La defensa y la promoción de la libre competencia en Costa Rica se encuentra en riesgo por falta de presupuesto en la entidad supervisora, aseguró a La Nación la presidenta de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), Isaura Guillén, razón por la que estarán enviando una solicitud de fondos extraordinarios en las próximas semanas.
La jerarca dijo que esta situación dificulta la ejecución de estudios de mercado, y capacitación a los agentes económicos en aspectos relacionados con la competencia y las distorsiones a las que está expuesta, lo que al final estarían afectando a los consumidores.
En setiembre del 2019 fue promulgada la Ley 9736, Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, que otorga más facultades a la entidad y aumenta las sanciones.
“Con la nueva ley se le dieron facultades a la Coprocom para hacer allanamientos, hacer investigaciones por prácticas (anticompetitivas) con facultades más amplias, pero nosotros no hemos podido llevarlas a cabo porque no tenemos personal suficiente, tenemos escasamente 17 funcionarios para todas las áreas”, aseguró.
También fueron nombrados como personal de planta los tres comisionados de la instancia, quienes anteriormente sesionaban una vez a la semana y recibían solo pago de dietas.
La Ley también estableció un presupuesto más alto respecto al que mantenía la Comisión en los últimos 10 años. Guillén indicó que en los últimos años la entidad ha recibido un presupuesto asignado que oscila entre ¢600 millones y ¢730 millones, el 95% es destinado a gastos fijos, entre ellos las remuneraciones.
Según el artículo 17 de la Ley, el presupuesto previsto es de al menos 5.309,05 salarios base, equivalente a ¢2.453,8 millones. “El presupuesto actual representa si acaso el 29% de ese monto”, aseguró la funcionaria.
Solicitarán presupuesto extraordinario
Guillén aseguró que desde 2019 han enviado “cualquier cantidad” de oficios ante el Ministerio de Hacienda, explicando la necesidad de los recursos y el argumento recibido por Hacienda es que no pueden porque la regla fiscal no se los permite y que la situación del Gobierno no está para hacer incrementos de presupuesto.
La Nación consultó al Ministerio de Hacienda sobre el tema, sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
La regla fiscal, es una herramienta para controlar el gasto del Gobierno que quedó establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).
La funcionaria informó días atrás de que después de Semana Santa enviarían la solicitud de un presupuesto extraordinario por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), entidad a la que Coprocom está adscrita.
“Si hay una intención de darle algún recurso a Coprocom este presupuesto extraordinario sería la oportunidad para que nos lo den. Es un porcentaje de lo que corresponde y estamos revisando las proyecciones para los próximos años para que ya Coprocom reciba lo correspondiente y que las autoridades vean que es una solicitud justificada”, explicó Guillén.
Obligaciones con la OCDE
La promoción y tutela de la competencia en los mercados es un capítulo relevante dentro de los compromisos de Costa Rica al adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el informe de este organismo sobre Costa Rica correspondiente al 2023, indica que la competencia débil tiende a traducirse en precios relativamente altos de los bienes para los consumidores y de los insumos para las empresas.
Por este motivo Guillén aseguró que el personal de la Comisión está presionado porque corresponde cumplir con obligaciones con OCDE, a la que Costa Rica pertenece desde mayo del 2021.
La OCDE señala que una autoridad de la competencia totalmente independiente y dotada de recursos es un pilar clave de un marco estable para la competencia.
“Sin embargo, en 2022, la autoridad nacional de la competencia (Coprocom) recibió menos de un tercio del presupuesto otorgado por ley. Esto obstaculiza gravemente la capacidad de la autoridad para cumplir con sus funciones, ya que sigue sin contar con suficiente personal y no puede comprar equipos”, indica el informe relativo a Costa Rica.
Añade que: “una autoridad nacional de la competencia bien equipada y en pleno funcionamiento sería particularmente beneficiosa en la coyuntura actual cuando las autoridades están tomando medidas audaces y valiosas para mejorar las regulaciones, abrir sectores clave de la economía y eliminar obstáculos a la competencia (por ejemplo, en el sector del arroz)”.
Consultado por La Nación, Manuel Tovar, jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), entidad representante del país ante la OCDE y responsable de la coordinación nacional de los órganos, entes y poderes públicos, confirmó la necesidad de un incremento presupuestario en la Coprocom.
“Costa Rica ha cumplido en gran parte los compromisos asumidos en la OCDE para fortalecer el marco regulatorio de competencia, se creó una nueva ley, se dotó de autonomía a la autoridad, es cierto que para que puedan operar efectivamente necesitan recursos, venimos de una situación fiscal complicada que ha hecho imposible darle todos los recursos que la autoridad quisiera tener”, señaló.
Tovar indicó que han venido intermediando con el Ministerio de Hacienda y con Coprocom para que acuerden una ruta para la asignación gradual de los recursos, según vaya mejorando la situación del país. “Obviamente sin dinero no pueden operar, nosotros lo tenemos claro y la OCDE va a insistir en esto”.
Guillén, confirmó que se han reunido en múltiples ocasiones pero sin concretar el incremento del presupuesto.
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Servicios afectados
Algunos de los servicios que según la Coprocom se ven obstaculizados por la falta de presupuesto y personal son la elaboración de estudios de mercado, necesarios para diagnosticar la situación del país en materia de competencia, así como las investigaciones de oficio, área donde solo laboran tres personas.
Lo mismo ocurre con los pronunciamientos sobre concentraciones, que por ley la Comisión debe emitir en los casos de fusiones y adquisiciones de empresas. La funcionaria explicó que los plazos de respuesta son muy cortos y para descartar que la operación tendrá efectos monopólicos deben hacerse análisis del respectivo mercado.
La jerarca de Coprocom aseguró que, en promedio, atienden 30 solicitudes de concentraciones al año.
Guillén indicó que el riesgo fundamental de esta situación es el perjuicio que está sufriendo el mercado y, principalmente, los consumidores.
Dijo que el número de denuncias es bajo, puesto que hay muchos sectores que desconocen el tema de competencia, pueden estar perjudicados y como no lo saben no lo denuncian.
Sobre las investigaciones, dijo que se ven limitadas. “Podríamos estar investigando muchos mercados como medicamentos, sector financiero, etcétera, y no lo podemos hacer porque no tenemos recursos”.
A Coprocom le corresponde analizar la competencia en todos los mercados del país, a excepción de las telecomunicaciones que tiene su instancia correspondiente.
