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Como suele ocurrir en la crisis, la toma de decisiones debe considerar una multiplicidad de objetivos y, de manera fundamental, una muy cercana coordinación entre los diferentes policy makers y las instituciones que dirigen. Hospital exclusivo para pacientes positivos de coronavirus en el Cenare. (Archivo)
Con el paso del tiempo, la magnitud del shock generado por la covid-19 empieza a ser más que evidente en muchos ámbitos, más allá del sanitario: la destrucción de empleo y de medios de vida de los habitantes, la caída libre de las actividades que proveen servicios en áreas urbanas, la estabilidad y solvencia del sistema financiero y la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales y de otras instituciones públicas, solo son algunos ejemplos.
También es evidente que, como sucede generalmente con las políticas públicas y, especialmente, con el manejo de situaciones de crisis; la toma de decisiones debe considerar una multiplicidad de objetivos y, de manera fundamental, una muy cercana coordinación entre los diferentes policy makers y las instituciones que dirigen.
Esto no significa caer en la maniquea dicotomía entre vidas y medios de vida – como algunos grupos de interés argumentan para llevar agua a sus molinos políticos – sino entender, que las políticas públicas requieren la toma de decisiones que equilibren diferentes instrumentos y objetivos, pero teniendo como norte el bienestar colectivo.
Una estrategia efectiva – en lo sanitario, económico, social y político – requiere “aplanar” varias curvas al mismo tiempo, no solo la epidemiológica.
En lo sanitario, el aplanar la curva significa, como sabemos, distanciamiento social y confinamiento, junto con aumentar la capacidad de atención del sistema hospitalario.
En lo económico y productivo “aplanar la curva” significa primero, proteger el tejido empresarial afectado por el shock pandémico para que pueda con rapidez retomar el proceso productivo una vez superado el periodo de confinamiento inicial y, quizás mucho más importante, modificar instituciones, marcos regulatorios y dotaciones de recursos financieros y tecnológicos para adaptarlo a una “nueva normalidad” que podría ser una caracterizada por periodos de operación seguidos de periodos de inactividad. Clave es, en este escenario, que los tomadores de decisiones sanitarias compartan con rapidez y claridad cuáles serán los indicadores y los umbrales que conducirán a los cambios de estado en torno al distanciamiento social y que permitan que las empresas ajusten sus estrategias y procesos productivos.
En lo social, esta nueva normalidad requerirá en el corto plazo, el soporte gubernamental a los ingresos de los hogares cuyos medios de vida se han visto afectados por el shock y la necesidad de moverse, con rapidez y un buen diseño de incentivos, a un esquema de protección social que depende menos de los ingresos laborales para financiarse y que contemple la existencia de un ingreso mínimo garantizado, en especial, si la nueva normalidad es una de intermitencia productiva.
Para las finanzas gubernamentales, “aplanar la curva” significa asegurarse que la deuda sea sostenible en el tiempo y que el aumento en el déficit generado por la crisis podrá revertirse mediante la reducción en los niveles de gasto y el aumento en la carga tributaria. Pero, también implica pensar con rapidez en la estructura gubernamental y en la forma en que se ésta se financiará en el marco de la nueva normalidad productiva que puede surgir de esta crisis. No hacerlo significará una recuperación más lenta o arriesgarse a sufrir una crisis más profunda y prolongada.
En el mundo de lo político, habita quizás la única de las curvas cuya expansión exponencial debería propiciarse, se trata de la curva de liderazgo y de gobernanza. El Ejecutivo, las fuerzas políticas y, especialmente, los grupos de interés deben establecer mecanismos efectivos de comunicación y de logro de acuerdos que establezcan objetivos país que guíen la adopción de las políticas públicas durante la emergencia y la recuperación.
Los habitantes debemos ser vigilantes y sancionar, en el marco democrático, a los partidos políticos y a los grupos de interés que no entienden el signo de los tiempos y pretenden seguir ejerciendo el poder de veto para perpetuar y ampliar las rentas que disfrutan por la captura de las políticas públicas. Sobra decir, que tampoco deben tolerarse las ocurrencias, aunque sean bienintencionadas.