El proyecto “Ley del impuesto sobre la renta” (expediente 23.760) que presentó el Poder Ejecutivo, propone un cambio en la forma en que los contribuyentes deben considerar el gasto por intereses cuando se cancelan operaciones de crédito que están vinculadas con la actividad económica que desarrollan.
Para comprender mejor este caso, se podría analizar un supuesto donde una empresa solicita un crédito para aumentar su capacidad instalada, por ejemplo, la compra de un nuevo equipo de cómputo o una activo que se necesite para la producción.
En este caso, la norma actual señala que si dicho crédito se formalizó con una institución del sector financiero regulado por alguna de las superintendencias del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), esa empresa podrá utilizar como gasto deducible, al final del período fiscal, la totalidad de los intereses que ha cancelado con las cuotas del crédito.
Ahora bien, si esa misma empresa hubiese solicitado un crédito a una empresa que forma parte del mismo grupo económico, o bien, un crédito a alguno de sus socios, entonces la ley vigente pone un límite al total de intereses que se puede calificar como gastos deducibles, a fin de ajustar la utilidad al final del período fiscal.
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En este caso, en términos generales, ese límite será equivalente al 20% de la utilidad de la empresa antes de pagar intereses, impuesto, depreciación y amortizaciones, lo que se conoce como Ebitda, por sus siglas en inglés.
En la reforma fiscal que recién se presentó en la Asamblea Legislativa, se introducen algunos cambios en este aspecto. Sin duda alguna, el de mayor relevancia es el que propone eliminar la exclusión expresa que actualmente existe para los créditos que se realicen en el mercado financiero regulado.
La iniciativa de ley propone que cualquier crédito que el contribuyente solicite para el desarrollo de su actividad lucrativa esté sujeto al límite de la deducibilidad de los intereses sin importar quien sea su acreedor.
Este aspecto puede significar un golpe importante, sobre todo para aquellas empresas que recién inician sus actividades, o las que están en procesos de crecimiento importante.
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También existen sectores económicos que se podrían ver impactados por este tema, como turismo o construcción, pues muchas veces es indispensable solicitar créditos por las grandes inversiones necesarias para llevar a cabo la actividad.
Sin duda alguna este será uno de los temas relevantes que se deberá analizar en la discusión del proyecto planteado por el Gobierno en la Asamblea Legislativa.
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Fabio Salas, Socio de Impuestos y Legal de Deloitte. (Cortesía Deloitte)