El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció a 90 dirigentes del PLN ante la Fiscalía General, tras concluir que el partido de Gobierno le cobró, dentro de sus gastos de campaña, ¢400 millones por contratos aparentemente simulados de alquiler de autos.
Entre los denunciados están los legisladores Antonio Calderón y Óscar Alfaro; el extesorero de la agrupación política, Jorge Wálter Bolaños; el subtesorero, Álex Sibaja; y el asesor presidencial, Mario Álvarez.
El Tribunal le pidió al Ministerio Público investigar si esos altos dirigentes cometieron el delito de estafa contra el Estado.
La lista se completa con los tesoreros de los 81 comités cantonales que el Partido Liberación Nacional (PLN) organizó para las elecciones nacionales de febrero del 2010.
En el caso de estos últimos y de Bolaños, el TSE solicitó indagar si omitieron reportar donaciones. Además, instó a la Fiscalía a determinar si los tesoreros cantonales y el diputado Alfaro usaron estructuras paralelas para evadir controles sobre el Partido.
Por último, pidió verificar si hubo falsificación de documento privado en los endosos de los cheques por los alquileres, aunque no señaló a nadie en específico.
Según dijo el Tribunal, al parecer, la dirigencia de Liberación ideó un mecanismo para transferirles recursos a sus comités cantonales, de manera expedita, mediante contratos simulados de alquiler de vehículos.
El TSE señaló a los encargados de Territoriales del PLN como las personas que negociaron un presupuesto con el tesorero de la campaña para los comités, a fin de financiarles un local y un auto.
Los integrantes de ese grupo fueron Sibaja, Calderón (quien también es secretario general del PLN) y el asesor presidencial de giras Álvarez.
El Partido facilitó contratos machote y le asignó a cada cantón un presupuesto que osciló entre ¢1 millón y ¢4 millones.
De acuerdo con testimonios recopilados por el Tribunal, Sibaja habría instruido a los comités para que buscaran colaboradores que firmaran contratos de alquiler de autos, con el fin de emitir cheques.
Posteriormente, los cheques habrían sido cambiados y utilizados para sufragar gastos de otro tipo, como alimentación, pago de secretarias y papelería.
Ayer, Sibaja afirmó que no podía referirse al asunto porque no ha tenido acceso al informe, aunque lo ha pedido. “Es muy difícil opinar”, dijo. Una posición similar exteriorizó el diputado Calderón.
De acuerdo con el TSE, esa hipótesis explicaría por qué muchos cheques de alquiler de autos aparecieron luego endosados por personas diferentes a los dueños de los autos o depositados en cuentas de los tesoreros cantonales.
En un contrato de ¢500.000, por ejemplo, el comité podía decidir pagarle ¢100.000 al dueño del auto y disponer de los restantes ¢400.000.
Es en ese retorno del dinero a la campaña, donde el Tribunal pidió investigar si hubo donaciones que no fueron reportadas o estructuras paralelas para pagar gastos. Además, solicitó verificar si algunas firmas de cheques son falsas.
La estafa contra el Estado, sigue el informe, se pudo cometer cuando el PLN captó el reembolso de servicios que no se prestaron.
La investigación también hace una mención específica al caso ocurrido en la campaña de San José, la cual estaba al mando del diputado Alfaro.
También, cita al exdiputado Juven Cambronero como uno de los que habría gestionado contratos de autos que no trabajaron. Anoche, él aseguró que trabajó ad honórem en un programa de llamado a votantes, pero que jamás se metió con los alquileres.
Este medio intentó localizar ayer a Álvarez y a Bolaños, pero no devolvieron los mensajes.