La reubicación de afectados por el terremoto de Cinchona (2009) y la posterior construcción de urbanizaciones en Poás de Alajuela, fueron el origen de las denuncias contra el alcalde José Joaquín Brenes, quien pretende reelegirse por tercera vez.
Por aparentes irregularidades en proyectos urbanísticos, apertura de calles e incumplimiento de un fallo de la Sala Constitucional, el liberacionista acumula cinco denuncias por supuesto prevaricato. Además, se le atribuyen aparentes delitos fraude de ley, legislación en provecho propio, desobediencia a la autoridad e infracción a la Ley Forestal.
En una de las causas ya está citado para juicio, del 12 de julio al 11 de agosto del 2017.
Brenes replicó que el “hecho de estar denunciado no significa que sea culpable”. El alcalde sostiene que ha ejercido dentro del marco de la legalidad.
No obstante, quienes lo adversan lo responsabilizan de otorgar permisos constructivos en lugares de alta vulnerabilidad por su cercanía con mantos acuíferos o nacientes.
Fallo decisivo. Una resolución de la Sala IV del 2004, que detuvo la urbanización Linda Vista por estar en zona de riesgo, sentó las bases de construcción en Poás y ordenó a la Municipalidad hacer un plan regulador.
“El voto fue interpretado como que no se podía construir nada, absolutamente nada. La gente que se dedicaba a la construcción tuvo que irse a trabajar afuera”, alegó Brenes.
El fallo especifica que el 90% del cantón es una zona de alta vulnerabilidad, por lo cual se exigió que todo fraccionamiento, urbanización , segregación o condominio cuente con planta de tratamiento de aguas negras.
A pesar del voto de la Sala IV, hoy en el mismo lugar donde se iba a levantar el complejo Linda Vista, hay un fraccionamiento lineal llamado Don Nicolás que no tiene planta de tratamiento.“Hasta donde yo sé, los argumentos de decir que esas casas se desarrollaron sobre una zona de restricción no es correcto. El voto se dio en el 2004 y durante ocho años se generó mucha información técnica y científica; y la ciencia y la técnica supera el derecho”, añadió.
El alcalde argumentó que la urbanización San Nicolás, donde reubicaron a los damnificados por el terremoto, no cuenta con la planta de tratamiento porque el Ministerio de Salud avaló el uso de tanques sépticos. El plan regulador no está listo por un problema de competencias y derecho público, dijo.