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El banco Scotiabank informó, este viernes 28 de agosto, del despido de 98 empleados y el cierre de cinco sucursales en el territorio costarricense.
La entidad bancaria no brindó los detalles concretos de la decisión, pero confirmó a La Nación que ocurrió como resultado de un proceso de análisis de la realidad económica del país.
“Analizamos detenidamente el contexto económico nacional con el objetivo de mantenernos productivos y competitivos para continuar ofreciendo productos y servicios de calidad a nuestros clientes físicos y jurídicos”, informó la entidad por escrito.
La entidad de capital canadiense contaba, a julio pasado, con una planilla de 1.733 trabajadores, según el registro de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“Para las personas que finalmente se verán afectadas, estamos desplegando diferentes esfuerzos para apoyarles en esta transición, fieles a nuestros principios y al compromiso de tratar a nuestra gente de manera justa, equitativa y respetuosa”, destacó la entidad.
Las sucursales que se cierran son la de Curridabat, en Pinares; en Forum, en Santa Ana; en Alajuela; en San Francisco de Dos Ríos, San José y en Plaza Carolina, en Montes de Oca.
Estas agencias están, desde hace varias semanas, temporalmente cerradas a raíz de la pandemia sanitaria. El Banco informó que a los clientes de estas zonas les comunicarán el cierre definitivo.
“Velamos por el fortalecimiento del negocio; buscando optimizaciones, eficiencias digitales y su sostenibilidad para ofrecer a nuestros clientes una propuesta de valor con muchos más beneficios”, afirmó Scotiabank.
Además, la entidad informó de que continuarán con un monitoreo de la situación del mercado de cara a la atención de sus clientes.
Scotiabank reportó, hasta julio pasado, un activo total de ¢2,19 billones, con lo cual se ubicó como el quinto banco en relevancia en el país. Además, es la segunda entidad bancaria privada, detrás del BAC Credomatic.
Resultados recientes
A julio pasado, la entidad tuvo una utilidad neta de ¢1.499 millones, lo cual significó una caída del 80%, comparado con los ¢7.672 millones de ganancia al mismo periodo del 2019, según Sugef.
Scotiabank enfatizó que, el año pasado, vendieron el edificio central, ubicado en La Sabana, con lo cual tuvieron una ganancia extraordinaria.
“Sacando ese efecto, el primer semestre de 2020 muestra un incremento de utilidades comparado con 2019”, informó la entidad, sin detallar de cuánto sería.
El pasado 9 de julio, la entidad anunció el cierre de las tarjetas de crédito a 20.000 clientes para cumplir con los nuevos topes a tasas de interés, impuestos en la reforma a ley donde se fijan los intereses de usura.
La entidad de capital canadiense informó, en ese momento, de que los plásticos serán eliminados en un plazo de seis meses, para lo cual se comunicará directamente con los usuarios.
Asimismo, detalló que efectuarán cambios en sus programas de lealtad de sus tarjetas de crédito; pero no detalló cuáles serán las variaciones.
Scotiabank ha enfrentado, durante los últimos años, una reducciones en sus ganancias. Entre las razones de la situación están el ajuste a su negocio de tarjetas de crédito, luego de la compra de dicha división a Citibank, en el 2016.
En febrero del 2019, Diego Masola, vicepresidente senior de Scotiabank para Centroamérica, confirmó que el proceso de integración de este negocio generó cientos de millones de dólares de gastos e inversión tecnológica. Pero reafirmó el compromiso del Banco con su operación en suelo costarricense.
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La entidad funciona en el mercado costarricense, desde 1995, cuando ingresó en los sectores de banca de personas, comercial y corporativa, como Grupo BNS.
Scotiabank ingresó formalmente a Costa Rica en setiembre del 2006, cuando adquirió los negocios de Corporación Interfin por $293,5 millones.
No es el único banco privado que ha aplicado cierres de sucursales y despidos en estos meses de restricciones por el nuevo coronavirus.
En julio anterior, BAC Credomatic anunció la salida de 373 colaboradores y la clausura de 11 sucursales. En este caso, la entidad argumentó su decisión como consecuencia de la nueva ley denominada de “intereses de usura”.
