¿Se metió el crimen organizado en el fúbol de Costa Rica? Asesinatos, balaceras, fraudes, estafas, amaños, lavado de dinero, narcotráfico. Palabras que son usuales en un juicio, un noticiero o la sección de Sucesos de La Nación, pero que desde hace 15 años, y cada vez más, también forman parte del balompié de nuestro país.
Se trata de una línea de tiempo marcada por canchas, balones, mucho dinero y también sangre. Podríamos empezar en distintos puntos para seguir el rastro de violencia que carcome al balompié tico. Tomemos un ejemplo: hay que devolverse 17 años, al 16 de febrero del 2009, y seguir los indicios de pólvora, drogas, casquillos y homicidios.
El 16 de febrero del 2009, Adrián Castro Velásquez, presidente de Puntarenas F. C. de 50 años, manejaba su pick-up a las 5:30 p. m. por la carretera Interamericana Norte. Castro pasó por la cárcel en 2001, tras ser declarado culpable de estafa en el caso de los certificados de abono tributario (CAT).
Mientras circulaba cerca de Barranca, el directivo fue interceptado por dos encapuchados a bordo de una moto, quienes se le acercaron, sacaron un arma de fuego y le dispararon en dos ocasiones en el pecho y la cabeza. Murió al instante.
Este fue el primer shock. Nunca antes un jerarca del fútbol tico fue asesinado por un sicario, y no hablamos de cualquier directivo. Adrián Castro fue fundador de Puntarenas F. C. junto a un connotado empresario que luego presidiría la Fedefútbol, Eduardo Li Sánchez.
Desde entonces pasaron 17 años y el asesinato de Castro quedó impune. Nunca se detuvo a ningún sospechoso. No se supo el motivo del homicidio. Pero la historia de los acontecimientos delictivos en el fútbol nacional apenas comenzaba, y hoy es imposible negar sus aparentes vínculos con el narcotráfico.
Aparentes dineros espurios
Apenas dos años después del asesinato de Castro se empezaron a encenderse alarmas de que al fútbol estaban entrando dineros de orígenes cuestionables, alarmas que nadie escuchó.
Antes de que ocurra un arresto primero hay rumores y sospechas. Pero cuando hablamos de fútbol hablamos de pasión, y muchas veces los dirigentes y aficionados están dispuestos a no ver, no escuchar y no hablar mientras el dinero llegue, las cuentas se paguen, los salarios se depositen y al equipo le vaya bien.
Así lo explica la criminóloga Tania Molina, quien ha estudiado de cerca las dinámicas del lavado de activos y la corrupción.
“El fútbol es atractivo para el crimen organizado”, afirma. “Es un vehículo ideal porque se mueven cifras enormes en efectivo. Las redes criminales manejan una economía criminal; ya no combaten al Estado ni a las redes corporativas. Ahora se les coloniza. A eso se suma una adhesión social masiva porque la gente se vuelve loca y nadie pregunta quién está comprando lealtades; lo vimos en Medellín con Pablo Escobar“, analizó Molina.
Algo así ocurrió con Minor Vargas, un reconocido empresario costarricense que llegó a ser presidente de Brujas (al cual hizo flamante campeón de Primera División), Saprissa y Barrio México. Era el hombre del momento, muy bien conectado, con muchos recursos económicos y dueño de varios clubes en segunda división. Su nombre ya sonaba como posible presidente de la Fedefútbol.
Pero el 19 de enero del 2011 se cayó la fantasía. Minor Vargas fue arrestado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Nueva York. Se le señaló como responsable de utilizar su reputación en el fútbol para sostener un masivo esquema de fraude piramidal y de seguros de vida en Estados Unidos que alcanzó los $670 millones. De pronto todos “entendieron” de dónde venía tanto dinero.
En 2012, Vargas fue condenado a 60 años de prisión en Estados Unidos, culpable de siete delitos de fraude y tres de lavado de dinero. El lavado de dinero ya había alcanzado (al menos públicamente) a la Primera División de Costa Rica, y se cobró la vida del Brujas F. C.
