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La defensa del albañil Gerardo Ríos Mairena, condenado a 216 años por la masacre de cinco estudiantes en Liberia, Guanacaste, pidió este viernes la realización de un nuevo juicio, “pero justo”.
La solicitud la planteó el condenado, por medio de su defensor José Francisco Herrera Umaña, durante una audiencia que realizó el Tribunal de Apelación de Sentencia de Santa Cruz.
La diligencia tuvo la particularidad de que fue mediante videoconferencia, pues Ríos Mairena estuvo en el centro penal La Reforma, en tanto los jueces y la fiscal Aymee Caravaca en otra sala en Santa Cruz.
Para fundamentar la gestión, Francisco Herrera acudió de nuevo a la contaminación de la escena de crimen.
Asimismo, cuestionó la forma en que se recabó una huella del imputado en la lugar del crimen y señaló que hubo vicios procesales cuándo la única sobreviviente del ataque, una menor de 14 años, ayudó a confeccionar un retrato hablado y reconoció un tatuaje del responsable del asesinato múltiple.
“Esta representación argumenta en la apelación que hay una serie de vicios que hacen insostenible esta sentencia, que por el contrario debió de haber absuelto a mi patrocinado porque había una serie de dudas que no eran concordantes (…) entre ellas el principal argumento es la contaminación de la escena del crimen”, manifestó.
De inmediato, la fiscal Aymee Caravaca refutó lo mencionado por Herrera. “Los argumentos deben ser rechazados porque ya fueron analizados en la sentencia recurrida”, dijo la representación del Ministerio Público.
Sobre el tema de que todo proviene de una escena contaminada, dijo que no es cierta pues la única prueba directa que provino de uno de los cuartos fue una huella de Ríos, localizada por el perro Aquiles y que las otras venían de otras fuentes, como lo fue la declaración de la única sobreviviente, que resultó fundamental para la condena.
Tras la conclusión de la audiencia, el Tribunal de Apelaciones analizará los argumentos de la defensa para resolver. Los jueces no tienen plazo para pronunciarse.
Antecedentes
Ríos fue condenado por el Tribunal de Juicio de Liberia el 30 de enero pasado. En aquel momento, los jueces Guillermo Arce Arias (quien presidió), Andrea Rodríguez Sandí y Kathy Abarca Serrano, determinaron que el quíntuple asesinado obedeció a un deseo sexual de parte del imputado con una de las víctimas, a quien abusó sexualmente antes de asesinarla.
El caso que se juzgó ocurrió durante la noche del miércoles 18 y el amanecer del jueves 19 enero del 2017, cuando presuntamente Ríos entró al apartamento donde estaban las víctimas y las atacó con una arma blanca.
Las víctimas mortales fueron Ingrid Massiel Méndez Serrano, de 24 años, una estudiante de Psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Liberia; Dayana Martínez Romero, de 24 años, estudiante de Educación y Dirección de Empresas de la UCR; Ariel Antonio Vargas Condega, de 24 años, estudiante de Gestión Empresarial de la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Así como los novios Stephanie Hernández García, de 23 años, estudiante de Educación y Dirección de Empresas de la UCR y Joseph Briones Solís, de 22 años, estudiante de Dirección de Empresas y Administración Aduanera de la UCR.
En el hecho sobrevivió una colegiala de 14 años, quien también sufrió heridas en varias partes del cuerpo.
El sospechoso del crimen vivía en un apartamento a cuatro metros de distancia de donde sucedió la masacre. Fue detenido el 4 de febrero del 2017.
Para identificarlo, resultó fundamental el relato de la sobreviviente, cuya declaración permitió confeccionar un retrato hablado del sospechoso y reveló que el imputado tenía un tatuaje en la espalda.
