El plan para equilibrar las finanzas de las 18 empresas que conforman el Grupo TicoFrut establece un periodo de 18 años para cancelar la totalidad de sus deudas por $165,9 millones.
El sustento técnico de la reestructuración de sus obligaciones propone un periodo de gracia de dos años, en 2021 y 2022, e iniciar la cancelación paulatina a 10 bancos y dos acreedores no financieros a partir del 2023.
Así lo detalla el cronograma de pagos, cuya copia está en poder de La Nación. El cumplimiento de las deudas se extendería hasta el año 2040, según el arreglo planteado.
TicoFrut presentó un Convenio Preventivo, ante el Juzgado Concursal de San José, el pasado 11 de marzo, el cual todavía se encuentra en trámite de revisión.
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Entre los argumentos de la petición, el grupo señaló el riesgo de que más de 3.000 trabajadores pierdan su empleo, debido a los problemas financieros de la empresa.
En febrero anterior, dicho juzgado aceptó una medida cautelar que permite a la compañía suspender el pago de sus deudas, principalmente con las entidades financieras, que ascendía a $2 millones mensuales.
“El 15 de febrero el juez (concursal) nos dio una protección provisional impidiendo a los bancos iniciar cualquier proceso de remate o ejecución de bienes productivos de la empresa”, explicó Sergio Artavia, representante de la firma en el proceso judicial.
Precisamente, los bancos son los principales acreedores de la compañía, a las cuales se les adeuda $112,9 millones, según detalla el documento presentado por TicoFrut ante el Juzgado Concursal.
La firma agrícola posee, además, una deuda de $53 millones con acreedores no bancarios.
A Christian Jobmann, por ejemplo, le debe $37,7 millones. Él ha aportado las propiedades donde se concentra el mayor cultivo de la fruta.
Mientras, a la compañía Givaudan le adeuda $15,2 millones. Se trata de un cliente europeo que ha dado líneas de crédito a TicoFrut, como adelantos de pago, por la compra de aceites y aromas de naranja.
El grupo también arrastra deudas con proveedores de insumos para la producción, cuyo monto asciende a $200.000, indicó Artavia.
Sin embargo, el abogado destacó que solicitarán al Juzgado permiso para mantener dichos compromisos al día pues, según alegó, son claves para mantener la empresa en marcha.
La empresa enfrenta, desde hace varios años, una fuerte caída en la demanda del concentrado de naranja a escala mundial y aumentos de costos de producción por el impacto de plagas y la pandemia.
Entre el 2011 y el 2019, el consumo mundial de jugo de naranja bajó 50%, al tiempo que, en Costa Rica, las tareas de control de la plaga del Dragón Amarillo, en especial, y de otros males, obligaron a destinar al menos $7 millones anuales, explicó Roberto Aragón, director ejecutivo de TicoFrut.
Además, el precio del jugo concentrado de naranja se desplomó. Hace unos dos años, la libra de sólidos (medida usada a escala internacional) se vendía a alrededor de $2, luego cayó a inicios de este año a niveles de $0,90 y actualmente está en $1.
Los empresarios Carlos Pellas, de Nicaragua, y Stanley Motta, de Panamá, ingresaron a TicoFrut como accionistas, en el 2014, y efectuaron una inyección de capital fresco de $70 millones.
El otro accionista de la firma es Carlos Odio, dueño original de la compañía agroindustrial.
Detalle de pagos
El objetivo de la empresa es reestructurar las deudas, principalmente las bancarias, para ampliar el periodo del pago dado que algunas de las operaciones son de mediano y corto plazo.
Artavia enfatizó que, si el Juzgado Concursal valida la propuesta, la empresa tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones.
“Necesitamos alargar el plazo (de los créditos), porque los préstamos que existen no permiten atender la deuda”, subrayó el jurista.
Con las entidades financieras, el objetivo es efectuar el pago solo del monto principal de los préstamos.
En cuanto los intereses de dichas operaciones, TicoFrut pidió una modificación de las condiciones y una tasa de interés más baja, pues hay préstamos con intereses de entre 6% y el 10%, detalló Artavia.
El objetivo de la empresa es realizar amortizaciones anuales de menos de $9 millones, durante 17 años, y, en 2040, efectuar una fuerte pago de $71,5 millones.
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El Banco de Costa Rica (BCR) es la institución que más recursos prestó a la compañía, con un saldo de $34,3 millones, al momento en que se pidió la apertura del convenio preventivo.
La entidad financiera estatal declinó referirse al caso de los recursos prestados a la firma, cuya operación principal se desarrolla en la zona norte del país.
“En relación con las operaciones que nuestros clientes pudieran o no mantener con el conglomerado financiero, existe una prohibición constitucional y legal para brindar información a terceras personas sin que medie orden judicial o autorización del interesado”, argumentó por escrito el BCR.
Artavia confirmó que, el año pasado, TicoFrut se acogió a los beneficios crediticios dados por la entidad pública como parte del paquete de medidas ofrecidas por el BCR a raíz de la pandemia sanitaria.
En el cronograma de pagos, a Jobmann se le ofrece la cancelación de $1,5 millones anuales, entre el 2023 y 2039, por concepto de intereses. Y, los $37,7 millones, de monto principal se pagarían en el 2040.
Con respecto al cliente Givaudan, el convenio preventivo estipula la cancelación del principal e intereses a lo largo de los 18 años propuestos.
Una de las opciones, presentada en el plan, es ordenar las finanzas de la TicoFrut para posteriormente venderla y, con el dinero obtenido, terminar de pagar a los acreedores.
“La empresa es interesante para compradores estratégicos puesto que actualmente es uno de solo tres proveedores de jugo de naranja concentrado Coca Cola USA”, se expone en el documento.
TicoFrut contaba, a noviembre anterior, con activos valorados en $290 millones y pasivos totales por $211 millones.