Revista Dominical consultó a directivos y exdirectivos de alto rango que han estado vinculados al fútbol por los últimos 20 años. Algunos prefirieron mantener su nombre en anonimato, pero relataron tener conocimiento de prácticas cuestionables, no solo en el pasado, sino actualmente.
Un alto ejecutivo dijo conocer casos de equipos de segunda división que inflan sus números de asistencia a los estadios, de manera que pueden justificar ingresos extraordinarios por medio de taquillas. También afirmó que a jugadores de equipos no profesionales se les pagan hasta $1.000 por ir a jugar un partido. ¿Quién lo paga? Ni idea, pero hay futbolistas de Primera División que no ganan eso en un mes.
Pero las alertas no vinieron solas. Meses después del arresto de Vargas, las acusaciones de legitimación de capitales volvieron a sacudir al fútbol tico.
Casos sospechosos en el fútbol de Costa Rica
En junio del 2011, el presidente y principal inversionista de Limón F. C, Carlos Howden Pascal, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), acusado de legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas en EE. UU. Limón F. C. cayó en un abismo.
Las cuentas bancarias de Pascal fueron congeladas y la Fiscalía lo acusó de supuesto lavado de dinero. Aunque Pascal fue absuelto en 2015 (y en 2019 retomó el control de Limón F. C.), el equipo vivió años de zozobra e inestabilidad que lo llevaron a estar en manos de un joven abogado del que hablaremos más adelante, Celso Gamboa.
Vendrían nuevos casos. El 26 de mayo del 2015, el FBI reventó el mayor escándalo deportivo de la historia, el FIFA Gate. En coordinación con la Justicia de Suiza, el buró irrumpió con un megaoperativo en un hotel de Zúrich y arrestó a altos funcionarios del fútbol mundial por cargos de sobornos, fraudes y lavado de dinero que ascendían a $150 millones.
Entre los detenidos estaba Eduardo Li Sánchez, entonces presidente de la Fedefútbol. Li fue acusado de fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y recepción de sobornos.
El empresario se declaró culpable en Estados Unidos, estuvo preso unos meses y luego tuvo libertad supervisada. Se conoció que cooperó con la Justicia estadounidense y su sentencia se vio reducida.
Pero este caso fue una prueba más de que la corrupción carcomía los cimientos del fútbol tico. Todos pensaban que el FIFA Gate marcaría un antes y un después, y lo hizo, pero no necesariamente para bien.
“La pasión que genera el fútbol produce una tolerancia ciudadana al escándalo, cuando el equipo gana, las preguntas sobre quién financia no importan, no se hacen, se silencian solas”, advirtió la criminóloga Tania Molina.
Narcotráfico y fútbol
A partir del 2015 empezaron a salir, con cierta regularidad, noticias que pintaban una compleja telaraña entre el fútbol costarricense y el crimen organizado. Desde jugadores arrestados, más directivos asesinados y propietarios detenidos.
En 2018 la entonces fiscala Emilia Navas confirmó que el Ministerio Público investigaba por narcotráfico y legitimación de capitales al entonces presidente del Club Sport Herediano, David Patey, y al empresario Michael Brannon. Se trataba de una pesquisa “compleja” que inició en 2015.
Patey era ampliamente conocido no solo en el fútbol, sino también en el ámbito empresarial por sus empresas en Liberia, Guanacaste, y sus negocios con el polémico empresario Juan Carlos Bolaños, luego conocido por el caso “Cementazo”. Brannon, por su parte, se dedicaba al negocio de la apuestas deportivas, según dijo el propio Patey.
El empresario estadounidense renunció a la presidencia del club florense en marzo del 2018. Pero las pesquisas no llegaron a nada. En 2019, cuando La Nación le preguntó a la Fiscalía General los motivos para desestimar el proceso penal contra Patey y Brannon, esa entidad respondió que la inacción durante cuatro años afectó “de manera irremediable” la investigación. El caso no llegó a nada más.
