El 20 de febrero, la sección de Vigilancia y Control de Agua Potable del Ministerio de Salud dio a conocer los resultados de estudios practicados con muestras de noviembre del 2022 y en todos los casos la contaminación supera en mucho el límite de 0,001 miligramos por litro (mg/L). Hubo muestras con 0,065 mg/L y, en la escuela de Crucitas, el resultado fue de 0,053 mg/L.
La norma internacional es menos rigurosa, pero de todas formas se ve ampliamente superada por la contaminación en Cutris y Pocosol. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la concentración máxima debería ser de 0,006 mg/L, pero las lecturas de las comunidades afectadas en San Carlos son diez u once veces superiores.
La alarma del Concejo Municipal y los vecinos no podría estar mejor justificada. La intoxicación con mercurio causa daños en los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, los pulmones y los riñones. La inhalación, ingestión o exposición cutánea suele producir temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea y disfunciones cognitivas y motoras.
En setiembre del 2022, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) comenzó a abastecer a la población con camiones cisterna y, cuando los caminos impiden el ingreso de estos vehículos, utilizan pickups. Aun así, hay lugares a donde el agua potable no llega. La contaminación detectada “representa un riesgo elevado para la salud de la población”, dicen los expertos.
El mercurio es utilizado por los mineros ilegales para la extracción artesanal del oro. El contaminante se filtra al subsuelo y llega a los ríos con efectos devastadores. La concentración de mercurio viene en ascenso y los expertos recomiendan estudios de impacto ambiental para determinar si está afectando suelos, flora y fauna, incluidos los animales utilizados para la producción.
Con cada nuevo estudio, surgen mayores motivos de preocupación. Las lecturas de las muestras de noviembre son mucho más altas que las de mayo, y ya pasaron más de tres meses adicionales. Los datos respaldan las afirmaciones del regidor Luis Fernando Solís sobre la rápida expansión de la contaminación y el creciente número de perjudicados. “Es una situación delicada que debe ser resuelta rápido”, afirmó, pero el tiempo pasa y el veneno se extiende.
El tiempo demuestra, por otra parte, que la disyuntiva entre permitir la explotación minera y no hacerlo nunca existió. La riqueza está en el sitio y el Estado costarricense no tiene forma de impedir la extracción ilegal. Solo puede prohibir la lícita. Quizá una operación industrial, con métodos avanzados de explotación y susceptible de supervisión eficaz habría sido menos dañina. También habría proporcionado empleo a los habitantes de la zona y una parte de los ingresos habrían ido a parar en el erario en lugar de fugarse, en buena parte, hacia Nicaragua.
La situación actual produce crecientes pérdidas ecológicas, humanas, económicas y de seguridad ciudadana. La declaración de emergencia llamaría la atención sobre el problema, pero falta ver si el Estado tiene los recursos necesarios para impedir la minería ilegal cuando ni siquiera ha demostrado tener suficientes para proteger los parques nacionales.
