
La subvención del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a las pensiones mínimas se incrementó un 43% durante los últimos cinco años.
En el 2010, el sistema financió con ¢37.723 millones a los jubilados a quienes su cotización, durante su vida laboral, no alcanzó para garantizarles la retribución mínima mensual.
El monto de subsidio se elevó hasta los ¢53.916 millones el año pasado, según datos de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dicho monto significó un 8% de los ¢680.724 millones que la Caja canceló en el 2015 en jubilaciones, según los estados financieros del IVM.
Actualmente, la pensión mínima está en ¢130.000 al mes.
El acelerado incremento del gasto del IVM en subvenciones se dio por el acelerado crecimiento de nuevos jubilados.
En el 2010 había un total de 64.780 beneficiarios que recibieron un auxilio económico. Mientras, para el año pasado eran 80.500, es decir, 15.720 jubilados más con esa ayuda.
Del total de pensionados, el 45% se retiró por vejez, el 36% por invalidez y el 19% por muerte, detalló Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.

En el 2010 había un total de 64.780 beneficiarios que recibieron un auxilio económico. Mientras, para el año pasado eran 80.500, es decir, 15.720 jubilados más con esa ayuda.
Del total de pensionados, el 45% se retiró por vejez, el 36% por invalidez y el 19% por muerte, detalló Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.
Esquema solidario. Barrantes dijo que el costo promedio del financiamiento de pensiones mínimas ha rondado los ¢50.000 millones en los últimos años.
“El sistema tiene un fundamento solidario muy profundo que tiene su impacto financiero. Por ejemplo, si alguien obtiene una pensión por invalidez a los 30 años y muere a los 70, puede recibir una pensión durante 40 años, pese a que cotizó por poco tiempo”, explicó Barrantes.

De ser aprobada la iniciativa, la Caja tomaría menos recursos de los aportes obrero-patronales y de las inversiones de las reservas, para poder financiar las jubilaciones de quienes quedan debajo del mínimo de ¢130.000.