Los bancos cuentan una serie de herramientas para atender a los deudores más golpeados por los efectos económicos del coronavirus, las cuales se usarán en diferentes momentos de la actual crisis.
La primera línea de atención a sus clientes, activada por la mayoría de las entidades financieras, fue la prórroga en el pago de cuotas de los crédito para cientos de miles de clientes por un periodo de entre tres meses y hasta 12 meses.
Esta acción permite que el pago total o parcial del principal e intereses se postergue y se traslade al final del periodo del crédito. La medida se estableció de manera masiva, hubo más de 935.000 operaciones a las cuales se les aplicó un periodo de moratoria, principalmente en turismo y comercio.
Pasado este periodo, comenzará una nueva etapa de arreglos de pago que incluirán desde readecuaciones de los créditos hasta el refinanciamiento de la deuda de los clientes.
La diferencia, comparado con la primera etapa, es que este proceso será individual y dependerá de las condiciones económicas de cada deudor.
“Las readecuaciones se realizan sobre las condiciones actuales de las operaciones, y en términos generales pueden implicar modificar plazos, capitalizar intereses y pólizas, dar periodos de gracia (solo pago de intereses), o incluso pactar ajustes en las tasas de interés”, destacó el Banco Popular por escrito.
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En tanto, el refinanciamiento es el pago total o parcial de la operación financiado por propia entidad e implica la constitución de un nuevo crédito.
El objetivo de las entidades financieras es que la prórroga en los pagos brinde el espacio a la mayoría de clientes para superar la actual situación.
Mientras que la readecuación y el refinanciamiento quede para las personas y compañías más afectadas por la crisis del coronavirus.
Para facilitar estos acciones, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) flexibilizó, por un plazo de un año, seis normativas de supervisión bancaria.
Sin embargo, el principal hacia los clientes, fue el Reglamento para la Calificación de Deudores que le permitirá a las instituciones financieras mantener la misma capacidad de pago, previo a la crisis del covid-19, para así realizar los arreglos de pago aunque los ingresos del deudor hayan disminuido.
Caso a caso
Los parámetros para determinar qué acción aplicar a cada deudor se determinará con base en la información financiera de cada cliente. Por ejemplo, si los ingresos cayeron en su totalidad, como en turismo; o por el volumen de afectación en las ventas para el comercio, destacó Douglas Soto, gerente del Banco de Costa Rica (BCR).
“Sobre el monto de los intereses que se dejan de pagar, es una operación nueva para no cobrar interés sobre interés. Es un asunto totalmente voluntario para los clientes”, explicó Soto.
El banquero detalló que el periodo de gracia más extenso se estableció, en el caso del BCR, para la actividades turísticas y es de 12 meses.
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En tanto, Gustavo Vargas, gerente del Banco Nacional, recalcó que los arreglos de pago se efectuarán solo con los clientes al día en sus pagos y quienes demuestren la afectación económica del coronavirus, pues así lo estableció la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“La idea es primero usar la prórroga y, una vez finalizada, vamos caso por caso. Hay empresas que tienen de tres o cuatro créditos. Para inversión, para capital de trabajo, en colones o en dólares. Primero prorrogar y luego ver otro soporte, si esta misma medida no es suficiente y se requiere otro soporte”, recalcó Vargas.
El gerente detalló que, en cada caso, será necesario hacer “los números” para buscar la salida más adecuada para cada cliente y adaptada a la realidad económica.
“La flexibilidad de las dos partes (deudor y el banco) es muy importante. Primero se puede hacer una extensión de la operación, pensando en un escenario positivo. Si las cosas se ponen peor se vuelve a revisar”, recalcó el jerarca.
Vargas enfatizó que el objetivo es buscar las opciones que no impliquen mayores gastos para el deudor.
Arturo Giacomin, gerente de Banco Davivienda, explicó que las medidas de prórrogas y periodos de gracia no implican un costo a los clientes.
Pero si se requieren la generación de nuevos documentos legales, implicaría la generación de nuevos gastos de formalización.
“Únicamente las personas que requieran readecuaciones diferentes, podrían requerir alguna documentación adicional, que se define en cada caso con el cliente”, recalcó Giacomin.
En el caso de las empresas la evaluación será individual, pues depende de la realidad de cada compañía, dijo el banquero.
En tanto Adrián Álvarez, subgerente de Coopenae, destacó que la readucación de una operación se puede realizar con una adenda o asiento en el contrato de crédito.
“Si existe una afectación en los ingresos se valida cuál es la mejor opción: prórroga, readecuación, refinanciamiento o una combinación de las anteriores”, explicó Álvarez.
Hugo Villalta, Director de Mercadeo y Ventas de Coopeservidores, destacó que la solución a cada deudor dependerá del origen de sus ingresos, su actividad económica.
