Judiciales

Bloqueo de celulares en cárceles no ha servido, revela Gerald Campos, ministro de Justicia

En entrevista con ‘La Nación’, jerarca afirmó que a su ingreso en el Ministerio descubrió un ‘barco con huecos’ y muchas facilidades dentro de los centros penales para delinquir mediante líneas telefónicas

Si bien se desempeñó por 30 años como funcionario judicial, el ahora ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, le abrió las puertas a un área en la que no se había especializado: el sistema penitenciario.

Quien hasta el 8 de mayo era subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), asumió el mando de lo que él considera una institución desactualizada y con necesidad de una reforma profunda. En entrevista con La Nación, Campos externó sus prioridades a pocas semanas de ingresar a un mundo que solo conocía desde la trinchera judicial.

Sus ambiciones incluyen recurrir a la ayuda internacional para modificar de raíz el sistema de bloqueo de señal celular en las cárceles, el cual para él no ha servido en sus menos de dos años de implementación; trabajar junto con el Instituto Nacional de Criminología (INC) para que de forma objetiva se aclare la situación de cada privado de libertad y mejorar las condiciones de trabajo de los policías penitenciarios, quienes no dan abasto frente al crecimiento de la población carcelaria.

– Llego a un área que no ha sido mi especialidad en los últimos 30 años, yo tengo 30 años de trabajar dentro del Poder Judicial y la mayoría como policía del OIJ, en el cargo de subdirector en los últimos años.

“Me encuentro un sistema penitenciario con una estructura ineficiente, que no tiene la capacidad real de darle soporte a todas las personas que en este momento tenemos dentro de ese sistema, que son alrededor de 15.000 personas. Yo tengo apenas 4.500 compañeros (policías) penitenciarios, de los cuales un 10% los perdemos por asuntos de incapacidades, de situaciones propias que no les permiten ejercer su labor; entonces, en promedio lo que me quedan son 4.000, yo los parto a la mitad porque no trabajan 24/7, lo que tengo son 2.000 para atender un sistema penitenciario de 15.000 personas. Según los últimos datos, un promedio de casi 2.800 policías es el faltante para buscar ser un poco eficientes.

“Yo ocupo mano de obra policial que pueda capturar a los 18 años (con una oferta salarial que oscila entre ¢400.000 y ¢500.000), para poderlos capacitar y poderlos formar, ¿por qué? Porque ocupó la parte física. El policía es muy físico, de reacción, tiene que estar preparado ante una eventual agresión o posibilidad de fuga, que es lo que se puede dar ahí. Lo ocupo con una vida útil de 30 años, si pudiera menos mejor, entonces si yo lo contrato a los 18, ya a los 48 necesito que él se vaya a descansar, pero el sistema ahorita me obliga a tenerlo a los 65. Vea lo complicado, el trabajo es desgastante, yo creo que ningún otro compañero, servidor público, entendería lo que es trabajar en un sistema penitenciario. Es estar prácticamente encarcelado.

“Atacamos mucho o hablamos mucho del factor corrupción, yo no justifico que un servidor público sea corrupto indistintamente del salario que perciba, es un asunto de principios y de formación, pero ¿qué posibilidad tengo para captar personas de excelentes principios cuando la retribución económica no es acorde a la función que ellos cumplen?”

– Me encuentro que hay muchas facilidades dentro de los centros penales para poder delinquir mediante el uso de líneas telefónicas y cuando revisó la legislación me doy cuenta que la reforma lo que hace es trasladarles a las empresas que dan señal celular la responsabilidad de vigilancia de sus líneas.

“Entonces, si esto es así, ¿para qué ocupamos policías en el país? Que lo haga el sector privado. No, la seguridad tiene que volver a manos de la Policía y esa es la reforma que yo quiero plantear, que nuevamente el sistema penitenciario tenga a cargo la seguridad de los centros penales y la estrategia de ataque contra todas las señales, no solo las celulares. Las señales abiertas que vienen producto del wifi y, eventualmente, telefonía satelital, pero más el wifi que son las que generan problema y en las cuales no hay bloqueo porque la legislación no las contempla”.

– Si usted pregunta los datos estadísticos a nivel de OIJ, por la recepción de denuncias, hasta abril de este año teníamos denuncias por un monto económico que implicaba ¢1.400 millones estafados a los ciudadanos costarricenses. La respuesta es no ha servido (el bloqueo celular), en el tanto existan estafas donde la inteligencia nos diga que provienen de los centros penitenciarios, no ha servido. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho para que esto cambie? Al día de hoy no se ha hecho nada.

“Ahora vamos de la mano, trabajando por un lado la reforma de la ley (de Telecomunicaciones) para poder retomar nuevamente la vigilancia desde el sistema penitenciario de todas estas señales, pero también la cooperación con gobiernos amigos, para que nos expliquen cómo sí es posible en otros centros penales fuera de Costa Rica y que sea una realidad acá”.

– Vecinos, el problema es que eso es información sensible y no queremos revelar tanto hasta que ya esto sea una realidad y lo podamos presentar, que ese es mi compromiso. Ahora queremos nuevamente asumir la responsabilidad del bloqueo, pero eso va a tener un costo que ya no lo van a asumir las operadoras como tales, sino que tenemos que asumirlo nosotros y todo eso implica dinero y hay que trasladar ese costo a las operadoras del servicio, porque para ellos la telefonía celular y los sistemas de cable es un negocio y uno lo entiende, pero ese negocio me genera una posibilidad de cometer delitos, entonces hay una responsabilidad social también.

