Emilia Navas halló desorden y pérdida de prueba en Fiscalía

Así respondió este martes Emilia Navas Aparicio (53 años) a la consulta sobre cómo encontró el Ministerio Público en octubre cuando asumió como fiscal general interina.

En una entrevista con periodistas de La Nación, ahondó sobre ese tema: "Los atrasos eran en situaciones en particular, diferencias en la distribución de trabajo, despachos sin ningún tipo de supervisión y control (...) también un poco de apatía.

“La bodega de evidencias no tenía control. Es un desorden; no había sistema de gestión, que sí hay en todas las fiscalías del país. Entonces no se sabía cuántas denuncias entraban, quién denunciaba, hacia dónde iban las denuncias, cuál era el resultado final de las denuncias que se presentaban en la Fiscalía General”.

Navas también reveló que "en la Fiscalía General había casos contra personas, que tienen fuero (jerarcas de supremos poderes con inmunidad), totalmente abandonados. Nosotros estamos tratando de salvarlos. Algunos están prescritos. Ya se comunicó a la Inspección Judicial y estamos atendiendo el resto".

Aclaró que la investigación en la cual se extinguió la acción penal es solamente una y allí la evidencia desapareció. Por esa razón, denunció la situación ante el Tribunal de la Inspección Judicial, el cual controla y juzga el accionar de los despachos y servidores judiciales.

“Con respecto al caso prescrito, que fue donde se extravió la prueba documental que había presentado la Procuraduría General de la República, sí va con un nombre en particular, que era el del fiscal que tenía el caso”, explicó aunque prefirió no indicar de qué caso se trata.

Acciones inmediatas

Emilia Navas, cuyo cargo actual es el de fiscala subrogante pero que tiene como recargo el de fiscala general, dijo que luego de asumir y de nombrar a personal de confianza y con una alta probidad, se dedicó a ir solventando cada una de las deficiencias.

Afirmó que después de cuatro meses y medio de gestión puede asegurar que la apatía desapareció y que los equipos de trabajo están deseosos de que se ponga orden.

Igualmente, anunció que una de las primeras acciones que tomó "fue montar el sistema de gestión, en el cual todo lo que entra se registra" tanto manual como digitalmente, así como de un sistema de control de evidencia en todas las bodegas que tiene el Ministerio Público en el país.

Detalló que otra de las dificultades que detectó es la alta carga de trabajo que tienen algunos despachos como los de Alajuela y Cartago, donde un fiscal tiene bajo su responsabilidad hasta 350 expedientes.

En la actualidad, el Ministerio Público cuenta con 562 fiscales y no hay ninguna posibilidad de nuevas plazas por la falta de presupuesto en el Poder Judicial.

"En Guanacaste me decían: 'es que necesitamos más fiscales'. Bueno, les dije, vamos a tener que ver cómo nos organizamos o cambiamos la forma de trabajo porque con plazas nuevas no puedo contar", afirmó.

Agregó que en las visitas a diferentes sedes en el país ha sentido el respaldo de los funcionarios a los cambios, y ha percibido la disponibilidad y mística de cada uno de ellos para sacar la tarea adelante.

Puso como ejemplo la dedicación de algunos fiscales que no solo asisten a los juicios, sino que en los recesos deben ir a buscar a los testigos y, en el tiempo que les queda, tratar de ir avanzando en las investigaciones de otros casos que tienen pendientes.

Crimen organizado y corrupción

La fiscala general interina dijo que, según su criterio, la política criminal debe ser enfocada a luchar contra el crimen organizado y la corrupción.

Explicó que eso no significa que se dejen de lado las investigaciones sobre otro tipo de delitos y que en algún momento por la falta de recursos se tendrán que aplicar criterios de oportunidad para delitos de bagatela.

"Las personas van a tener que entender que es mucho más grave un problema de corrupción a que me roben el celular o que me rayen el carro.

Para dar una idea de por qué la corrupción tiene un impacto social muy dañino, puso ejemplos de lo que sería un robo de dineros para invertir en educación o en salud.

