Catalina Martínez Coral. 23 febrero
Fotografía con fines ilustrativos. Shutterstock
Fotografía con fines ilustrativos. Shutterstock

La penalización absoluta del aborto en El Salvador no solo discrimina y criminaliza a las mujeres que abortan, sino también a quienes pierden a sus hijos por complicaciones naturales, mejor conocidas como emergencias obstétricas.

Es el caso de una mujer a quien se le identificará solo como «Manuela», cuya audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) está programada para marzo. El tribunal tendrá la oportunidad de convertir una horrible injusticia en una esperanza latinoamericana.

Manuela es como se conoce a una salvadoreña de escasos recursos que un día del 2008 se dirigió a la letrina, que se encontraba a varios metros de su casa, porque empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal.

No sabía que su embarazo estaba en riesgo y que enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó un feto y se desmayó. Se trató de un parto precipitado a causa de su mal estado de salud.

Denunciada por personal médico. La llevaron a un hospital, donde en vez de atenderla la denunciaron por el delito de aborto, la policía la esposó a la camilla, fue juzgada por homicidio y terminó injustamente condenada a 30 años de prisión.

Manuela murió en el 2010, privada de libertad y dejó huérfanos a dos hijos, porque el Estado no le diagnosticó ni le brindó tratamiento apropiado para un cáncer linfático que se le desarrolló durante varios años y que, entre otras, fue la razón de los quebrantos de salud que le causaron la emergencia obstétrica.

¿Por qué El Salvador criminaliza no solo a las mujeres que abortan, sino también a aquellas que sufren emergencias obstétricas? Porque ante la más mínima sospecha de la existencia de un delito de aborto prevalece la presión institucional sobre el personal de salud que, para evitar su propia persecución judicial, denuncia a estas mujeres.

Ellas dejan de recibir atención médica y pasan a ser procesadas penalmente, así, la injusticia se profundiza y son condenadas por homicidios que nunca cometieron.

Órganos de las Naciones Unidas han señalado que la absoluta prohibición del aborto crea un efecto de intimidación estructural en las mujeres para no buscar atención sanitaria luego de sufrir complicaciones en sus embarazos, pues saben que existe el riesgo de verse involucradas en procesos judiciales.

A tal punto que varias terminan yendo al hospital cuando es muy tarde para tratar la emergencia obstétrica y, entonces, su miedo se torna en una ingrata realidad.

La Corte puede detener este tipo de injusticias si reconoce que normas como la prohibición absoluta del aborto conducen a que empleados estatales restrinjan los servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres que viven principalmente en entornos de pobreza.

Condenadas por ser pobres. De esta manera quedaría claro que la criminalización de las emergencias obstétricas es también una forma de criminalizar la pobreza, y los Estados tendrían que formular políticas públicas para evitar que esto suceda.

Manuela fue víctima de un Estado que no protege la vida y la salud de las mujeres, que las discrimina y criminaliza y que no brinda garantías para resguardar el secreto profesional del personal médico.

Lamentablemente, no sucede solo en El Salvador y, por esa razón, el Centro de Derechos Reproductivos y La Colectiva Feminista de El Salvador acudimos a la Corte-IDH, para que se reconozcan estándares internacionales que acaben con este tipo de persecuciones en toda la región y sean una esperanza para que millones de mujeres tengan la posibilidad de acceder a salud sexual y reproductiva de óptima calidad sin el temor de ir a la cárcel.

La autora es directora regional del Centro de Derechos Reproductivos.