:quality(70)/arc-anglerfish-arc2-prod-gruponacion.s3.amazonaws.com/public/UQEECMK5OVA6VD7OSLYRKINY24.jpg)
:quality(70)/arc-anglerfish-arc2-prod-gruponacion.s3.amazonaws.com/public/I7CY4UIYPBD7VIIRQ7775IXDSY.jpg)
03/10/2012. 2:00 pm. Cárcel de San Sebastián. Recorrido para observar las condiciones de hacinamiento que se vive dentro del recinto. Daniela Linares para LN (Daniela Linares)
El presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, apoya el proyecto de ley para liberar con brazalete electrónico a reos condenados por primera vez a seis años de prisión o menos.
La reacción del juez se dio ayer, el mismo día en que La Nación publicó que unos 4.000 reclusos saldrían a la calle con esa pulsera , la cual permite controlar los movimientos por satélite y emite alertas por incumplimiento.
Esa posibilidad se discute mediante el Proyecto de Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal, que pretende utilizar el brazalete como alternativa ante la prisión preventiva o como sustituto de una sentencia privativa de libertad.
El proyecto, en estudio por la Comisión Plena Tercera del Congreso, también facultaría al juez a imponer el brazalete, previo estudio del Instituto Nacional de Criminología (INC), a mujeres sentenciadas a seis años de prisión y con hijos menores, embarazadas y a reos enfermos.
“Si se trata de personas primarias, condenadas por delitos no muy graves y con la posibilidad de controlarlas de manera novedosa, yo no tendría especial objeción. Es un instrumento nuevo que podría ayudar a controlar a las personas bajo investigación o condenadas.
”Habría que estar muy claros en cuáles son los requisitos, a qué perfil de personas podrá ser aplicado y cuál será el impacto real. Yo sí creo que tiene que ayudar a nuevas formas de control y al descongestionamiento de centros penitenciarios”, manifestó el magistrado Arroyo.
El jurista añadió que el control sobre la persona beneficiaria no se perderá, ya que será más estricto.
“El control se va a tener, hasta cierto punto, de manera rigurosa porque es un mecanismo que permite saber dónde está la persona y si está cumpliendo con las condiciones que se le han impuesto. Además, tendrá la posibilidad de trabajar y desarrollar una vida que no afecte a la familia”, manifestó.
De aprobarse el proyecto, Arroyo señaló que los jueces deberán “hacer un uso muy prudente de la medida” en sus etapas iniciales, para medir la efectividad del mecanismo. “No puede ser una medida generalizada, indiscriminada y donde haya peligro para las víctimas”.
A la espera. El diputado del Movimiento Libertario y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Carlos Góngora, dijo que esperarán el pronunciamiento de la Corte Plena sobre el proyecto.
“Si la Corte se manifiesta en contra, ya no podría tramitarse en la Comisión Plena Tercera, salvo que se acuerde aprobar el texto original (solo prisión preventiva y libertad condicional). Si no se opone, estaríamos dictaminando el proyecto. Hay un buen ambiente, porque yo creo que todos los diputados tenemos muy clara la urgencia de este tema”, aseguró.
El diputado del PUSC Luis Fishman afirmó: “La gran mayoría de diputados estamos de acuerdo en acoger las observaciones hechas por la Defensa Pública y no tengo duda de que es un proyecto muy bueno. La Corte tiene que apoyarlo. Al juez se le está dando poder para que determine cuándo aplicar esta medida alternativa. Nuestras cárceles no son un sistema en que las personas salen reformadas”.