Una ley recientemente aprobada abre la posibilidad de incluir en el régimen especial de zona franca nuevos proyectos turísticos y de conservación bajo la figura de “parque sostenible de aventura”.
Será un sector completamente nuevo para el régimen, cuyas inversiones deberán ser reglamentadas luego de que el ahora expresidente de la República, Carlos Alvarado, sancionara el pasado 4 de mayo la ley 22.607 (“Fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana [GAM]”).
De acuerdo con la iniciativa, que pretende impulsar el empleo calificado en las zonas fueras de la GAM, un parque de aventura sostenible será aquel establecimiento dedicado al desarrollo sostenible de actividades recreativas y de entretenimiento al aire libre, o de actividades de carácter comercial de conservación o investigación científica.
Al régimen se podrán sumar aquellas nuevas inversiones con un monto inicial en activos fijos de al menos $5 millones y, además, deberán contar con al menos 50 empleos permanentes durante su funcionamiento. El complejo podría tener otro tipo de infraestructuras, como instalaciones de hospedaje, por ejemplo, pero la operación hotelera en sí no estaría sujeta al régimen de zona franca.
“Este nuevo sector tiene que relacionarse mucho con el potencial de Costa Rica. Si revisamos estadísticas del 2019, el 80% de los turistas que visitaron el país lo hicieron (para) vacacionar; ello, ligado a nuestra trayectoria de sostenibilidad”, comentó Margarita Umaña, gerenta de Planificación y Estrategia de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), equipo que lideró la asesoría técnica de la ley.
Un ejemplo de proyecto de este tipo fue el INBioparque, que se ubicó en Santo Domingo de Heredia hace algunos años. Este complejo contaba con área de investigación y conservación, a la vez que recibía turistas de todas las edades para el conocimiento de la flora y fauna del país.
Además de los parques sostenibles de aventura, la ley permitirá la inclusión de dos grandes sectores al régimen especial: los centros de servicios de salud humana y las empresas desarrolladoras de insumos destinados a otras empresas beneficiarias del régimen de zona franca.
Para Carlos Wong, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras), la ley ataca un frente que se venía solicitando desde hace algunos años, como es la ampliación de sectores bajo el régimen de zona franca, lo que permitirá la diversificación de inversiones.
“La ley también permite fortalecer las capacidades de los gobiernos y las zonas francas fuera de la GAM para atraer nuevos proyectos”, agregó Wong.
Eso sí, tanto las empresas de los tres nuevos ámbitos que se podrán incorporar al régimen como los otros tipos que ya se permiten, deberán ser inversiones completamente nuevas.
En ese sentido, no podrán ingresar –aun cuando pretendan instalarse fuera de la GAM– los proyectos correspondientes a inversiones que ya se han realizado fuera de zona franca; tampoco los que únicamente se trasladen de ubicación, ni las inversiones que resulten de operaciones de reestructuración societaria, entre otras.
Incentivos de nueva generación
La ley también brinda incentivos de nueva generación, relacionados con la disminución de costos de operación y el desarrollo del talento humano y no únicamente con beneficios fiscales.
Un ejemplo de ello es la oportunidad de que las empresas administradoras de parques de zonas francas localizados fuera de la GAM puedan generar energía eléctrica renovable para autoconsumo, con el fin de atender parcial o totalmente su propio consumo eléctrico, así como de las áreas comunes que les pertenezcan. Esto bajaría costos de operación, uno de los principales retos de competitividad para el país.
Asimismo, Margarita Umaña, de Cinde, explicó que otra de las ventajas que ofrece la ley es la reducción de un 6,91% en cargas sociales, que se aplica únicamente a empresas completamente nuevas.
“No se está tocando en ningún momento las contribuciones esenciales, como el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”, recalcó.
Aunque para Carlos Wong la nueva legislación es un paso en la línea correcta para fortalecer la inversión en el país, aún quedan tareas pendientes, como el desarrollo de una estrategia país que promueva segmentos de inversión acordes con las ventajas que la ley brinda a estas zonas.
“Cada región fuera de la GAM tiene una competitividad distinta; entonces, habrá áreas más efectivas para servicios o áreas más efectivas para agroindustria”, ejemplificó Wong.
Umaña, por su parte, aclaró que la nueva ley no hace distinciones en cuanto a los incentivos entre los cantones fuera de la GAM.
“Sobre cuáles se perfilan como los cantones que podrían tener más oportunidades o podrían ser los más beneficiados, cualquier respuesta va a ser aventurada, porque (la normativa) está diseñada técnicamente para abrir oportunidades a lo largo y ancho del país”, comentó.
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La diferencia podría radicar, así, en el trabajo posterior que se realice en áreas como la simplificación de trámites e infraestructura, así como la labor de actores como las municipalidades y el Poder Ejecutivo.
Cancha desnivelada
Sobre ese mismo asunto, el economista del Consejo de Promoción de la Competitividad, Andrés Fernández, dijo que se debe partir de que la ley y su reglamento se ejecutarán en una cancha ya desnivelada en cuanto a la competitividad entre cantones fuera de la GAM.
“Aunque los incentivos son los correctos y de alto impacto, el proyecto no toma en cuenta la diversidad de actividades económicas que se desarrollan fuera de la GAM (...); por si sola, no va a producir los resultados esperados si no se acompaña con mejoras de competitividad en cada uno de los territorios”, comentó Fernández.
De acuerdo con el Índice de Competitividad Nacional (ICN), cantones fuera del Área Metropolitana, como Pérez Zeledón, San Carlos y Esparza, se ubican como municipios “competentes”, con notas por encima de 58,8, pero por debajo de 66.
En contraste, otros cantones, como Matina, Talamanca y Los Chiles, tienen un desempeño “deficiente” en competitividad, con notas inferiores a 40. Según el Índice, la mayoría de territorios con desempeño limitado o deficiente forman parte de los cantones costeros y fronterizos.
“La diferencia con respecto a competitividad entre los cantones que están fuera de la GAM haría presumir que serán los mejor ubicados en el Índice los que tendrían mayores probabilidades de atraer este tipo de inversiones, en contraste con Matina, Talamanca, Los Chiles, Guatuso y Upala, más rezagados en la materia”, señaló Fernández en un artículo escrito para La Nación.
Dentro de los cantones fuera de la GAM que toma en cuenta la nueva ley, no se incluyen los de occidente, porque desde el 2018 dichos municipios cuentan con incentivos para la mejora de atracción de inversiones.
Asimismo, la justificación legislativa para excluir a estos cantones de la ley destacaba las condiciones que suman a favor de la inversión en esos territorios, como la accesibilidad y cercanía a puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el desarrollo actual de parques de zona franca con condiciones favorables para la exportación así como la experiencia en manufactura inteligente y agroindustrial.
Tanto Fernández como Wong coincidieron en que, de la mano de la aplicación de la ley 22.607, el país urge de modernización de la infraestructura portuaria y vial, aspectos que actualmente quitan competitividad al país frente a sus competidores.
