El Banco Popular acumula cinco años intentando modernizar su plataforma informática de gestión de créditos la cual utiliza, desde 1987, un código de programación catalogado como obsoleto por la misma entidad financiera.
La institución bancaria confirmó a La Nación que, desde el 2018, efectúan procesos infructuosos de contratación para cambiar el Sistema Integral de Préstamos (SIPO), con el cual administran todas sus operaciones de crédito y el historial de cada uno de sus clientes, desde los pagos, intereses, arreglos de pago, hasta el monto adeudado.
El más reciente trámite se inició el pasado 28 de abril, después de que la Contraloría General de la República (CGR) rechazara, a comienzo del 2023, la solicitud de efectuar una contratación directa de un empresa, por $6 millones, sin mediar ningún tipo de concurso.
Además aceptó, a solicitud del Popular, que una parte del expediente de contratación sea confidencial mientras se realiza el concurso porque contiene información sensible de la seguridad de la entidad, manejo de riesgos, prevención y estrategias de negocio a implementar para la sustitución del sistema de préstamos actual.
“El acceso restringido se mantendrá hasta que la herramienta se encuentre debidamente implementada, momento a partir del cual todas estas consideraciones adquieren condición de públicas”, advirtió la CGR a la entidad.
El pasado 30 de mayo, Marvin Rodríguez, quien ocupó la gerencia general del banco hasta el pasado 3 de junio, explicó a La Nación que la petición de confidencialidad se solicitó por motivos de ciberseguridad, pues se sustituirá el sistema que administra la cartera de crédito.
El Banco Popular tiene varios años de enfrentar problemas para modernizar sus sistemas informáticos. En el 2017, la Contraloría reveló, en una fiscalización, que la entidad había invertido $42 millones, entre el 2008 y 2015, en una plataforma para gestionar los trámites electrónicos de clientes que fallaba y ponía en riesgo las transacciones de los usuarios.
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¿Por qué es relevante?
El SIPO es un desarrollo tecnológico, propiedad del Banco, que usa el lenguaje de programación conocido como Cobol, creado en 1959, que tiene la limitante de no contar con desarrolladores especializados en Costa Rica, según le reconoció la institución a la Contraloría, en noviembre del 2022.
El sistema es importante porque, hasta abril pasado, el Popular registró un saldo de ¢2.769.026 millones prestado a sus clientes, es decir, el 11,6% del total del financiamiento del sistema financiero costarricense, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Adicionalmente, el costo de mantenimiento anual de este core crediticio es elevado. El año pasado, la entidad bancaria destinó ¢600 millones para el mantenimiento del SIPO, adicional a $2,3 millones por la plataforma tecnológica de IBM que alberga el sistema.
En contraste, el nuevo sistema que el Popular pretende contratar tiene un costo de $6.057.021 que incluye la adquisición de licencias, implementación y cuatro años de soporte por parte del proveedor, dijo a este diario Marvin Rodríguez, el pasado 30 de mayo, antes de ser sustituido por Daniel Mora, actual gerente general corporativo interino.
Rodríguez resaltó que, pese a la antigüedad del sistema actual, la plataforma es segura; pero no responde a las necesidades actuales de procesos ágiles y tecnológicos.
“El SIPO ha cumplido a cabalidad, al 100%, y se ha adaptado a los cambios normativos. Pero necesitamos, para el futuro, un sistema mucho más rápido a la hora de diseño de productos (financieros) para nuestros clientes”, explicó Rodríguez.
Por su parte, Guillermo Zeledón, director del Departamento de Inspección de Bancos Públicos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), explicó que el core crediticio es un sistema relevante porque da sustento a todo el negocio de prestar dinero en una institución, desde la colocación del crédito, análisis, seguimiento, pagos, y los procesos de cobro judicial.
Zeledón declinó referirse a la antigüedad del sistema crediticio del Banco Popular por impedimento legal.
“En el negocio de crédito es normal que las entidades financieras actualicen sus sistemas de información soporte del sistema de crédito, porque el mercado financiero crea nuevas necesidades de negocio e información crediticia”, dijo el funcionario.
Zeledón dijo que la Sugef ha identificado debilidades en los sistemas informáticos, pero las mismas entidades las corrigieron. “Los casos detectados han sido menores porque todas las entidades financieras continúan su operativa normal, remiten información mensual sin problemas y mantuvieron el negocio en marcha”, dijo.
Procesos infructuosos
La Contraloría denegó, el 30 de enero anterior, el permiso para contratar de manera directa y sin recibir ofertas de otras empresas, a la firma Arango Software International Costa Rica para la instalación de la plataforma conocida como Abanks, cuyo desarrollo tecnológico es de la compañía panameña Landonware, según el oficio DCA-0068, del cual tienen copia La Nación.
Por tal razón, fue que la entidad bancaria lanzó una nueva contratación directa, a finales de abril, pero esta vez se anunció el concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para recibir varias opciones de oferentes.
Sin embargo, el Popular cuenta con varios trámites de contratación infructuosos.
El primero se inició en el 2018, pero hasta dos años después fue que se lanzó la licitación pública en la cual se presentaron ofertas de las empresas Grupo SSTI, Infosys Limited y Tenemos México Sociedad Anónima.
Sin embargo, fue declarado infructuoso y se procedió a iniciar un nuevo procedimiento ordinario de compra, se reseña en el oficio de la CGR.
Para el 2021, se realizó otra licitación pública en la cual participaron las compañías Productive Business Solutions Costa Rica S. A. y Tememos México. Esta última fue a la cual se le adjudicó el contrato. Empero, la empresa mexicana al final declinó continuar con la implementación del core crediticio.
Por tal razón, fue que en el 2022 el Banco decidió hacer la contratación directa de la solución Abanks a Arango Software que posee los permisos de Landonware para desarrollar el proyecto. Pero no obtuvo la autorización de la CGR porque el Popular no acreditó en un estudio de mercado que no existen más empresas capaces de desarrollar la plataforma para sustituir el SIPO.
“Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del contratista que finalmente resulte adjudicatario. Para ello deberán mediar los estudios técnicos y legales que amparen la selección, todo lo cual deberá quedar constando en el expediente administrativo”, advirtió la Contraloría para lo cual dio un plazo máximo de 48 meses.
Sin embargo, el Banco Popular tiene previsto que la nueva plataforma crediticia se implemente en menos tiempo pues, una vez adjudicado el contrato, el proveedor tendrá 12 meses posteriores a partir de la orden de inicio.