– La fecha exacta el señor presidente de la República la va a decir cuando tengamos certeza del momento en que se adjudique, con la ayuda de gobiernos (amigos) para que vengan los técnicos acá e instalen y capaciten, en ese momento le diremos al país: ‘Tal centro en este momento es cero comunicación’. Yo estoy avanzando consiguiendo el paquete completo, que nos lo donen, lo estoy justificando con la realidad de Costa Rica.

– Hay chips de todo tipo, porque ahora la telefonía abierta. Usted trae un chip de Panamá, lo pone en su teléfono y funciona con línea panameña.

– La nota que enviamos a los jueces (sobre la asignación del dispositivo a determinada población) es porque como funcionarios del Estado tenemos que hacer un uso óptimo de los recursos. Entonces yo le digo, si vamos a usar esa herramienta, que sea en aquellos casos que verdaderamente tengamos el nivel de contención y no llevarnos la sorpresa de que no podamos tan siquiera dar seguimiento.

“Me preocupa porque el país paga muy caro por día el monitoreo (electrónico) y a veces hay gente que fallece y no llega la orden de desconexión y simplemente se sigue pagando por un servicio que no se está utilizando”.

– Sé que toca abrir los sobres ahora en julio y vamos a revisarlos con lupa y si no nos convence, vamos a decir que no, pero hay algo cierto, yo no voy a apostar por cosas que no sirven y voy a ser muy sincero, porque aquí esos son dineros de todos. También estoy asesorándome con gobiernos amigos de cómo funciona eso, a qué empresa se los han dado y por qué nosotros no hemos contactado a esas empresas, quiero revisar eso, va a haber gente que va a quedar contenta y otra que no va a quedar contenta.

– Mi visión es no seguir viendo al Ministerio de Justicia como solamente un área para tratar de tapar goteras o de tapar huecos y que el barco no se hunda. El sistema penitenciario costarricense tiene un atraso de más de 30 años, no ha habido o no existe una normativa legal que lo regule adecuadamente.

“Para el tema que usted refiere, tenemos el Instituto Nacional de Criminología (INC), yo necesito un Instituto que se encargue de hacer un análisis exhaustivo de cada una de las personas que integran el sistema penitenciario, me refiero a cada uno de los privados de libertad, que analicen todo su entorno y que recomienden todo este tipo de medidas de una manera objetiva, de una manera clara y organizada para evitar saturaciones innecesarias en cada una de las partes del sistema”.

– Eso lo queremos fortalecer. De hecho, tenemos convenios de capacitación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Hay muchos privados que generan muchas manualidades y hay lugares donde estamos visualizando que ellos produzcan sus artesanías y puedan venderlas. Hay lugares donde sí tienen estas posibilidades de poder trabajar y devolverle al Estado parte de la inversión que se hace en ellos, pero sí tenemos que fortalecerla, lo que pasa es que el barco que encontré por todos los lados tenía huecos.

– Es impactante estar ahí y ver a los hijos de ellas también en esas condiciones. Es que tenemos menores privados de libertad, están en una cárcel y sin sentencia. Hay mujeres privadas de libertad que pasan todo el proceso de embarazo, dan a luz, nace un niño, tiene que estar ahí y se quedan en condiciones que no son las más adecuadas.

“Hemos visto que hay mujeres privadas de libertad porque cometen un error y muchos de esos errores tienen que ver con una situación de debilidad donde se les ha obligado inclusive a llevar droga a los centros penitenciarios y es ahí donde se les procesa. Por eso es que me reuní con el Instituto Nacional de Criminología (INC), para ver todos estos casos y ver qué posibilidades podemos dar de un cambio de medida con una recomendación basada en un estudio”.

– Necesito reunirme con el jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para ver qué convenio hago, saber si es más fácil que yo lleve al privado de libertad al centro o que venga el médico al centro, determinar qué es lo mejor, porque al final de cuentas es el Estado el que tiene que dar el servicio.

“Ya el día de ayer (miércoles 22 de junio), en horas de la mañana, la viceministra de Gestión Estratégica se reunió con la directora del Hospital San Rafael. Empezamos esos enlaces para ver cómo podemos mejorar el servicio de salud de los privados de libertad”.

– Se están cumpliendo los límites en cada uno. No es como antes que estaba tan colapsado, ahora estamos creo que en un 95%, pero aún así no son las condiciones adecuadas, entonces tenemos que mejorar.

“Yo recibo el Ministerio y me dan la bienvenida diciendo que no hay posibilidades de alimento para los privados de libertad, que había problemas con el Consejo Nacional de Producción (CNP), que no había proveedores. Ese fue el primer problema serio que tuve que resolver en mi gestión y lo que hicimos fue hablar con el presidente Ejecutivo del CNP y con el Ministerio de Hacienda, teníamos 24 horas de conocernos. Debemos de tener cuidado porque si no respetamos las normativas vamos a terminar acusados, es que viera qué complicado es trabajar en el Estado por todo el régimen burocrático”.

–Yo puedo ir a juicio en cualquier momento, solo estoy esperando que se señale el juicio. Ese juicio se va a hacer sobre hechos disciplinarios que ya la Corte archivó. Entonces ahí está, ya está aportada toda la prueba, simplemente quiero llegar y dejar las cosas en su lugar y hablar con nombres y apellidos, para ver si eso fue algo irregular mío o un montaje porque estuvimos investigando corrupción. El más deseoso de ese juicio soy yo y lo he dicho desde hace siete años, pero no depende de mí y yo respeto el sistema judicial.

Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

Eillyn Jiménez B.

Eillyn Jiménez B.

Periodista de la Sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de Las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana.

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