Luego, dos jugadores fueron arrestados por vínculos con el narco. El primero fue el portero Román Arrieta, el 12 de abril de 2018, cuando aún era el arquero titular de San Carlos en la Liga de Ascenso. Arrieta fue señalado por tráfico de drogas y lavado de dinero luego de dejar su celular olvidado en una escena del crimen.
Finalmente, el arquero se sometió a un proceso abreviado, aceptó haber traficado, recibió una pena de siete años en prisión pero salió antes en libertad condicional, en 2020. Ese mismo año volvió a las canchas con San Ramón.
Otro arresto de 2018 fue del exfutbolista Rayner Winyi Robinson, acusado de integrar una banda narco liderada por dos hermanos suyos, por entonces en fuga. Dos años después, el exjugador fue condenado a 9 años de cárcel por narcotráfico.
De hecho, el fútbol de ascenso, el no profesional, el que convive con la escasez, es el que muchas veces parece más expuesto a caer en las garras del crimen organizado. Por eso, Revista Dominical habló con el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), Juan Carlos Román.
Peligro para el fútbol de ascenso
“Nosotros creemos que debería haber, por lo menos en la segunda división B (primera de Linafa), una licencia que nos permita evaluar aspectos importantes sobre el origen de los ingresos de nuestros equipos. No lo hemos podido comprobar, pero hemos visto equipos que meten jugadores experimentados que sabemos que no están de gratis, y eso es preocupante”, dice Román.
Linafa tiene una grave debilidad, ya que para tener un equipo de fútbol en esa liga no es necesario tener una personería jurídica; es decir, basta con rellenar unos cuantos documentos.
“Cuando inició Linafa nosotros teníamos personerías jurídicas, pero en un momento, por una apelación, Icoder indicó que no podíamos pedir personería porque éramos una división aficionada. Eso nos quitó la posibilidad de tener controles más estrictos, solicitar libros contables y ver de dónde vienen los recursos. Ya no tenemos eso, pero estamos haciendo gestiones para reinstaurarlo a partir del próximo año. A nosotros nos preocupa mucho el lavado de dinero, porque no hay control“, agregó Román.
En 2019 llegó otro shock, otro evento de sangre que, además, evidenció la aparente infiltración criminal incluso en cuerpos directivos.
“La pasión que genera el fútbol produce una tolerancia ciudadana al escándalo”
— Tania Molina, criminóloga
El 29 de setiembre, Marcelo Alonso Torres González, de 43 años, vicepresidente de La U Universitarios, fue emboscado por pistoleros en el parqueo de Terramall, en La Unión de Cartago, luego de un partido entre los académicos y el Cartaginés. También resultó herida una mujer de 30 años.
No era la primera vez que atentaban contra Torres. En junio del 2018 otros dos gatilleros le dispararon en tórax, cara y brazos mientras tomaba café en un local en Lindora, Santa Ana. Sobrevivió.
Sin embargo, la segunda fue insalvable para Torres, que falleció el 27 de octubre en el Hospital Calderón Guardia, tras pasar un mes padeciendo con una herida de bala en la cabeza.
Lo más impactante trascendió tras su muerte, cuando se conoció que la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos lo investigaba desde hacía meses como parte de una supuesta red de tráfico internacional de drogas desde Colombia hacia Guatemala. Una prueba más de la infiltración de dinero de dudosa procedencia en el fútbol. Vamos sumando.
Al igual que en el caso de Adrián Castro, hasta el momento la Policía Judicial sigue sin resolver el asesinato de Marcelo Torres, ni se ha oficializado un móvil para estos crímenes.
Marcelo Torres era cuñado del extraditado Celso Gamboa, una figura prominente en la política, la justicia y el fútbol, hasta que cayó.
Lavado y extraditados
En 2020, Limón F. C. sobrevivía con dificultades tras años turbulentos cuando su propietario, Carlos Pascal, vio una oportunidad en un abogado que fue dado de “baja deshonrosa” luego de que la Asamblea Legislativa lo destituyó de su cargo como magistrado de la Sala III tras múltiples cuestionamientos por presunta corrupción.
