EscucharIdealmente, los sistemas de seguridad social deberían tener tres componentes principales. Uno de ellos para proteger al trabajador y su familia ante la enfermedad y la maternidad, así como los accidentes laborales que puede enfrentar el primero. Además de los servicios de salud, otorga a los trabajadores el pago de incapacidades para que hagan frente a su manutención y la de sus familias durante la convalecencia. En Costa Rica, este componente está a cargo del régimen de enfermedad y maternidad de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el seguro de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS).
El segundo componente otorga a los trabajadores una pensión para que puedan hacer frente a su vejez sin tener que trabajar, así como proteger a los trabajadores que por diversos motivos enfrentan situaciones de invalidez que les impiden laborar. La pensión debe ayudar también a los dependientes de los trabajadores si este llegare a fallecer. En nuestro país esta función recae principalmente sobre el régimen de invalidez, vejez y muerte de la CCSS, pero también sobre otros regímenes específicos para determinados grupos de trabajadores (Magisterio, Poder Judicial, etc.), y más recientemente el régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROPC).
El tercer componente busca proteger a los trabajadores y sus familias ante la eventualidad de la pérdida del empleo. Es el seguro de desempleo. En Costa Rica no contamos con un verdadero seguro para esta situación. La Ley de Protección al Trabajador del año 2000 (LPT) creó el denominado Fondo de Capitalización Laboral (FCL), que consiste en un ahorro laboral que puede ser retirado por el trabajador ante la ocurrencia de cualquiera de las tres siguientes situaciones (artículo 6 de la ley): a) al extinguirse la relación laboral –por cualquier causa–; b) en caso de fallecimiento del trabajador; y c) transcurrido un plazo de cinco años sin haber realizado retiro del ahorro –aun cuando la relación laboral exista–.
Recesión económica. En la actualidad ese ahorro laboral se nutre con el 1,5% de salario bruto de los trabajadores, proveniente del auxilio de cesantía a cargo de los patronos (otro 1,5% pasa temporalmente por el FCL, pero termina en el ROPC). Después de cinco años de una relación laboral continua, el monto ahorrado por concepto de aportes, más los rendimientos obtenidos sobre los mismos, menos la comisión que por administración cobran las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC), da como resultado un monto cercano a un mes de salario.
La historia reciente muestra que los períodos de recesión económica se caracterizan por rápidas caídas en la producción y el empleo, y lentas recuperaciones en las mismas dimensiones. Los trabajadores que quedan desempleados generalmente tardan varios meses en conseguir un nuevo empleo. Por ello, un seguro de desempleo debe contemplar que los trabajadores desempleados y sus familias puedan enfrentar la situación por varios meses.
Entonces, para que el FCL se convierta en un verdadero apoyo para los trabajadores desempleados y sus familias, son necesarias algunas modificaciones, las principales relacionadas con aumentar el monto del ahorro. La primera, y más importante, es eliminar el retiro del ahorro cada cinco años en el caso en que las personas mantengan su relación laboral. De esta forma, en caso de desempleo los trabajadores se garantizarán un mes de salario por cada cinco años laborados.
Es necesario también analizar posibles aumentos en los aportes mensuales, por dos vías prioritarias. Por un lado un aporte adicional directamente a cargo del trabajador, que podría ser de un 0,5% mensual de su salario bruto. Por otro lado, un 0,5% mensual de los aportes al Banco Popular y de Desarrollo Comunal que ahora se canalizan a las pensiones complementarias. De esta forma, los trabajadores podrían ahorrar casi dos salarios completos por cada cinco años laborados. Obviamente, cuando los trabajadores se pensionen, el monto del ahorro laboral que no hayan utilizado, pasaría a engrosar la pensión complementaria.
El sector privado. La propuesta de reforma al FCL aquí realizada capta en alguna medida elementos de las que hasta ahora han sido presentadas a la Asamblea Legislativa. Debe ser vista como una propuesta más, que merece la pena ser discutida por “todos” los trabajadores del país, esto es, públicos y privados.
Lamentablemente, los sindicatos de empleados públicos han iniciado una fuerte campaña contra cualquier intento de reforma al FCL. Sin discusión alguna, se oponen a todo. Campos pagados y manifestaciones callejeras dan clara cuenta de ese rechazo. Sin embargo, ello no debe extrañar. Los empleados públicos tienen su propio seguro contra el desempleo: “poseer una plaza en propiedad”. La probabilidad de que un empleado público “en propiedad” quede desempleado no debe ser mayor a 0,1% –aun cuando haya incurrido en falta grave, mientras se agotan los inagotables procedimientos en las múltiples comisiones de relaciones laborales, etc.–. Ellos no necesitan “otro” seguro de desempleo.
Por lo tanto, en cualquier discusión sobre el tema se debe garantizar la participación de los trabajadores asalariados del sector privado. Los sindicatos de empleados públicos no pueden, ni deben, arrogarse la representación del 80% de los asalariados que sí pueden quedar desempleados por trabajar en el sector privado.
