La noticia fue que el agua en las comunidades aledañas a Crucitas está contaminada con mercurio, pero nadie reparó en que ni siquiera tienen acueductos, ni caminos de acceso dignos para sacar sus productos agropecuarios.
Al Estado nunca le ha interesado invertir allí, a pesar del esfuerzo que hicimos en la Asamblea Legislativa para lograrlo.
Este diario editorializó, el 25 de febrero, sobre la grave situación a causa de la contaminación con mercurio de las fuentes de agua. La preocupación está totalmente justificada. Quisiéramos, más bien, que la atención sobre esas comunidades abandonadas se mantuviera siempre.
Esas comunidades a nadie le importan, si no es para justificar la falsa idea de que la legalización de la minería irregular va a resolver, por arte de magia, los problemas no de ahora, sino de siempre.
Quisiera creer que son genuinas las preocupaciones de quienes proponen la legalización de la minería en la zona. De ser así, refleja desconocimiento de la realidad de la extracción minera de oro —legal o ilegal— en América Latina y, sobre todo, en el trópico húmedo.
En muchas ocasiones, sin embargo, las propuestas de legalización de la minería de oro a cielo abierto son interesadas, no precisamente en beneficio de las comunidades. Pocos pero muy poderosos intereses están detrás de que Costa Rica desande el camino que la colocó como ejemplo en el mundo en desarrollo sostenible. No importa la gente. Importa el negocio.
No habría peor cosa para el país que el retroceso en la protección ambiental si volviera a legalizar la minería de oro a cielo abierto. Sería bueno para unos pocos, y lejos de las comunidades.
Es mal negocio atentar contra la imagen de sostenibilidad ambiental del país. Es una de nuestras principales ventajas competitivas para la atracción de inversiones sanas. Costa Rica es atractiva para la inversión que procura destacarse por el desarrollo de actividades sostenibles.
Esa inversión no hará más que crecer en las próximas décadas bajo el impulso de la lucha contra el cambio climático que libran muchos países, principalmente de la Unión Europea, para que las actividades excesivamente contaminantes cambien a modelos cada vez más sostenibles.
Costa Rica tiene grandes oportunidades para el futuro, siempre y cuando siga conservando y fortaleciendo esta imagen en el plano mundial.
Esta ventaja competitiva ya rinde enormes beneficios. Costa Rica es potencia mundial en turismo por los esfuerzos de sostenibilidad, y necesitamos mantener esa imagen para seguir atrayendo turistas. De acuerdo con algunos estudios, la extracción de oro en roca dura en Crucitas generaría aproximadamente $2.500 millones en 10 años, el equivalente al ingreso, antes de la pandemia, de un año en turismo.
Lo existente en zonas más superficiales (saprolitos) produciría poco más de $1.600 millones en un período parecido, pero dañando un área mayor (entre 1.500 y 2.000 hectáreas).
El negocio de la minería metálica a cielo abierto es una actividad que, para que sea rentable para unos pocos, necesita que sus costos de producción lo paguen muchos otros con su propia calidad de vida. Indistintamente de si es legal o ilegal.
De acuerdo con el fallido proyecto de Industrias Infinito, la extracción requería arrancar de cuajo no solo todo el bosque en el lugar de la extracción (unas 150 hectáreas), sino también desaparecer los cerros Fortuna y Botija, para dejar un enorme cráter con rotura del manto acuífero regional y el riesgo de emisión de drenaje ácido con liberación de metales pesados al ambiente por cientos de años.
En el procesamiento de miles de toneladas de material se utilizan millones de litros cúbicos de agua con cianuro, que luego de la extracción del oro permanecerán cientos de años en lagunas de relaves de cientos de hectáreas, lo cual es un peligro constante de enormes tragedias debidas a derrames que podrían llegar al río San Juan en minutos.
Los que vayan “legalmente” por ese oro, una vez que lo saquen, se irán de ahí. Se llevarán toda la ganancia del negocio. No les importará ni el cráter, ni las lagunas de relaves, ni el riesgo permanente de tragedias. ¿A quién le tocará lidiar con las consecuencias? Como siempre, a las comunidades abandonadas y a la sociedad en conjunto.
Si realmente nos interesa la gente, necesitamos que las propuestas de solución para Crucitas se inspiren en el desarrollo sostenible. En garantizar vida digna a la gente sin comprometer el futuro de las próximas generaciones.
La sostenibilidad no debe entenderse ni vivirse en la desigualdad. Es incompatible con la pobreza extrema y la acumulación obscena de riqueza. La minería irregular es consecuencia de la desigualdad y la falta de oportunidades, que no va a resolver la minería legal, como no lo hizo en Colombia, Brasil, Venezuela o Ecuador, donde la minería de oro a cielo abierto es legal, y todavía luchan contra el flagelo de la minería irregular y la mafia.
La minería irregular no es producto de la ilegalización, sino de la necesidad y la pobreza.
El autor es abogado, ecologista y exdiputado.