Celso Gamboa fue presentado como nuevo presidente de Limón F. C. Una persona con conocimiento del asunto que habló con RD recordó que, en una ocasión, Gamboa habría dicho que “si se juega un partido en Limón nadie se tiene que preocupar, porque doy la orden y acá no pasa nada. Ese será el día más seguro en Limón”.
Tras un paso sin demasiados sobresaltos, el exmagistrado dejó Limón F. C. en agosto del 2021, pero no dejó el fútbol. Siempre se mostró cercano al equipo Limón Black Star de la Liga de Ascenso. Incluso patrocinó al equipo y se tomó fotografías con el presidente del club, Christian Williams, aunque luego Williams negó cualquier vínculo.
Unos años después se destapó la caja de Pandora. El lunes 23 de junio del 2025 Gamboa fue detenido por solicitud de la DEA para extraditarlo a Estados Unidos acusado de presunto tráfico internacional de drogas desde 2017, cuando aún era magistrado.
La DEA rastreó desde 2020 una red vinculada al Clan del Golfo (Colombia) y al Cartel de Sinaloa (México). En ese esquema, Gamboa sería el cabecilla en Costa Rica. Junto a él fue detenido y extraditado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quien en el pasado fue su defendido en diversas causas judiciales.
Como si fuera poco que un exdirectivo del fútbol tico fuera extraditado por la DEA, ese organismo norteamericano proporcionó más indicios: el expediente de extradición de Gamboa señaló que tanto él como Edwin López usaron un club de fútbol de Costa Rica para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
¿El equipo? El Departamento del Tesoro le puso nombre: Limón Black Star. Ese que Gamboa patrocinó y con cuya camiseta se tomó fotografías. Un hijo de López Vega, Jonedzel López Tyndall, también jugó en el conjunto limonense.
De hecho, este 23 de junio fueron detenidos dos exjugadores de la Primera División, Elking Scoby y Ronald Corrales, como sospechosos de integrar una estructura de Edwin López. Según el sitio especializado Transfermarkt, el último equipo profesional de Scoby fue Limón Black Star FC. En 2022, Scoby también formó parte del proyecto Marineros FC, impulsado por Celso Gamboa (quien expresamente le pidió sumarse al equipo).
Por si quedaban dudas
Pero más recientemente, ya en 2026, dos acontecimientos más sacudieron al fútbol tico.
El 28 de marzo tres hombres fueron asesinados en una finca en San Mateo de Alajuela. Los sujetos fueron ejecutados y sus cuerpos fueron lanzados a un pequeño barranco junto con un vehículo Toyota Hilux. Tenían la cabeza cubierta con cinta adhesiva y bolsas plásticas y estaban atados de pies y manos con gazas plásticas.
Uno de los asesinados era Andrey Castro Bonilla, hombre de 46 años que figuraba como presidente del Municipal Puntarenas, el otrora equipo fuerte de la Primera División que actualmente está en la segunda B de Linafa. Otro directivo asesinado.
El OIJ estableció como principal hipótesis del asesinato un ajuste de cuentas vinculado con el narcotráfico. Castro Bonilla presidía varias sociedades dueñas de negocios como un gimnasio, un restaurante y el propio cuadro chuchequero.
Por si fuera poco, el OIJ allanó un embarcadero de lanchas propiedad de Castro ubicado en El Cocal de Puntarenas y encontraron nueve armas de fuego tipo AK-47, M15 y M4, con abundante munición. Los perros entrenados en detección de estupefacientes dieron señal positiva en el lugar, aunque no se ubicó droga.
El caso se encuentra en investigación.
No habían pasado ni tres meses desde el asesinato de Castro cuando cayó otra bomba sobre el statu quo del fútbol tico. Otro arresto, y ya no de un exdirigente o de un jugador retirado: ahora era un prominente presidente en ejercicio.
Wilder Eusse Osorio, colombiano naturalizado costarricense, cabecilla del Municipal Liberia que hace apenas unos meses disputó las semifinales del fútbol costarricense, fue arrestado el miércoles 17 de junio tras una nueva solicitud de extradición de la DEA de Estados Unidos. Al empresario, conocido con los alias de El Soldado y El Tío, se le atribuyen dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína internacionalmente.
