El 2019 desenmascaró el rostro más oculto del fútbol de Costa Rica. Al vicepresidente del club Universitarios lo persiguieron dos hombres en moto que lo balearon y, a la postre, asesinaron. La Administración para el Control de Drogas (DEA) relató que existía un lazo entre el dirigente, de nombre Marcelo Torres, y una organización que transportaba cocaína, relató CRHoy.
Tiempo atrás, el Ministerio Público fue explícito al detallar un posible vínculo entre el expresidente de Fuerza Herediana, David Patey, y una estructura que distribuye droga. La Fiscalía solicitó la desestimación de las cuatro causas por las que era investigado a raíz de la inactividad de los expedientes, aunque también estableció la existencia de una estructura criminal.
Dos casos concretos que abren una interrogante, ¿existe algún tipo de control para que el narcotráfico y el lavado de dinero no penetren las estructuras del fútbol tico a través de personas que poseen un vínculo con estos negocios ilícitos?
Este medio escudriñó en los reglamentos de Unafut y del Comité de Licencias de la Fedefútbol con el objetivo de verificar qué tipo de controles se establecen en el país para determinar cuáles personas entran al fútbol.
También comparó lo que mencionan ambos documentos con los puntos identificados por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en un estudio que analiza el uso del fútbol “como vehículo para blanquear las ganancias de actividades delictivas”.
La investigación de La Nación revela que en Costa Rica el reglamento es absolutamente vulnerable, lo que concuerda con los puntos más críticos que señala el estudio del GAFI.
Al mismo tiempo, en la Unafut alegan que es el Comité de Licencias de la Fedefútbol quien debe asumir la responsabilidad de exigir más reglas e incluirlas en los reglamentos; incluso el jerarca, Julián Solano, cree que debería existir un control cruzado, en el que se identifique de dónde viene el capital, a través de un estudio de los accionistas.
En cambio, el presidente del Comité de Licencias, Jorge Gutiérrez, asegura que los requisitos o condiciones que establezca cada club sobre sus funcionarios es interno. Es decir, cada equipo puede elegir a quien quiera y la Fedefútbol solo abriría una investigación en caso de que se produzca una solicitud explícita.
Así las cosas, en Costa Rica no se hace casi nada hasta que el daño ya esté hecho.
Los reglamentos. Al revisar el reglamento de licencias y el de Unafut, ambos concuerdan en algo: los requerimientos exigidos a los clubes para su inscripción son muy básicos.
Por ejemplo, entre las causas para denegar la licencia (una obligación de FIFA para participar en el torneo) se menciona el no cumplimiento de las medidas de las canchas, de la iluminación, o de las porterías, pero en ningún lado se especifica si debe hacerse un estudio a profundidad de los accionistas o de los funcionarios que conforman las sociedades anónimas.
Según el estudio del GAFI, hay cuatro razones esenciales por las que el fútbol es tan vulnerable: El primero, el mercado es de fácil penetración. Es decir, hay escasas barreras de ingreso y una marcada convergencia entre los funcionarios y sector empresarial.
Un hecho más que evidente en Costa Rica, después de los casos antes mencionados, en los que Patey llegó a ser presidente de Fuerza Herediana y Torres vicepresidente de La U.
Como segundo punto se explica que participan muchos intermediarios y en la mayoría de casos mueven dinero. Desde agentes, televisoras hasta sponsors y patrocinadores que actúan en la compra y venta de jugadores. Todos personajes esenciales en el día a día.
Solo basta con retroceder en el tiempo para recordar el sonado caso de los futbolistas serbios, ofrecidos a Liberia por una empresa canadiense, a través de un representante tico del que se desconoce su nombre. El vicepresidente de la Fedefútbol, Sergio Hidalgo, reconoció que hubo un intento de amaño relacionado con estos jugadores durante un partido de los pamperos.
Estructuras de los clubes. Como tercer aspecto, los directivos carecen de profesionalismo, pues es un negocio muy nuevo. Y por último, existe una diversidad de estructuras jurídicas, con poca reglamentación y claridad sobre qué se debe cumplir para representar un equipo.
Este factor también es muy evidente en Costa Rica, pues en muy corto plazo, un funcionario puede asumir la administración de un club con solo recibir el aval del dueño mayoritario de la franquicia, como sucedió con Limón, que lo cedió dos veces en el pasado semestre.
Sin que existiera una investigación previa de la Fedefútbol o la Unafut, el plantel quedó a cargo de dos administraciones distintas en poco tiempo. Uno, el colombiano Jorge Castillo, el otro también cafetero, Dennis Viveros. Ninguno de los dos está hoy en día.
Por desacuerdos económicos, los dirigentes se enfrascaron en una ‘guerra’ durante el semestre pasado, en la que incluso Castillo denunció haber recibido amenazas de muerte de Viveros por supuestos incumplimientos económicos.
Este medio intentó conversar con un representante del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre la falta de controles en el fútbol de Costa Rica, pero el departamento de prensa manifestó que quien debía referirse a estos casos era el Ministerio Público.
Se le hizo la misma consulta a esta entidad, que explicó vía correo electrónico lo siguiente: “El sistema informático del Ministerio no es unificado y tampoco registra causas por modalidad (crimen organizado en el fútbol de Costa Rica). En ese sentido, no es posible conocer si existe alguna investigación activa o no, en relación con el tema de su interés”.
Quien sí ofreció declaraciones fue Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), órgano encargado de crear las políticas, los planes y las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas y la legitimación de capitales.
El funcionario reconoce que hay argumentos muy evidentes que denotan la vulnerabilidad del fútbol y la facilidad con que el crimen organizado puede ingresar dentro sus estructuras.
“Cuando existe un intercambio comercial entre un servicio y una retribución económica y esa retribución se hace en dinero en efectivo, existe vulnerabilidad.
El proyecto. Hace más de dos años, la Fedefútbol anunció la creación de un proyecto conjunto con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), que pretendía generar una serie de normas para garantizar que el capital de los equipos no fuera de origen dudoso.
Inicialmente, uno de los objetivos del proyecto era desarrollar cambios sustanciales en la reglamentación, pero el presidente Solano reconoce que los alcances finales se quedaron, únicamente, en unas capacitaciones para los equipos.
Es decir, no se avanzó en prácticamente nada. Araya afirma que, pese a que se discutió el tema, al final no se firmó un acuerdo formal, aunque asegura que en las últimas semanas se retomaron las conversaciones, a petición de la Federación.
También se intentó conocer la versión del jerarca de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, sobre las revelaciones de esta publicación, pero no atendió las llamadas telefónicas de este medio.