EscucharCuando al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, y al presidente de la República, Carlos Alvarado, se les cuestiona sobre la gestión del gobierno en contra de los hechos ahora investigados en el caso Cochinilla, expresan al unísono que el dinero de los costarricenses está en las obras construidas.
Con la información conocida sobre este repulsivo caso, las respuestas de ambos jerarcas resultan ser una falacia con la cual pretenden minimizar la responsabilidad del gobierno y el daño económico causado al país mediante los actos incluidos en la pesquisa.
Si bien es cierto que las obras se llevaron a cabo, de acuerdo con informes de expertos en la materia, tendrían una vida útil más corta de lo previsto dado el uso de materiales de inferior calidad a lo estipulado en los contratos, defectos constructivos aparentemente encubiertos por una fiscalización deficiente e informes amañados, todo con la supuesta complicidad de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Además, por ellas parece ser que se pagó un mayor precio al descartarse de forma arbitraria y con artimañas ofertas de menor costo y restringirse una necesaria y conveniente competencia en este significativo sector empresarial.
El sobreprecio de las obras, es de suponer, incluía el monto de las dádivas que las empresas, según el expediente del caso Cochinilla, daban a los funcionarios cuestionados, dinero que no salió de las ya abultadas ganancias de los empresarios sospechosos, sino de los bolsillos de todos nosotros.
Lo expresado por Méndez y Alvarado es una verdad a medias, un argumento aparentemente verdadero para inducirnos a error, porque no todo el dinero producto de los impuestos que pagamos los costarricenses está en esas obras.
Lo más probable —de acuerdo con el expediente policial— es que una buena parte fuera a parar a las cuentas bancarias de empresarios y otro poco a las de unos cuantos funcionarios cuestionados.
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En este sonado caso es patente la negligencia con que fue tratado el problema de la corrupción que pudo haber estado dándose en el Conavi, pues el ministro reconoce estar enterado de la situación desde el inicio de su mandato, sin haber hecho mayor cosa para evitarla.
El argumento de que no se le podía pedir como persona y ministro que construyera toda la obra de infraestructura que ha hecho y que además corrigiera todos los males administrativos y de corrupción porque él no es ni Superman ni Dios, es un subterfugio impropio de un funcionario y político de su trayectoria.
El ministro no debió abandonar parte de sus responsabilidades, las cuales asumió al aceptar el cargo, y mucho menos las de importancia capital en su gestión. Carlos Alvarado y particularmente Méndez Mata deben asumir la responsabilidad política que les compete.
El autor es exembajador.
