Las denuncias por tráfico de especies crecieron un 963% en apenas un periodo. Pasaron de 89 reportes en el 2019 a 946 en el 2020.
Para la Fiscalía Adjunta Ambiental estas cifras son el resultado de un refuerzo en la lucha contra grupos organizados que trafican con especies de vida silvestre.
Las orquídeas en miniatura, escarabajos, ranas, aletas de tiburón y madera de cocobolo (Dalbergia retusa), entre otras, son de las especies más apetecidas por grupos dedicados al comercio ilegal de flora y fauna silvestre, muchos de los cuales incluyen a biólogos y otros científicos.
La Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, integrada desde el 2016 por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Seguridad, realiza operativos periódicos para atacar ese lucrativa delincuencia, en la que funcionarios públicos podrían estar involucrados.
El caso más reciente dejó detenidos a dos guatemaltecos de apellidos Marroquín, de 48 años, y Parada, de 42. quienes llevaban en su equipaje 130 mariposas sin los respectivos permisos para el traslado de las especies.
La captura se registró en el aeropuerto Juan Santamaría a mediados de este mes. Personal del Servicio de Vigilancia Aérea decomisó las mariposas y dejó a los detenidos ante la Fiscalía local.
Según el fiscal ambiental Luis Diego Hernández Araya, nuestro país se ha convertido en proveedor de especies de vida silvestre, que se pagan muy bien en mercados internacionales, como Alemania, República Checa, España, Rusia, Estados Unidos y Canadá.
Para el 2018, solo aquí se detectaron 2.576 especies en tránsito, estos representan el 60% de los decomisos realizados entre el 2014 y el 2018. Ese es otro indicador de que el delito crece.
“Puedo decir que un contenedor de cocobolo tiene un valor en el mercado nacional de $50.000; sin embargo, en el mercado asiático, que es el principal oferente de esta especie en peligro de extinción, cuesta alrededor de $500.000”, recalcó Hernández.
Esa madera la usan en Asia para hacer tableros de carros lujosos y de yates finos, así como para artículos religiosos.
Miles de millones de dólares
Las organizaciones criminales que lucran a costa del ambiente, constituyen el cuarto negocio ilícito más grande del mundo, solo por detrás del narcotráfico, el trasiego ilegal de armas y el tráfico de personas.
El delito ambiental mueve más de $98.000 millones al año en el mundo, según datos de Naciones Unidas y la Policía Internacional (Interpol).
Las actividades más frecuentes son el comercio internacional de vida silvestre, la explotación de minería metálica, el trasiego de madera fina y la explotación de los mares, todos presentes en nuestro país.
Por ejemplo, la explotación de oro en Crucitas de Cutris, San Carlos, incluye a mineros artesanales, mayoritariamente extranjeros, que son parte de una estructura criminal que los patrocina. Tienen transportistas que suelen llevar los sedimentos de las minas hacia el otro lado de la frontera norte, para extraer el oro allá.
De igual forma, hay un aumento en el trasiego de especies marinas como el pepino de mar, peces multicolores y tiburones, estos últimos principalmente para exportar sus aletas.
Las mariposas, aves, ranas, arañas y alacranes, también son parte de lo que las redes criminales trafican desde nuestro territorio.
Hernández destacó que hay biólogos que se encargan de la extracción de diversas especies, las cuales luego se llevan a bodegas de almacenamiento.
Lo anterior mientras la red consigue “burros” para sacarlas del país en su equipaje o de camuflarlas en envíos postales.
El fiscal ambiental también criticó sociedades de fachada, como algunos mariposarios, que tienen permiso para reproducir una especie determinada, pero incluyen otras no permitidas.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), entidad que lucha contra la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el tráfico de armas, también afirma que la extracción de vida silvestre es uno de los delitos más lucrativos.
Nuevas armas
La lucha contra la criminalidad ambiental en nuestro país incluyó en 2020 operativos contra actividades con fuerte impacto en los ecosistemas, tales como la caza, la deforestación y el tráfico ilícito de flora y fauna.
Según Hernández, en el 2020 se atacaron todos los flancos detectados en tráfico ilícito de vida silvestre, tales como el control en aeropuertos y en los envíos internacionales a través de servicios postales.
De igual manera, se trabajó en la desarticulación de redes de extracción de especies.
Hernández destacó que una de las organizaciones detenidas era de holandeses, dedicados a sustraer y traficar orquídeas en miniatura desde áreas silvestres protegidas en San Carlos.
Por su parte, la bióloga del Minae Shirley Ramírez Carvajal, recalcó que la detección de redes criminales organizadas ha obligado a buscar mejores herramientas para combatirlas.
Para ella, un avance significativo es la mejora del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada), que da la posibilidad de incluir en las denuncias los nombres científicos de las especies de fauna y flora, para identificar las que más se están trasegando.
Esa herramienta orientará las decisiones acerca de la estrategia más adecuada para atacar el fenómeno, informó la Fiscalía.
Otro logro es que ahora las pericias del Laboratorio de Biología del OIJ tienen un tiempo de respuesta de un mes y no de seis, como años atrás.
Todo eso permite sistematizar información acerca de dónde se están extrayendo las especies, su trazabilidad, conocer el país de destino y la modalidad delictiva. Muchas de las especies llegan a Miami, en Florida (EE. UU.).
Otra acción que ayudará a combatir este flagelo es la creación de una sección del OIJ especializada en delitos ambientales, con policías que tengan conocimientos específicos. La propuesta está en estudio por la Corte Plena.
Asimismo, se entrenarían perros para la detección de especies silvestres en aeropuertos.
Perseguir capitales
Warner Molina, fiscal subrogante del Ministerio Público, indicó que uno de los problemas es que de los 203 delitos contemplados en 13 leyes nacionales para proteger el ambiente, casi ninguno alcanza la categoría de grave.
Llamó a una reforma que, más allá de aumentar las penas, permita a la Fiscalía perseguir las ganancias ilícitas a través del delito de legitimación de capitales, pues considera que quienes obtienen riqueza por tráfico de especies están asociados al crimen organizado.
El año pasado se logró capacitar, con la ayuda del Gobierno de Estados Unidos, a fuerzas vivas de las comunidades y autoridades municipales, para crear comisiones regionales en lugares donde se advierte un crecimiento de delitos contra el ambiente.
Según Luis Diego Hernández, fiscal adjunto ambiental, las nuevas políticas de persecución de delitos ambientales, constituyen el logro más importante del 2020 en esta materia, ya que son vinculantes no solo para el Ministerio Público, sino también para otras instancias.
En esta lucha las autoridades piden a la población denunciar esos delitos en las delegaciones del OIJ, en las fiscalías o llamando a la Fiscalía Adjunta Ambiental, al teléfono 2247-9125, o bien al 1192, línea especializada en materia ambiental.
