"No podemos tener los centros penitenciarios como depósitos humanos. Lo que deberíamos procurar es que realmente estén en prisión las personas más peligrosas, las personas con sentencias más altas y egresar a las personas que tienen una posibilidad de cambio, que tengan delitos menores".
Ese es el pensamiento del juez Mario Rodríguez Arguedas, del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, quien defiende la orden que dio al Ministerio de Justicia para que saque a 380 reos de la cárcel Gerardo Rodríguez en los próximos dos meses, debido al hacinamiento.
En una entrevista concedida este miércoles a La Nación, Rodríguez conversó sobre los razonamientos que tuvo para girar dicha resolución.
El juez explicó que, desde hace dos años, viene dando seguimiento al problema de hacinamiento y que, tras la última visita, tomó la decisión en vista de que tampoco hay otras soluciones como la construcción de nuevos espacios.
"A corto plazo no hay opciones, por lo tanto ya las condiciones eran inhumanas, hay privados de libertad durmiendo debajo de las camas. En los pasillos hay gente durmiendo, en la noche no pueden ni ir al baño. Ante una situación de emergencia eso sería una catástrofe, entonces había que tomar una decisión inmediata", enfatizó .
Difícil decisión. El juez reconoce que la decisión que tomó fue difícil, pero la considera necesaria.
"Por supuesto que es difícil, porque lógicamente la sociedad y algunos sectores políticos no están muy de acuerdo, incluso lo pueden utilizar como un tema político, porque no quieren que se ubiquen personas afuera. Pero así como en este momento se están tomando decisiones con los migrantes cubanos, tenemos que tomar decisiones", dijo.
Añadió que la salida de 380 reos implica pasar de un nivel de sobrepoblación de 170% a 120% en esa cárcel.
"No es que el centro se va quedar sin privados de libertad durmiendo en el suelo o en una colchoneta, como hay actualmente, sí van a quedar, pero no tanto como hay en este momento. Por lo menos que tengan la posibilidad de ingresar al baño, de salir ante un incendio o un terremoto", añadió.
El juez asistió este miércoles a la reunión de la Comisión de Alto Nivel Sobre Hacinamiento Carcelario, de la cual forman parte la Defensa Pública, Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Justicia, Fiscalía, entre otros entes.
Uno de los puntos que se tocó en la cita fue la circular 8-2016, girada por Justicia el 5 de abril con el fin de bajar el hacinamiento y cumplir con la orden del juez.
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El nuevo oficio derogó la circular 05-2015, emitida el 24 de agosto del año anterior y, con ello, flexibilizó criterios usados para conceder los beneficios carcelarios.
A diferencia de la primera circular, ahora los reos podrán optar por beneficio aunque sean reincidentes y no tengan un trabajo.
Esa situación ha generado críticas del Ministerio Público, Policía Judicial y sectores políticos.
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Ayer, Marco Feoli, viceministro de Justicia, sostuvo ante a los miembros de la comisión que se tienen que hacer los egresos porque así lo ordenó un juez.
"Cuando uno no cumple una orden de un juez comete un delito", manifestó.
Para el viceministro, es "sorprendente" que en algunos sectores se cuestione esa orden. "No es que se está sacando gente que ha hecho de su vida la delincuencia. Estamos sacando gente que justifica su traslado ", alegó.
De acuerdo con datos de Justicia, desde que se emitió la nueva circular se han sacado 32 de los 380 presos que ordenó el juez.
No es la primera vez que un juez gira una orden de este tipo. En octubre de 2013, el juez Roy Murillo ordenó trasladar a 370 reos con condena desde la cárcel de San Sebastián a otros penales y, para poder abrir espacios, pasar a régimen de confianza a presos que cumplieran requisitos.