La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtió, en el primer trimestre de este año, a las fintech que prestan servicios de pago por medio de Sinpe, de que no están autorizadas para realizar intermediación financiera, ni captación de dinero de clientes. Además, les indicó que serían denunciadas en el Ministerio Público en caso de hacer estas funciones sin autorización.
Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, confirmó a La Nación que se efectuó esta advertencia a las empresas, pero no detalló si la medida se tomó al detectarse alguna captación irregular o por una denuncia, pues adujo prohibición legal para brindar los detalles de la acción realizada.
“Los proveedores de servicios de pago ni ninguna otra fintech (unión de financial y technology, en inglés) de similar naturaleza, están legalmente autorizados para realizar intermediación financiera ni captación de dinero. La Sugef realizó una prevención a cada una de las empresas autorizadas para operar en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) y les señaló que esa autorización no les habilita para realizar actividades de captación de recursos del público, de intermediación financiera ni cambiaria”, detalló la funcionaria por escrito.
“Los proveedores de servicios de pago ni ninguna otra fintech de similar naturaleza, están legalmente autorizados para realizar intermediación financiera ni captación de dinero”.
— Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef
Aguilar añadió que, la Ley Orgánica del Banco Central, ordena a la Superintendencia velar porque en el país no operen empresa sin autorización para efectuar actividades de intermediación financiera y de captación de recursos de terceros.
Las fintech, al igual que los casinos y las casas de empeño, forman parte de un grupo denominado como nuevos sujetos obligados a registrarse ante la Sugef, como parte de las medidas de prevención contra el lavado de activos dictadas en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
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En Costa Rica, la captación de recursos de personas y empresas solo puede hacerse con autorización de la Superintendencia, pues las entidades deben cumplir con una serie de requisitos normativos y de respaldo a los clientes, como el encaje mínimo legal, el seguro de depósitos o reservas de liquidez.
La legislación permite que solo la banca, pública y privada, pueda recibir dinero de clientes mediante cuentas corrientes y de ahorro. Mientras que los certificados de depósito a plazo los pueden ofrecer los bancos, cooperativas, financieras y mutuales, es decir, las entidades fiscalizadas por Sugef.
Uso del Sinpe
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), afirmó que los proveedores de servicios de pago del Sinpe efectúan captación de recursos sin cumplir las normas prudenciales. “Estas empresas brindan el servicio de monedero electrónico, reciben y efectúan pagos y mantienen saldos depositados”, ejemplificó Cortés.
El Sinpe es una plataforma tecnológica desarrollada y administrada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Este sistema permite realizar la movilización electrónica de fondos entre cuentas clientes, cuentas corrientes y cuentas de ahorros.
“Al BCCR le corresponde una labor de vigilancia, lo que significa que debe velar porque los participantes de esta plataforma (Sinpe) operen de conformidad con las reglas de operación (...) La supervisión de los proveedores de servicios de pago no es una competencia del BCCR”.
— Banco Central
Actualmente, hay registrados 11 proveedores de servicios de pagos, en su mayoría fintech. Las normas del Banco Central establecen que tienen permitido efectuar transferencias de fondos, remesas, pagos y cobros a comercios o cualquier otra actividad sobre movilización de fondos.
El ente emisor recalcó, por escrito, que ejercen una función de vigilancia sobre estas empresas y, en caso de detectar incumplimientos, puede aplicar sanciones solo relacionadas con el uso de la plataforma.
“Al BCCR le corresponde una labor de vigilancia, lo que significa que debe velar por que los participantes de esta plataforma operen de conformidad con las reglas de operación definidas para cada uno de los servicios del Sinpe. La supervisión de los proveedores de servicios de pago no es una competencia del BCCR”, sostuvo la entidad.
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La autoridad monetaria subrayó que Sugef es la encargada de la fiscalización de dichas empresas. Ademas de que, previo a brindarle autorización para operar en Sinpe, la Superintendencia de informar al Banco si las compañías cumplen con plataformas robustas para o operar.
“Esta Superintendencia deberá comunicar al BCCR que dichos sujetos obligados cuentan con adecuados marcos de gobierno corporativo para gestionar los riesgos asociados a la prevención de la legitimación de capitales, explicó la entidad.
Críticas a actuación
Pese a que la jerarca de la Sugef no detalló el origen de la prevención a las fintech autorizadas a operar en Sinpe, la ABC reconoció que, sobre la actividad de estas empresas, han presentado quejas a la Sugef y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
“La ABC realizó varias gestiones ante las autoridades regulatorias para manifestar la preocupación generada por la captación del ahorro del público por parte de empresas que no cumplen con las normas (...) brindan el servicio de monedero electrónico, reciben y efectúan pagos y mantienen saldos depositados”, aseguró María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la organización.
Consultado sobre la actuación de Sugef, Roberto Ponce, presidente de la Asociación Fintech de Centroamérica y el Caribe, calificó de “interpretaciones sesgadas” los argumentos de la Superintendencia, pues ahuyentan la inversión extranjera, impiden la innovación y desincentivan la creación de nuevas compañías.
“Opinamos que la Sugef tiene una agenda en contra de las ‘fintech’ (...) La industria está amenazada porque impone una restricción a los servicios que prestan las ‘fintechs’ en Costa Rica y particularmente el acceso al Sinpe”.
— Roberto Ponce, presidente Asociación Fintech de Centroamérica y el Caribe
“No se justifica el ataque (...) Opinamos que la Sugef tiene una agenda en contra de las fintech ya que está exigiendo cosas que ni siquiera exige a los bancos. La industria está amenazada porque impone una restricción a los servicios que prestan las fintechs en Costa Rica y particularmente el acceso al Sinpe”, subrayó Ponce.
Aguilar dijo que respeta la opinión del vocero de este sector, pero que no la comparte. “La inscripción no es autorización para operar, la Sugef no supervisa los negocios que realizan esos sujetos, ni vela por la seguridad, estabilidad ni solvencia de esos negocios, ni se supervisan las operaciones ni transacciones que realizan con sus clientes, de modo que las personas que contraten sus productos y servicios lo hacen bajo su cuenta y riesgo”, explicó la jerarca.
Modernizar legislación
Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Sugef), reconoció que es necesario ajustar o emitir legislación con el fin de establecer un marco de regulación y supervisión más adecuado a las actividades realizadas por las fintech.
Además, reconoció que actualmente trabajan en promover un marco normativo de las actividades efectuadas por estas empresas. “Existe un grupo de trabajo conformado por funcionarios del Conassif, las Superintendencias y el Banco Central que se encuentran estudiando el desarrollo y evolución de la industria en el país y en el mundo; sus actividades, volumen de operaciones, riesgos, virtudes, tecnología utilizada y abordajes institucionales (...) todo lo anterior con el objetivo de proponer en un futuro un marco normativo en la materia”, reconoció el jerarca.
Dent reconoció que las fintech pueden contribuir a reducir costos, simplificar procesos y dar acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas e individuos tradicionalmente excluidos del sistema financiero.
Roberto Ponce, presidente de la Asociación Fintech de Centroamérica, comentó que la Unión Europea resolvió, en el 2012, la disputa al establecer el concepto de open banking (banca abierta) y obligó a los bancos a dar acceso a las fintech a los sistemas regionales de transferencia de recursos, lo cual favoreció a la industria y a los usuarios, afirmó.
