Inicia juicio contra dos sospechosos de ahorcar perro en Alajuela
Testigo narró momentos de agonía que sufrió el animal y describió una reacción fría de los dos sujetos
El juicio inició a las 8 a. m. de este martes. A la izquierda, la parte querellante mientras daba declaraciones un testigo.
Yeryis Salas y Francisco Barrantes, corresponsal GN
El juicio inició a las 8 a. m. de este martes. A la izquierda, la parte querellante mientras daba declaraciones un testigo. Foto: Francisco Barrantes.
El juicio contra dos vecinos de Alajuela, que habrían matado a un perro en setiembre del 2017, inició la mañana de este martes en el Tribunal Penal de esa ciudad. Los investigados, dos hombres de apellidos Espinoza Leslie y Zúñiga Palladino, habrían amarrado al perro con una correa a una ventana, pero el can no alcanzó a tocar el suelo y murió ahorcado. El hecho ocurrió en Rincón de Herrera, en La Guácima de Alajuela.
El juicio inició a las 8 a. m. con declaraciones de testigos, uno de los cuales narró los momentos de agonía que sufrió el animal, así como la reacción fría de sus dueños. “Ellos, no lo puedo negar, fueron amables, muy accesibles. Respecto a la escena que estaba ahí, no manifestaron nada, se veían un poco, si se puede decir, un poco fríos, no se veían afectados que el perro falleciera ahí, que estuviera ya fallecido, no vi esa situación propia de una persona que está muy encariñada con un animal y al verlo de inmediato reacciona”, declaró ante el juez.
“Como no podía poner su manos en el piso, me imagino que él quiso subir a la tapia para que ese mecate no lo terminara de asfixiar, esa es la clara conclusión a la que yo llegué, y todos llegamos ahí, quienes vimos eso”, añadió.
En esta causa figura como denunciante Juan Carlos Peralta Víquez, presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (ABAA). Este caso se tramita bajo el expediente 17-0004378-305-PE por el delito de muerte de animal.
Según el artículo 279 ter de la Ley de Bienestar de los Animales, la muerte de un animal se penaliza con cárcel. “Se sancionará con pena de prisión de tres meses a dos años, a quien dolosamente, de forma directa o por interpósita persona, cause la muerte de un animal doméstico o domesticado; la misma pena se aplicará cuando la muerte de este sea consecuencia de las conductas descritas en los artículos 279 bis y 279 quinquies (quinto agregado) de esta ley”, precisa el artículo.
Desde que se aprobó dicha norma, en el 2017, han trascendido casos como el de un hombre procesado en Guanacaste por supuestamente haber lesionado a un perro con una motoguadaña. Sin embargo, en enero del 2018 el Tribunal Penal lo absolvió al considerar que la acción del sujeto se trató de un reflejo de defensa frente al canino.
Asimismo, en julio del 2019, en Atenas, una mujer acusada por supuestos maltratos a un perro, quien fue amarrado hasta sufrir lesiones en el cuello y desnutrición, fue absuelta porque el juez no pudo acreditar quién amarró al perro, ni cuándo lo hizo.
De los casos más notorios está el de un hombre de apellidos Saborío Soto, procesado por lanzar un gato desde casi 30 metros de altura y provocar su muerte, en noviembre del 2019 en Curridabat. El video del hecho empezó a circular en redes sociales en agosto del 2018, y el día 26 de ese mes fue arrestado. Este caso fue elevado a juicio el 19 de enero de este año.
