Juicio por estafa deberá esperar hasta el 2026 en Tribunales de Cartago

Este proceso penal, que se sigue bajo el expediente 18-1354-345-PE, se lleva contra un imputado de apellido Barrantes desde el 2018, es decir, cuando se inicie el juicio, el caso cumplirá ocho años de tramitación.

La fecha del juicio fue notificada a las partes el pasado 1.° de diciembre. En un principio, el debate se iba a realizar el 7 y 8 de febrero del 2023, pero el Tribunal indicó que “se tiene que atender causa con persona detenida 22-00013-0512-PE”, es decir, al darle prioridad a otro expediente se debió dejar sin efecto el señalamiento inicial.

Federico Campos, abogado representante de la víctima, aseguró que estos plazos tan largos son contraproducentes.

“Un juicio señalado para dentro de tanto tiempo es un despropósito para la justicia como pilar de la democracia porque da al traste con el objetivo de que sea pronta y cumplida, ya que muchas veces los testigos son difíciles de localizar porque cambian de domicilio, otros ven disminuida su memoria y otros fallecen”, señaló Campos.

“Esto se agrava si el proceso ya lleva varios años en su tramitación previa. Creo que el Poder Judicial no tiene una adecuada distribución de las cargas en todos los despachos judiciales (casos a resolver versus número de jueces) porque esto no sucede por igual en todo el país”, agregó el abogado.

La oficina de prensa del Poder Judicial explicó que esta causa requiere integración colegiada, en un Tribunal Penal donde solo se cuenta con dos grupos de jueces para este tipo de expedientes y tres jueces unipersonales.

”Durante el año 2022 han ingresado cuatro causas de crimen organizado o trámite complejo, con personas privadas de libertad, que han ocupado las agendas al menos seis meses cada una, además de las causas con privados ordinarios”, indicó la institución.

Los tribunales le dan prioridad a los asuntos con personas privadas de libertad, delitos sexuales contra menores de edad y casos de violencia contra la mujer, así como contra adultos mayores. De esta forma, juicios por delitos como estafa, que no involucren personas detenidas, quedan en el fondo de las prioridades.

Al respecto, la oficina de comunicaciones confirmó que el plazo de espera para debate en Cartago es, en promedio, de 24 meses. Por tal motivo, el Tribunal de Cartago aseguró que tiene en práctica varios planes remediales en conjunto con la Dirección de Planificación y la Administración Regional, para contraer la agenda del despacho a fechas más próximas.

“Incluso se les ha dotado para enero de un equipo de jueces que atenderá asuntos de vieja data, por lo que se espera que a inicios del próximo año se desocupen algunos espacios (...) para evitar que los ciudadanos deban esperar más de lo debido en la resolución de los conflictos sometidos al Tribunal”, agregó ese despacho.

En todo el país

Copiado!

Para atender casos prioritarios, como crímenes sexuales, el Poder Judicial había anunciado la ejecución de diferentes planes a inicios del 2022, como la creación de Tribunales de Juicio adicionales en distintos puntos del territorio nacional por periodos de tres meses, en los que el personal se va rotando para lograr atender los casos de mayor antigüedad en el país.

Estos equipos de trabajo especiales están conformados por jueces, fiscales y defensores públicos que se asignan a las oficinas para atender los casos requeridos.

En el primer semestre de aplicación, en el 2022, la iniciativa logró 43 sentencias en el Tribunal Penal de Pococí, 36 causas en San Carlos, otras 29 en Alajuela, 28 en el Tribunal Penal de Limón, 24 en Golfito y 22 en Corredores.

De igual forma, algunos asuntos de crimen organizado podrían ser trasladados a la nueva Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, la cual podría empezar a operar a partir del otro año y aliviar los tribunales ordinarios, siempre y cuando los diputados aprueben el proyecto de ley número 23.090.

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