Costa Rica tiene un régimen perverso de producción y venta de arroz, que castiga a los consumidores más pobres del país y perjudica a los pequeños productores.
Hoy, cuando muchos costarricenses sufren penurias económicas, es hora de que el gobierno desmantele el esquema de privilegio que beneficia a unas pocas empresas agremiadas en Conarroz y permita a la población comprar más barato. Esa es la verdad.
Costa Rica produce aproximadamente la mitad del arroz de consumo nacional y compra la otra mitad en el exterior.
Toda persona o empresa puede importarlo, pero siempre que pague el arancel del 36 %. Sin embargo, quien vende arroz no puede fijar el precio ni negociarlo con el comprador ni hacer promociones.
El precio es establecido por el Poder Ejecutivo, el cual también determina el precio que las empresas industrializadoras deben pagarles a los productores. El gobierno fija los precios como si todos produjeran el arroz de la misma manera.
No hay incentivo para reducir costos o producir más eficientemente. En buena parte, eso explica por qué el grano es más caro en Costa Rica que en muchos otros países.
Al final, el consumidor no tiene opción: debe pagar el precio que decida el gobierno, basado en el costo del productor más ineficiente. Esa es la verdad.
El mecanismo de desabastecimiento. Cuando hay riesgo de que sobrevenga una escasez, el gobierno puede eliminar o reducir el arancel para facilitar la importación.
Lamentablemente, esa compra en el exterior a un arancel menor no está al alcance de cualquier empresa, sino solo de los pocos industriales asociados a Conarroz.
Esas empresas, que son productoras e importadoras a la vez, compran arroz en granza barato fuera del país y lo ingresan sin pagar impuestos. Aquí, lo convierten en arroz pilado y, luego, lo venden a los consumidores.
En este caso, lo que procedería es que la ganancia obtenida de importar el arroz más barato, que además no paga arancel, se traslade al consumidor. Pero eso no es así.
El consumidor sigue pagando el mismo precio inflado fijado por el gobierno, mientras el industrial de Conarroz se deja esa ganancia.
Cada vez que este mecanismo se activa, el gobierno privilegia a los industriales (que también son productores e importadores) de manera doble: les fija un precio holgado, que les facilita producir muy caro y, cuando hay beneficio de traer arroz de fuera a un precio más barato, se quedan con esa ganancia. Esa es la verdad.
Entre febrero del 2018 y mayo del 2020, el gobierno ha declarado “desabasto” en tres oportunidades por un monto cercano a las 125.000 toneladas.
En ese período, el precio del arroz no bajó; por el contrario, subió a ¢620 el kilo. Si Conarroz trasladara la rebaja de aranceles a los consumidores, el arroz debió haber sido un 30 % más barato en el 2019. Pero no fue así.
Los $15 millones de ganancia que resultaron de no pagar aranceles a la importación del arroz no llegaron al consumidor, quedaron en manos de unos pocos. Esa es la verdad.
Proteger al consumidor. El gobierno tiene la obligación de que esta historia no se repita. Recientemente, autorizó de nuevo el uso del mecanismo de “desabasto”. Es urgente bajar el precio para trasladar a toda la población esa rebaja de los aranceles.
Hoy, más que nunca, los consumidores deberían ser el foco de toda política pública. Seguidamente, y más importante aún, el gobierno debe eliminar la gran distorsión que genera la fijación de precios que por tantos años les ha quitado millones de colones a los consumidores en favor de unos pocos. Esa es la verdad.
El autor es abogado.