Después de todo esto, ¿cómo negar que el fútbol de Costa Rica, en sus horas más bajas, está siendo capturado por el crimen organizado, el narcotráfico, los asesinatos y el lavado de dinero? ¿Qué más tiene que ocurrir?
También trascendió que, en el momento de su detención, Wilder Eusse se dirigía al Hotel Corobicí a una reunión de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), máximo órgano del fútbol de la Primera División tica.
RD intentó hablar con la Unafut para este artículo. Sin embargo, la organización respondió que la fiscalización y licenciamiento son responsabilidades de la Fedefútbol y, por tanto, no atenderían consultas al respecto.
Hablan fiscales
Sí habló con esta revista el fiscal general de la República, Carlo Díaz, quien confirmó que la aprobación de la extradición con Estados Unidos marcó un antes y un después para la persecución del crimen, y esto incluye al fútbol.
“Cualquier forma de economía es atractiva para los criminales, ellos van a tomar cualquier oportunidad que vean para introducir dineros sucios. En el fútbol se mueve mucho dinero, es muy lucrativo, y permite dar apariencia de legal a lo ilegal, por eso lo buscan”, analizó Díaz.
En criterio del fiscal, debe aumentar el monitoreo sobre el dinero que entra al fútbol, no solo desde las autoridades deportivas, sino también desde el Ministerio de Hacienda y otras instancias administrativas.
“Debe haber mayores auditorías, oficinas de cumplimiento, que estén sometidos a las mismas regulaciones que cualquier otra empresa lucrativa para prevenir el lavado de activos. Incluso en Primera División fue hasta después de la captura del presidente de Liberia que se sancionó al equipo, dejando ver que sí había inconsistencias. Eso tiene que trabajarse con mayor rigurosidad”, consideró Díaz.
También habló con RD el fiscal general de la Fedefútbol, Carlos Ricardo Benavides, quien afirmó que desde su oficina se han realizado ajustes al reglamento de licencias con el fin de transparentar el origen de los dineros (bajo su guardia se han cancelado licencias y sancionado jugadores por amaños). No obstante, él tiene claro que sus herramientas tienen un límite que el crimen organizado puede rebasar, por eso, considera vital la colaboración de organizaciones estatales desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
“En ningún país una federación deportiva o incluso un banco pueden garantizar al 100% que el dinero que ingresa es lícito, pese a todos los esfuerzos que pueden ser burlados. Es complejo, solo las autoridades judiciales pueden levantar un secreto bancario, intervenir llamadas y correos, decomisar celulares. Pero nosotros vamos generando barreras y requisitos para complicar que dineros malhabidos ingresen fácilmente. Sé que la Federación está comprometida con eso”, aclaró Benavides.
Eusse fue solicitado en extradición por la misma corte que requirió Celso Gamboa hace un año, pero ahora los platos rotos los pagará el Municipal Liberia y, sobre todo, la comunidad liberiana, ya que el Comité de Licencias de la Fedefútbol les retiró la licencia de competición y deberán buscar suerte en Linafa.
Ese fue el mismo destino que sufrieron las comunidades de Guápiles y Nicoya, luego de que, en 2025, a los equipos de Santos y Guanacasteca se les retiró la licencia de participación en la Primera División por una serie de irregularidades financieras y administrativas detectadas por el Comité de Licencias tras una investigación motivada por publicaciones de La Nación.
Tres comunidades rurales, Liberia, Nicoya y Guápiles, quedaron despojadas no solo del fútbol de Primera División, sino de todo el dinamismo económico que este trae los días de partido. Menos posibilidades de ocio sano para los jóvenes, menos opciones de trabajo, más motivos para sucumbir a las tentaciones ilícitas.
La próxima semana les contaremos más sobre la conexión entre el fútbol, las apuestas y los amaños. Próximamente también escribiremos sobre cómo estos acontecimientos y la desaparición de equipos (Guanacasteca, Santos, Liberia) afectan a las comunidades donde residen; por eso, si usted desea aportarnos su perspectiva al respecto, puede escribirnos al correo revistadominical@nacion.com.
