“Se puede apreciar que no brinda (la ley) un carácter facultativo para las personas funcionarias, por el contrario, estipula que para el acervo del Fondo, es indispensable el aporte de los sueldos de las personas servidoras”, según los administradores de las pensiones judiciales.

Adicionalmente, la Junta Administradora recalcó que cuando exista duda de la interpretación de una norma legal, en materia de pensiones, siempre prima el principio “pro fondo” establecido en fallos de la Sala Segunda.

Sin embargo, grupo de empleados que quiere migrar, unido dentro de un movimiento conocido como Mi pensión, mi elección cuestionan que se les obligue a pertenecer al fondo de la Corte, cuando el IVM es el régimen universal establecido en la Constitución Política.

Otro de los argumentos planteados es que el sistema de la Corte “más temprano que tarde” volverá a entrar en problemas económicos porque los actuales trabajadores tienen cuatro años con salarios congelados y, quienes ingresen a la entidad bajo la Ley Marco de Empleo Público tendrán una escala salarial menor.

El más reciente estudio actuarial contratado por la Junta Administradora del fondo de pensiones concluyó que, en el análisis de escenario cerrado, persistía un déficit que oscila entre ¢369.684 millones y ¢1.079.928 millones al cierre del 2022.

El informe indicó que el desequilibrio en el sistema se genera porque las pensiones de 4.009 personas, otorgadas antes de la reforma del 2018, se dieron en condiciones laxas.

Por esa razón, recomendó un drástico recorte en los beneficios a esta población, como limitar los aumentos por inflación en el monto del beneficio.

Otra vía legal

Las líderes del movimiento Mi pensión, mi elección abogaron, en el Congreso, a finales de agosto pasado, en la igualdad en la contribución de los regímenes básicos (Poder Judicial, Magisterio Nacional e IVM) como una opción para llevar equidad a los sistemas.

En la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa se discute el proyecto 23.733 que propone la equiparación de la contribución patronal en los sistemas de jubilación.

Sin embargo, las funcionarias judiciales aprovecharon su comparecencia, el pasado 22 de agosto, para promover la igualdad en la contribución también para los trabajadores.

La jueza Jennifer Arroyo explicó que el aporte obrero al régimen judicial, del 13% del sueldo, resulta excesivo y desproporcionado cuando se compara con el 4% de contribución al fondo administrado por la Caja, donde cotizan la mayoría de trabajadores del país.

“Nuestra solicitud es que se equipare el aporte patronal al régimen del Poder Judicial a las mismas condiciones del IVM, disminuir el aporte obrero (de la Corte) a las mismas del IVM y limitar las potestades de la Junta Administradora (del régimen del Poder Judicial) de incrementar de forma unilateral las cuotas obreras”, dijo la funcionaria.

En tanto, la jueza Laura Murillo recalcó que no existe ninguna razón para que el aporte patronal al Poder Judicial ―del 14,36%― sea mayor al del IVM ―del 5,75%―, e igual ocurre en el caso obrero. Además, abogó por la libre elección de régimen de pensiones.

“Si nos permiten trasladarnos al régimen del IVM, este se vería fortalecido lo cual es importantísimo porque es un sistema más solidario”, destacó la funcionaria.

Murillo abogó por la libertad de elección, pues actualmente la única forma para cotizar al régimen de la Caja es renunciando al Poder Judicial, lo cual convierte al fondo del Poder Judicial en un sistema “cautivo” para los trabajadores.