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Por fin, el fútbol costarricense alineó al equipo que necesitaba para disputar el partido más importante de todos: el de la defensa de la integridad, la transparencia y la credibilidad del deporte más popular del país.
En buena hora, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) reforzó esa formación con especialistas capaces de vigilar el origen del dinero, investigar intentos de amaño y sancionar a quienes pretendan convertir la cancha en un espacio para la corrupción.
La defensa institucional conformada por el Comité de Licencias y por la Oficialía de Integridad ya se impone dentro y fuera de la cancha, mientras el recién creado Órgano de Cumplimiento llega para marcar de cerca a quienes intenten lavar dinero. La nómina integra a profesionales especializados en Derecho, Auditoría, cumplimiento normativo, auditoría forense y prevención de la legitimación de capitales. Eran necesarios porque el bando contrario también recluta expertos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo comprobó desde 2009, cuando exhibió la facilidad de las redes criminales para introducir grandes sumas de dinero en el fútbol. La complejidad de las transacciones (transferencias de jugadores, patrocinios, derechos comerciales, préstamos, compra de clubes) es uno de los portillos.
En 2019, una investigación de La Nación concluyó que algunas de esas debilidades estaban presentes en la regulación local. La razón por la cual el fútbol es tan atractivo para el crimen organizado la evidenció la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2024: el balompié abre puertas para adquirir legitimidad social e influencia.
Si bien el amaño de partidos constituye una manifestación distinta a la legitimación de capitales, ambos responden a la misma lógica de infiltración criminal al permitir la obtención de ganancias mediante apuestas ilegales.
En Costa Rica ya se acumulan cuatro casos sancionados desde 2023, cuando comenzó a operar la Oficialía de Integridad, a cargo del abogado Carlos Ricardo Benavides. El primero fue Puerto Golfito FC, en 2024; le siguió Municipal Turrialba, en 2025, y esta semana se inhabilitó durante 15 años a tres jugadores que militaron en San Carlos F.C. El cuarto caso es de uno de esos jugadores, de solo 27 años, que habría intentado corromper a un integrante de Guadalupe F.C., de Primera División. Por eso, se le castigó con otros 20 años, para un total de 35.
Estos episodios demuestran que los controles aprobados por la Federación llevan a jugadores y clubes a comprender que denunciar es parte del juego limpio. En el escándalo del Municipal Turrialba, como lo comentamos en un editorial del 29 de julio del 2025, 10 deportistas antepusieron la ética, pese a que el presidente del club, el entrenador y un empresario les ofrecieron $300 a cada uno por perder un partido.
La investigación contra los tres exjugadores del San Carlos F.C. también inspira, por la actitud de futbolistas del Deportivo Upala, a quienes prometieron dinero para que perdieran el partido de la Liga de Ascenso que disputarían el 7 de abril de 2025 frente al club sancarleño. Respondieron con un “no”, denunciaron y, para rematar, en la cancha golearon 7-3.
Los controles también aleccionan a los clubes. A Guanacasteca y Santos de Guápiles, la Fedefútbol les quitó su licencia de competición por dudas sobre el financiamiento y administración, como lo revelaron publicaciones de nuestro periodista Esteban Valverde.
Y, este martes, el Comité de Licencias le sacó tarjeta roja al Municipal Liberia, expulsado de la temporada 2026-2027 debido a inconsistencias en su información financiera y legal. La decisión se dio luego de dos prevenciones para que aportaran la información, pero de seguro influyó que, días después, el 18 de junio, el OIJ detuvo al presidente del club, Wilder Eusse Osorio, reclamado por Estados Unidos por presunto narcotráfico.
Otro indicio de cómo el fútbol está bajo acecho lo advirtió la Administración de Control de Drogas (DEA) al señalar a los extraditados Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, de usar un club para lavar dinero proveniente del narcotráfico. El Departamento del Tesoro le puso nombre: Limón Black Star FC.
La inquietud aumenta tras el homicidio de Andrey Castro Bonilla, propietario de hecho del Municipal Puntarenas. El OIJ investiga este caso como una posible disputa por narcotráfico. El hecho es sorprendente, porque Castro ni siquiera estaba inscrito en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) y quien aparecía como presidente era el entrenador. Cuando La Nación le consultó a Juan Carlos Román, presidente de Linafa, si había controles para frenar el ingreso de dinero o de personas de origen dudoso, su respuesta fue reveladora: no es posible.
Por disposición del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), a ninguno de los 30 equipos de esa categoría se les exige personería jurídica. Es decir, cualquier persona o grupo de personas puede inscribir un equipo sin rendir cuentas sobre sus recursos. Sin duda, un portillo que debe cerrarse.
Siendo el fútbol parte del alma de los costarricenses, merece ser protegido con rigurosa supervisión. A los pasos dados por la Fedefútbol, debe sumarse la intervención decidida del Estado por medio del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial. Porque está claro que estos primeros esfuerzos, aunque loables, son solo el inicio del largo camino que aún falta por recorrer.