"La gente tiene que entender las consecuencias de un acto de corrupción, porque eso implica que la plata que tiene el país para estudio o educación se la roban. Entonces, no se pueden hacer escuelas, darles pupitres, pagar maestros si eso sucediera. Deben entender que la plata que tiene el Seguro Social (a manera de ejemplo) alguien la robó y entonces no hay plata para construir hospitales, para más médicos y pasa lo que está pasando, no hay citas, no hay operaciones", manifestó.

Anunció que ante la existencia de casos tan complejos como los créditos de la banca pública a la fábrica de plástico Yanber y al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, entre otros, se reunió con Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para determinar cuáles son prioritarios.

Por eso le dijo: "Bueno, don Wálter, necesito priorizar estos asuntos que son de interés publico, no mediático. Hay que priorizar por el mayor daño social para el país y va a dejar asuntos particulares en lista de espera, porque necesito que los auditores resuelvan toda esta evidencia".

Navas llamó la atención sobre otra de las dificultades: muchos fiscales son personas jóvenes, muy capaces, con mucha disposición, pero quienes apenas están empezando a hacer carrera y en algunas situaciones rechazan o dejan de lado casos de corrupción.

"Nos preocupa los expedientes (denuncias nuevas) que hay por la falta de conocimiento de los fiscales nuevos, que no reciben, no tramitan o desestiman en asuntos de corrupción (...)

"Hay hechos de corrupción que son denunciados en prensa o por vecinos pero que no son debidamente atendidos, ya sea porque vienen a poner la denuncia y verbalmente se les dice que eso no es delito, que no se puede probar, que no va a parar en nada, lo agarran y la desestiman", dijo.

Agregó que esa misma situación sucede en delitos de fraudes como robo de propiedades, denuncias contra notarios, casos de ciberdelincuencia, en los cuales algunos fiscales no entienden o no conocen y por tanto no se abren los procesos.

"Nada de eso es voluntario, estamos hablando de fiscales muy nuevos, la mayoría no lo hace de forma dolosa, pero no tiene el conocimiento", señaló.

Para solventar este problema, pidió a Carlos Meléndez, fiscal anticorrupción, que visite cada una de las fiscalías del país y, con la ayuda de los funcionarios con más experiencia, comience a orientar en esas situaciones.

Igualmente, afirmó que Mayra Campos, desde la Unidad de Capacitación, va a reforzar la formación de los nuevos fiscales.

"Esa unidad había estado, desde mi perspectiva, desatendida y los fiscales no habían sido formados. Además, esa apatía que existía desde las jefaturas hacía que no se involucraran. Desde diciembre yo les pedí que tenían que hacerlo y que la experiencia la transmitieran a los fiscales nuevos. Es un poco difícil el cambio. Lo vamos a ver no en pocos meses, sino que va a tardar un par de años para que la calidad del servicio aumente", dijo.

No siente amenazas

Emilia Navas dijo que por el momento no ha recibido amenazas por su trabajo y explicó que cuenta con custodios porque así lo establecen los protocolos.

Manifestó que en la función que desempeñan es normal que personas que son investigadas en alguna situación reaccionen y presenten quejas en el mismo expediente o promuevan denuncias en contra de los fiscales.

Consultada sobre la denuncia que presentó la semana anterior el legislador Otto Guevara sobre un presunto abuso de autoridad, dijo no poder referirse al asunto puntual. Empero, afirmó: "Estoy sumamente serena y tranquila porque todo lo que se ha hecho ha sido apegado a la ley. Entonces, no me preocupa en lo absoluto que él o cualquier persona que esté siendo investigada tome una decisión de acusarnos".

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Navas dijo que la ciudadanía puede estar segura de que ella tiene muy claro lo que tiene que hacer y hacia dónde dirigir la Fiscalía.

En este momento la Corte Suprema de Justicia se encuentra en el proceso para designar al fiscal general. Aparte de Navas, concursan por el cargo Manuel Gerardo Fallas Calderón, Guillermo Antonio Hernández Ramírez, Ramón Alberto Montero Loaiza y Ronald Eduardo Segura Mena.

Colaboraron con esta información los periodistas: Irene Vizcaino, Hugo Solano, Ronald Matute, Armando Mayorga y Vanessa Loaiza.