27 junio

Asombra la falta de escrúpulos de quienes engañan a niños y adolescentes para ponerlos en la primera fila de un esfuerzo desestabilizador dirigido a defender beneficios incosteables de la aristocracia sindical. Lo mismo cabe decir de los grupos religiosos que vieron una oportunidad para sumarse al caos e introducir, con la misma mendacidad, elementos de su agenda de intolerancia.

Es grosera, amén de estúpida, la falsedad de caracterizar el proyecto de ley de educación dual como medio para introducir el trabajo infantil en Costa Rica. Sin embargo, niños de edad escolar se manifestaron ayer con pancartas de repudio a la explotación, como si existiera el peligro de que fuera autorizada.

Las organizaciones sociales y políticas tienen derecho a forjar alianzas, pero no de arrastrar con ellas a los menores. Y menos mintiéndoles.

Alguien, de muy mala fe, aprovechó su ingenuidad para convencerlos. Los niños y adolescentes, confiados en la palabra de adultos encargados de su educación y crianza, salieron a las calles para impedir un abuso imposible de perpetrar en Costa Rica. Ni la Constitución, ni las leyes, ni la decencia de la sociedad costarricense permitirían la explotación laboral de quinceañeros. La comunidad internacional, de la cual depende Costa Rica para el comercio, tampoco la toleraría.

La verdad consta en el proyecto de educación dual y en la práctica del método en los países más avanzados de Europa, pero si los jóvenes tuvieran la información necesaria para formular las preguntas pertinentes, desnudarían el ardid con una sola: ¿Puede un país miembro de la Organización Internacional del Trabajo establecer, por ley, la explotación laboral de infantes? También podrían inquirir si semejante abuso es compatible con los tratados de libre comercio suscritos con nuestros principales socios comerciales y si los tribunales internos se cruzarían de brazos.

Si la Asamblea Legislativa tuviera el mal tino de aprobar semejante aberración, todas las salvaguardas contra el abuso se desatarían con furia. La mentira del trabajo infantil es tan plausible como el restablecimiento de la pena de muerte mediante decreto ejecutivo. Nada de eso obsta para que un par de niñas de edad escolar posaran ayer, sonrientes, con una pancarta donde se lee: “No a la explotación infantil”.

La explotación infantil es abominable tanto en la empresa como en la política. Lo sucedido ayer indigna precisamente por eso. Los estudiantes se hicieron daño a sí mismos con la suspensión de lecciones y perjudicaron a terceros con el cierre de vías, pero están lejos de sospechar la verdadera agenda de sus instigadores.

Hay grupos interesados en sembrar el caos para procurar victorias que no consiguieron mediante la larga y fracasada huelga del año pasado. Lo que no pudieron obtener por sus medios, lo procuran ahora utilizando a los estudiantes. Es vergonzoso, tanto como el oportunismo de los grupos evangélicos involucrados. La sociedad costarricense debe hacerles frente, comenzando por los cristianos de toda denominación, ajenos a la política partidaria y comprometidos con la paz y la tolerancia.

Los oportunistas difundieron mentiras, como el supuesto plan de celebrar hoy actos cívicos en escuelas y colegios para conmemorar el orgullo gay. Una candidata a vicealcaldesa de Restauración Nacional en el norte del país aseguró que el plan figura en un “programa” del Ministerio de Educación Pública.

La cercanía entre los políticos evangélicos y la dirigencia sindical se ha hecho cada vez más obvia, pero nunca había sido tan clara como ayer. Las organizaciones sociales y políticas tienen derecho a forjar alianzas, pero no de arrastrar con ellas a los menores. Y menos mintiéndoles.