El diputado libertario Otto Guevara denunció penalmente a la fiscala general, Emilia Navas, y al director del OIJ, Wálter Espinoza, por la requisa "exhaustiva" que le hicieron a su vehículo el 29 de noviembre del 2017, como parte de las investigación por el caso del cemento chino.
La semana pasada, Guevara les achacó los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de la inmunidad legislativa y actividad procesal defectuosa.
"Hoy, si alguien va a pedir una certificación, señores del PLN, hoy aparecerá que Emilia Navas, quien aspira a ser fiscal general, tiene una denuncia presentada por abuso de autoridad y por violación de fuero y, además, por actividad procesal defectuosa por la forma en que se realizó esa actividad. No me voy a quedar con los brazos cruzados ante la violación de mis derechos fundamentales por parte de la señora fiscal", dijo Guevara en el plenario de la Asamblea Legislativa.
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Él alega que tanto Navas como Espinoza violaron la autorización que emitió la Sala Tercera para allanar sus oficinas en Cuesta de Moras y su casa de habitación en Escazú.
Este aval es necesario cuando se trata de miembros de los supremos poderes, como es el caso del cinco veces candidato presidencial del Movimiento Libertario (ML).
Guevara asegura que la autorización de los magistrados penales no incluía la posibilidad de realizar un allanamiento a su vehículo en la vía pública. Según él, solo se permitía en su despacho y vivienda.
También, cuestiona que, cuando se le detuvo, no estaba presente la fiscala Navas, un requisito indispensable que fijo la Sala Tercera, y que se le impidió su derecho al libre tránsito.
Guevara fue bajado de su vehículo ese día a las 8:30 a. m. en una calle conocida como Los Gatos, ubicada un kilómetro al sur del parque de Escazú. Tras ser abordado por los agentes del OIJ, tuvo que tomar un taxi.
El vehículo era un Land Cruiser Prado, y estaba a nombre de Centriz Costa Rica S. A., una sociedad dedicada al arrendamiento de autos.
"Señorías, ustedes saben que nosotros disponemos de un fuero especial, tenemos un fuero especial y para poder realizar un allanamiento de estos se requiere una autorización de la Sala III que muy puntualmente señala los límites de ese allanamiento y, además, señala que en el allanamiento tiene que estar presente la fiscal general, señorías nuevamente los pongo en mis zapatos".
"La Sala Tercera, en la autorización que le da a la Fiscalía, le dice que la autorizan a hacer allanamientos en la oficina del diputado Otto Guevara y en su casa de habitación, únicamente para buscar temas relacionados con Sinocem. Me detienen en vía pública en Escazú, me meten un vehículo adelante, se bajan dos oficiales del OIJ, me golpean el vidrio y me dicen 'tenemos la orden de la fiscal general de decomisarle su teléfono'.
"Entrego el teléfono y empiezan a hacer el acta de secuestro. Viene otro vehículo del OIJ y se me pone atrás, impidiéndome el libre tránsito. Se bajan cuatro personas más y, luego, estas personas nos dicen 'bájense del vehículo' al chofer y a mí, 'tenemos ordenes de la fiscal general de hacer una revisión exhaustiva del vehículo' y se meten seis personas en mi vehículo a hacer una revisión exhaustiva. Ahí me dan un acta de secuestro de la tablet, de la computadora, revisan el maletín ejecutivo, apilan unos documentos, sacan fotografías a otros, sin la presencia de la fiscal general, sin que hubiese sido autorizada la fiscal general para hacer un allanamiento en vía pública a un vehículo.
"Luego de una hora de estar privado de mi derecho a transitar libremente, me dicen 'tenemos que sellarle el vehículo, váyase a pata. Al anochecer va a venir la fiscal, si quiere se queda por aquí'.
"Eso es a las 10 de la mañana. La fiscal tiene que recoger unos expedientes que ellos apilaron en la parte trasera del vehículo. A dos meses de las elecciones, a dos meses de las elecciones", relató Guevara.
Esas declaraciones la emitió durante la discusión del levantamiento de la inmunidad al magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, también por el caso del cemento chino.
'Allanamientos espurios'
El libertario asegura que ha sido víctima de "allanamientos espurios" y de la "utilización del músculo de la Fiscalía para fines políticos".
Insistió en que esas pesquisas se realizaron a solo dos meses de las elecciones nacionales del pasado 4 de febrero, donde él figuraba como candidato presidencial del ML, a pesar de que la denuncia en su contra se presentó desde junio del 2015.
Él junto al diputado Victor Morales Zapata —ahora independiente pero antes del PAC—, son investigados por el aparente delito de tráfico de influencias en favor del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños,.
Bolaños descuenta prisión preventiva por cuatro presuntos delitos relacionados con el manejo del financiamiento que el Banco de Costa Rica (BCR) le otorgó a una de sus empresas, Sinocem Costa Rica, para traer cemento al país, y por el cual quedó debiendo $25 millones.
Guevara insiste en que él no realizó nada anómalo, que solo envió tres cartas, entre diciembre del 2014 y enero del 2015, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), señalando la necesidad de reformar el reglamento de comercialización del cemento, el cual impedía la comercialización de esa materia prima con más de 45 días de antigüedad.
Agregó que el Libertario realizaba gestiones de ese tipo desde el año 2009, como "algo que hacemos muy habitualmente los diputados" y que no se ha logrado comprobar que sus gestiones hayan influenciado indebidamente sobre el presidente de la República, Luis Guillermo Solís y el entonces ministro de Economía, Welmer Ramos.
Otto Guevara también dijo que esta no es la primera vez que gestiones del Ministerio Público interfieren en sus aspiraciones políticas, que lo mismo ocurrió en las elecciones del 2014, cuando, según él, de previo se le achacó una aparente legitimación de capitales en el financiamiento de la campaña electoral del 2010.
Dijo además, que la Fiscalía no solo realizó este tipo de acciones en contra del Libertario, sino también en contra de la Unidad Social Cristiana (PUSC).