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“Se acabó la red de cuido”. La frase se convirtió en una de las más utilizadas por Rodrigo Chaves durante su paso por la Presidencia de la República. La empleó para cuestionar a políticos, magistrados, fiscales, diputados, medios de comunicación y otros actores políticos que, según él, formaban parte de estructuras de protección dentro del Estado.
Ahora, durante el primer mes de la administración de Laura Fernández, el gobierno otorgó puestos en ministerios, presidencias ejecutivas y despachos institucionales a exdiputados y otras exfiguras de la oposición que evitaron el levantamiento de la inmunidad de Chaves en el Congreso, o que se integraron políticamente a su movimiento.
El exmandatario mantiene hoy el fuero de protección gracias a que Fernández lo nombró ministro de Presidencia y de Hacienda.
Lo anterior impide el avance de causas penales en su contra como BCIE-Cariñitos y el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral del 2022, así como el trámite de una investigación por supuesta beligerancia política en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Así se repartieron los cargos y una nominación
Carlos Andrés Robles, exdiputado del PUSC
El pasado 5 de mayo, durante la presentación de su gabinete, la presidenta Laura Fernández anunció los primeros nombramientos vinculados a figuras que venían de otros partidos.
Entre ellos figuraba Carlos Andrés Robles, uno de los exdiputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) más cercanos a Chaves durante el periodo 2022-2026.
Robles fue nombrado inicialmente presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Sin embargo, al no cumplir con los requisitos académicos exigidos para el cargo, posteriormente fue nombrado ministro sin cartera de Costas, Mares y Pesca.
El exlegislador votó en contra de levantar la inmunidad a Chaves tanto en el caso de BCIE-Cariñitos como en el de supuesta beligerancia.
Robles aseguró que su nombramiento obedece a sus “posiciones como diputado en beneficio del sector pesquero”.
Carolina Delgado, exdiputada del PLN
Ese mismo día también fue nombrada Carolina Delgado. La exdiputada liberacionista, quien se pronunció en contra el levantamiento de la inmunidad de Chaves en las dos votaciones, asumió la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Delgado dijo que las votaciones y decisiones que tomó durante sus cuatro años de gestión fueron en beneficio del país. “No solamente en las últimas votaciones”, aseveró.
Sonia Rojas, exdiputada del PLN
Posteriormente, el 15 de mayo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó a La Nación la incorporación de la exdiputada liberacionista Sonia Rojas como asesora del despacho del jerarca de esa cartera, Leonardo Sánchez.
Rojas votó a favor de levantar el fuero a Chaves por el caso BCIE-Cariñitos, en setiembre del 2025. Sin embargo, durante la votación relacionada con el caso de presunta beligerancia política, en diciembre, la legisladora se ausentó tras programar a última hora una cirugía estética para esas fechas.
Debido a ello, en enero del 2026 la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) decidió separarla de sus filas. Rojas indicó que ejercería su labor legislativa “con plena libertad de criterio, con responsabilidad y apego a la Constitución Política, las leyes y el interés público”.
La Nación consultó a la exdiputada Sonia Rojas sobre los criterios que motivaron su nombramiento. Sin embargo, al cierre de esta publicación, no se había recibido respuesta.
María Marta Carballo, exdiputada del PUSC
El 25 de mayo, la exdiputada socialcristiana María Marta Carballo asumió la Dirección Nacional de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinái). Ella también votó en contra del levantamiento de la inmunidad de Chaves dos veces.
Carballo rechazó que su designación al frente de Cen-Cinái responda a consideraciones políticas. Alegó que cuenta con la experiencia y preparación necesarias para asumir el cargo.
“Tomé decisiones como diputada por convicción propia y con el interés de beneficiar al país”, afirmó al ser consultada sobre si su nombramiento podría interpretarse como una retribución por alinearse al chavismo mientras estuvo en el Congreso.
Gilberth Jiménez, exdiputado del PLN
El 26 de mayo, el exdiputado Gilberth Jiménez fue incluido en la terna propuesta por Costa Rica para optar por la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Jiménez llegó al Congreso por el PLN, pero posteriormente se separó de la agrupación tras constantes enfrentamientos con la dirigencia verdiblanca y cuestionamientos por su cercanía con el oficialismo. De hecho, su voto sobre levantamiento de inmunidad fue negativo en las dos ocasiones.
Jiménez calificó de “mezquindad” los cuestionamientos que vinculan su inclusión en la terna para la SICA con un eventual pago de favores políticos.
“Yo les pido que me den la oportunidad primero que nada de mostrar cuáles son mis cualidades, mis capacidades, qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer”, indicó.
