EscucharEl Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le reprochó al Ministerio de Justicia y Paz que no lo tomara en cuenta al momento de hacer la nueva circular, emitida el 5 de abril, que flexibilizó los criterios usados para reubicar a los reos a un régimen semiabierto, con el propósito de bajar el hacinamiento y así cumplir con una orden judicial.
Esto, porque la Policía Judicial aseguró que ellos disponen de información de los privados de libertad que Justicia no posee. “Nosotros y el Ministerio Público sí manejamos más datos, tenemos más acceso a la información y podríamos aportar detalles como, por ejemplo, cuál es la situación particular de cada recluso”, aseveró Wálter Espinoza, director del OIJ.
Con el nuevo oficio, los reclusos reincidentes pueden ser reubicados en un régimen semiabierto, siempre que hayan cometido solo dos delitos menores. También pueden salir quienes no tengan trabajo y quienes cumplan la pena en siete años.
La disposición anterior, de fecha 24 de agosto del 2015, solo sacaba a presos con una condena, que tuvieran trabajo y que cumplieran la sentencia en menos de cinco años.
El Ministerio alegó que debieron “ampliar los criterios” por orden de Mario Rodríguez, juez del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, quien les exigió, el 17 de marzo, que egresaran a 380 reclusos en dos meses.
Esta decisión preocupó al fiscal general, Jorge Chavarría, quien señaló que si Justicia no accede a revisar y ajustar los criterio, evitarán procesos abreviados y buscarán penas altas contra los imputados.
Ante esto, la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, envió un comunicado de prensa, donde consideró como una amenaza las palabras de Chavarría.
“Me produce una gran preocupación que el fiscal amenace con limitar la aplicación de los institutos procesales legalmente establecidos si el Ministerio de Justicia y Paz no desatiende la orden de un juez de ejecución de la pena. Lamento inferir de esas afirmaciones una desafortunada intromisión en nuestra competencia”, apuntó Sánchez.
Agregó que la objetividad del Ministerio Público se ve comprometida por la reacción que tuvo Chavarría.
La Nación solicitó una entrevista con Sánchez para ampliar sobre el tema; sin embargo, la oficina de prensa indicó que no atendería a este medio. También se buscó al juez Rodríguez, pero dijo que no daría declaraciones.
Críticas. El director del OIJ, por su parte, comunicó que entiende que Justicia deba cumplir con esa resolución judicial. Sin embargo, criticó la nueva circular.
“Cuando el órgano (Ministerio) toma una determinación sin consultarnos, nos preocupa mucho porque se da la posibilidad de brindar el beneficio a quienes son reincidentes y a quienes han cometido tráfico local de drogas”.
Esto, porque Justicia considera que los delitos menores son ese tipo de tráfico de estupefacientes, los robos, las estafas y las extorsiones simples.
Para Espinoza, esa decisión puede poner en una situación “muy complicada” al sistema judicial. “Estimamos que estas valoraciones pueden perjudicar el desarrollo de las actividades propias de los otros actores que participamos en la investigación y en el juzgamiento penal”.
Además, el jerarca enfatizó en que un ente administrativo “derogue o deje sin efecto la decisión de un juez”.
“Si tenemos un sistema de administración de justicia, que se decanta por imponer medidas de prisión para personas que cometen delito, el Estado, como un todo, debería respetar la posición. (...) No me parece que, de manera libre y con poca meditación, se deje sin efecto la decisión de un juez”, reprochó Espinoza.
El director consideró que esto desencadenará un sentimiento de inseguridad en la población, por lo que, añadió, espera que los criterios de la nueva circular puedan ser revisados y modificados en conjunto por Justicia, el Ministerio Público y el OIJ.
“Lo que los costarricenses esperan es que quien delinque sea sometido a una consecuencia, que es la prisión. Si no se hace, empieza a afectar a la población.
”En ese sentido, es conveniente y necesario que se revalore y que hagamos un ejercicio para que todos los actores podamos emitir opiniones y, así, la decisión de Justicia tenga más respaldo”, propuso Espinoza.
Por su parte, diputados de siete fracciones de la Asamblea Legislativa enviaron este jueves una carta al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para solicitarle que frene “la liberación masiva de privados de libertad”. Únicamente, el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio no firmaron la misiva.
Mientras, la Defensa Pública avaló la nueva disposición de Justicia.
Esa entidad informó en un comunicado de prensa: "respetamos las decisiones y acciones de las autoridades competentes para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad".
En el documento enviado, la Defensa Pública señaló que al Ministerio no se le ha dotado de recursos financieros "suficientes para atender con recursos humanos e infraestructura las necesidades de la población".
Además, añadió, el incumplimiento de las resoluiciones de los jueces de ejecución podría traer responsabilidades penales y civiles para los jerarcas de Justicia y condenas internacionales para el Estado.
