4 abril, 2012

La evolución del conocimiento y su puesta en práctica ya no dependen de personas sino de instituciones. Por ejemplo, en la medicina, como institución, el tipo, la dosis, la duración y la indicación de un determinado medicamento no dependen en absoluto ni de lo que digan arbitrariamente los maestros universitarios, ni de quienes dicen tener experiencia práctica, ni de los gustos del sempiterno jefe del servicio hospitalario ni mucho menos de los intereses comerciales relacionados con el medicamento.

Dependen de la evidencia científica; esto es, el conjunto de conocimientos, producto de la investigación científica, bien estructurada, reglamentada y sobre todo, auditada, cuyos resultados se comparan y consolidan con otras investigaciones afines y se redactan, eso sí, con el concurso de los expertos, guías internacionales que resumen y establecen paso a paso, cada una de las decisiones que debe tomar un profesional médico, acompañada de los pros y contras con que cuenta cada decisión, sea la indicación de un medicamento o de un procedimiento terapéutico, debidamente difundidas y publicadas.

Experto se define como el investigador cuya producción científica, bien auditada, ha dado varios aportes al tema y no por sus influencias, poder, amistades, apoyo financiero o por sus intereses personales o de grupo. Desde luego, este acopio de evidencia científica se actualiza constantemente, con base en los nuevos conocimientos que surgen en forma permanente, siguiendo dicho esquema y con base en los resultados que la experiencia mundial corrobora. Por lo tanto, la renovación de “expertos” es también muy dinámica.

Este método de toma de decisiones tiene además la ventaja que cualquiera, en cualquier lugar del mundo, puede participar si sigue las reglas del juego; y, si logra hacer algún aporte original, por más mínimo que sea, siempre será analizado, comparado, ampliado y puesto en práctica si la evidencia acumulativa así lo indica.

El motor de la búsqueda por nuevos compuestos químicos o productos tecnológicos es la industria con fines de lucro; esto permite financiar, además, la búsqueda independiente de conocimiento por los investigadores, que ponen a prueba, bajo las mismas reglas, todos esos avances y novedades. Aun siendo independiente, dicha investigación beneficia a la industria y el círculo virtuoso se perpetúa.

En resumen, cada decisión que tome un médico ante cada problema de salud que se le presente se debe basar en criterios objetivos (no subjetivos), que se han sometido a exigentes pruebas con antelación (no improvisación), han sido debidamente auditados (se rindecuentas) y se recomiendan a partir de un consenso de los aportes de miles y miles de investigadores (cualquiera puede llegar a tener voz y voto; o sea, democracia).

En nuestra vida política cotidiana, la subjetividad, la improvisación, la ausencia de rendición de cuentas y de mecanismos democráticos en la toma de decisiones son cotidianos. Para la resolución de nuestros problemas nacionales y, sobretodo, para marcar el rumbo a seguir, es necesaria la participación de los técnicos, pero de todos los técnicos y no solo los que tengan cierta filiación política o ciertos intereses gremiales o financieros, agrupados en instituciones.

Son las instituciones, y no ciertas personas, las que tienen que llevar a cabo el diagnóstico, la estrategia a seguir, la vigilancia del proceso aplicado y, por supuesto, deben rendir cuentas, según los principios científicos universales arriba descritos. Aunque existen nominalmente, las instituciones han sido gradualmente parasitadas por los políticos, con la grave consecuencia del deterioro de su rigurosidad científica; y estos, con su conveniente disfraz, se han ungido con todo tipo de atribuciones para tomar decisiones improvisadas de índole técnica.

Con el nivel actual de complejidad de los conocimientos, que exige cada vez mayor capacitación y especialización, es ingenuo creer que 57 diputados van a tomar las mejores decisiones, por ejemplo, en el manejo de aguas o de explotación de recursos naturales, por más que se rodeen de “asesores”; o que los politizados “funcionarios” o “expertos” de la Caja Costarricense de Seguro Social hagan las cosas como se debe, o que el “equipo de técnicos” de un determinado partido político va a legislar en todos los campos del derecho: ambiental, informático, contravencional, migratorio y un largo etcétera.

El político profesional, cuya máxima aspiración es llegar a ser un estadista, no debe inmiscuirse en decisiones de índole técnica; los resultados saltan a la vista. Ni el técnico, inmiscuirse en las tareas del estadista.

Dijo Roberto Brenes Mesén en 1925: “Cuando los problemas de educación se abandonan a los maestros, y los empréstitos a los banqueros, y las obras públicas a los ingenieros y la sanidad a los médicos, está en decadencia la república; duermen ya los hombres de Estado”. Zapatero, a sus zapatos.