Yonder Salas, exdiputado de Nueva República
La lista también incluye a Yonder Salas Durán, exdiputado del Partido Nueva República (PNR), quien actualmente se desempeña como director regional Huetar Caribe del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Salas, junto con el resto de la fracción del PNR, votó en contra de retirar el fuero al exmandatario en dos ocasiones.
Posteriormente, la anterior fracción oficialista impidió que el Congreso votara los informes emitidos tras una denuncia de supuesta agresión sexual planteada por la exdiputada Marulin Azofeifa contra el entonces legislador y candidato presidencial, Fabricio Alvarado.
En mayo de este año, la nueva presidenta legislativa, Yara Jiménez, archivó el expediente contra Alvarado.
Juan Diego López, exasesor de Nueva República
Juan Diego López, exjefe de prensa de la fracción de Nueva República y figura cercana al exdiputado Fabricio Alvarado, fue nombrado como presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
López rechazó que su llegada al cargo respondiera a un acuerdo político entre el gobierno y Nueva República.
“Existe hoy una única bandera, la de Costa Rica. Yo tengo 25 años en periodismo; caminé este país de arriba abajo. Creo que con eso es suficiente mérito para llegar a una institución como el Sinart”, manifestó.
José Miguel Jiménez, exalcalde del PLN
Otro caso es el de José Miguel Jiménez Araya, exalcalde de Río Cuarto, quien abandonó el PLN, partido por el que fue electo, para dar su adhesión a Laura Fernández durante la pasada campaña.
Posteriormente, el 5 de mayo, Jiménez fue anunciado como presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
Boris Marchegiani, donador del PPSO y financista de las vallas contra funcionarios
Por otra parte, Boris Marchegiani, secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y financista de las vallas publicitarias contra jerarcas de otros poderes, fue nombrado embajador y representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Marchegiani también fue donante del PPSO en el 2025. En el pasado, había aportado dinero para las campañas del PUSC y el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), además de que él mismo aspiró a ser alcalde de Quepos con otras dos agrupaciones.
La Nación consultó a Casa Presidencial sobre si estas designaciones podrían interpretarse como una recompensa política a personas que respaldaron al oficialismo durante la campaña electoral o en votaciones legislativas clave. No obstante, al cierre de esta publicación, no se había recibido respuesta.
La presente revisión sobre nombramientos no incluye los casos de figuras cercanas al expresidente como los diputados Marta Esquivel, Stephan Brunner, Nogui Acosta o José Miguel Villalobos, debido a que ocupan cargos de elección popular y no puestos asignados mediante designación del actual gobierno.
Pilar Cisneros calificó un nombramiento de ‘red de cuido’
Antes de la llegada de Laura Fernández al poder, un nombramiento dentro de la administración Chaves causó cuestionamientos incluso entre figuras del oficialismo.
En julio del 2025, José Miguel Villalobos Herrera, hijo del abogado de Rodrigo Chaves y actual diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña, fue nombrado funcionario interino en la Asesoría Jurídica de Casa Presidencial.
La entonces diputada Pilar Cisneros afirmó a La Nación que la designación se trataba de una “red de cuido”.
“Es lo que es: una red de cuido que nunca he compartido y que nunca compartiré”, manifestó Cisneros, luego de que Villalobos revelara que fue el el entonces mandatario quien le ofreció a su hijo el puesto.
¿De dónde salió el concepto de ‘red de cuido’?
Según explicó la politóloga Kattia Benavides, la expresión “red de cuido” se popularizó en Costa Rica durante el gobierno de Laura Chinchilla, a partir de la Red Nacional de Cuido, una política pública orientada a la atención de niños, adultos mayores y personas en condición de dependencia.
Benavides señaló que, con el paso de los años, la expresión comenzó a utilizarse de forma metafórica para aludir a estructuras de poder, relaciones de protección o redes de favores dentro de las instituciones públicas, un uso distinto al de la política social que le dio origen.
La reinterpretación del concepto alcanzó una nueva dimensión durante el gobierno de Rodrigo Chaves. El 31 de marzo del 2022, durante el debate presidencial de Teletica, Chaves denunció en su mensaje final la existencia de “argollas” que, según él, controlaban el poder político y económico del país y buscaban mantenerse en él.
El 2 de mayo del 2023, el mandatario incorporó el término a su primer informe de labores, donde aseguró que su gobierno no permitiría “redes de cuido en las instituciones del Estado”.
A partir de entonces, la expresión se convirtió en uno de los ejes centrales de su discurso político. Chaves la utilizó de forma recurrente para cuestionar a políticos, magistrados, fiscales, diputados, medios de comunicación y otros actores políticos que, según él, formaban parte de estructuras de protección dentro del Estado.
