Asamblea de Trabajadores del Popular reclama a Gobierno intención de ampliar control de Directiva
Presidencia cumple un mes sin ratificar a directivos elegidos. Presidente de trabajadores teme intención del Poder Ejecutivo de ampliar injerencia en Junta de entidad financiera
La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular cuestionó la intención del Gobierno Central de ampliar su dominio en la Junta Directiva de la entidad financiera al no brindar una respuesta sobre la ratificación de los directivos seleccionados desde el 4 de noviembre.
Lenín Hernández Navas, presidente de la Asamblea de Trabajadores, alertó de que el Poder Ejecutivo podría mantener el control absoluto del órgano de dirección por casi dos años, en caso de no obtener una respuesta el próximo 19 de diciembre.
“Nos preocupa la ampliación de la injerencia del Poder Ejecutivo en el gobierno corporativo del Banco Popular. Nos da temor que el Ejecutivo quiera tomar, de una u otra forma, las decisiones de la banca pública en el país”, advirtió Hernández.
Casa Presidencial acumula, en este mes de diciembre, 15 meses de haber seleccionado a los tres representantes estatales y a cuatro directivos temporales que debía escoger la Asamblea de Trabajadores. Precisamente, el día 19 vence la ampliación de siete meses dictada por el decreto ejecutivo Nº 44019-MP-MTSS de los directivos pro tempore (temporales) seleccionados por el Ejecutivo.
La Nación consultó por correo electrónico a la Casa Presidencial, este jueves 7 de diciembre a las 3:29 p.m., las razones por las cuáles aún no ha brindado una respuesta de si reafirma o no las personas seleccionadas a la Directiva del banco por parte de la Asamblea de Trabajadores. Sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta.
El Banco Popular es una de las cuatro instituciones catalogadas como sistémicas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Esto quiere decir que tiene el poder de impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, en un eventual escenario, sufrieran un deterioro en su funcionamiento o cayeran en insolvencia.
A octubre, el banco público registró un saldo de activos por ¢4.158.329 millones, es decir, el 10,5% del total del sistema financiero costarricense; tiene 4.036 empleados y cuenta con 99 oficinas en todo el país.
La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular cuestionó que el Gobierno no haya ratificado sus representantes en la Junta Directiva de la entidad pública. (Jose Cordero)
Petición presidencial
Hernández explicó que el 9 de noviembre se enviaron a la Casa Presidencial los nombres de las personas seleccionadas a la Directiva.
Los cuatro representantes propietarios son Francisco Cruz Marchena, Iliana González Cordero, Gilbert Díaz Vásquez y Martha Eugenia Camacho Murillo. Los suplentes son Víctor Mora Schlager, Wendy Vargas Méndez, Steven Oreamuno Herra y Ana Luisa Calvo Monney.
Para que tomen posesión en los cargos, el Poder Ejecutivo debe ratificar a las personas seleccionadas. Hernández comentó que, entre los elegidos, hay personas que abiertamente se han mostrado críticas a las decisiones de la Administración de Rodrigo Chaves.
El presidente de la República pidió, el 20 de noviembre, cuentas sobre si las personas nombradas cumplen con la normativa sobre idoneidad para formar parte de un órgano de dirección establecida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
“Previo a continuar con el proceso de ratificación por parte del Poder Ejecutivo, sírvase remitir a este despacho copia del acta de sesión plenaria, así como cualquier documentación relacionada con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la normativa Conassif 15-22 (reglas de idoneidad)”, dice el oficio PR-P-0084-2023, firmado por el mandatario, del cual tiene copia La Nación.
Adicionalmente, Chaves solicitó la documentación relacionada con las acciones judiciales que podrían afectar el proceso de elección.
El presidente de la Asamblea de Trabajadores explicó que, previo a la elección, se hizo un análisis de los atestados de las personas. Además, enfatizó que el proceso de designación se hizo de forma democrática y transparente.
“Verificamos que las personas electas cumplieran con los requisitos de idoneidad. Todas tienen experiencia en juntas directivas en otras entidades, más el conocimiento financiero”, destacó el representante de los trabajadores.
Sobre los procesos legales en contra de la designación de los directivos, en el informe ATT-0258-2023 del 28 de noviembre, se le informó al mandatario que ante la Sala IV se presentaron tres recursos de amparo contra el proceso. Dos ya fueron rechazados de plano y uno se mantiene en trámite, corroboró La Nación.
Este viernes 8 de diciembre, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo publicó en Diario Extra un campo pagado en el cual se cuestionó la intención del Gobierno de no ratificar a los directores elegidos por la Asamblea de Trabajadores.
El grupo cuestionó la intención del mandatario de querer controlar la banca pública conformada por el Popular, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica.
Además, se argumentó de que ya transcurrió tiempo suficiente para que el Ejecutivo brinde una respuesta sobre la ratificación de las personas.
