Editorial: Abuso de dietas municipales

Las comparaciones contenidas en nuestro reportaje del jueves son impresionantes. Según la escala salarial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los ¢183.000 pagados por sesión superan el ingreso quincenal de un trabajador no calificado y los ¢107 millones cancelados en catorce meses prácticamente equivalen al presupuesto para mejorar sedes policiales, instalar cámaras de vigilancia en espacios públicos y dotar de alcantarillado pluvial a Bella Vista, en Pavas.

El presupuesto para “fomento de la educación y capacitación de jóvenes” es menos de la tercera parte del dinero destinado a pagar dietas en los 14 meses citados y cada representante sindical llega a cobrar hasta ¢12,6 millones al año, según datos de la propia Municipalidad.

Las cortísimas sesiones de la Junta se dedican a definir amonestaciones, suspensiones sin goce de salario o despidos de funcionarios, analizar quejas de los trabajadores y negociar la convención colectiva, en la cual, entre otros beneficios, se establecen las dietas. Como es de esperar, esos pagos no están entre los artículos denunciados de la convención colectiva, no obstante el reconocimiento de su carácter abusivo por los más altos funcionarios del ayuntamiento.

Johnny Araya, alcalde suspendido de San José, no duda antes de señalar el abuso y llamó a corregirlo. La alcaldesa, Paula Vargas, se pronuncia en el mismo sentido: “Si estuviera en mis manos, yo diría ‘esto tiene que cambiar’, porque son montos muy elevados”. No obstante, añadió que no depende de ella porque no lo autorizó. El razonamiento es curioso, pues la denuncia y renegociación de la convención colectiva no es potestad de quien la haya aceptado, sino de la administración municipal del momento, pero vale la afirmación de Vargas para señalar el abuso.

Quizá la admisión más contundente del carácter abusivo de las dietas es la eliminación de su cobro por parte de los regidores y los representantes del alcalde. El esfuerzo no alcanzaba para justificar la remuneración y las dietas dejaron de pagarse, salvo las reservadas a los sindicalistas por convención colectiva.

La irracionalidad del gasto se magnifica al considerar los escasos beneficios para la Municipalidad y la comunidad capitalina, razón de ser del gobierno local. En todo el país, las instituciones funcionan sin junta de relaciones laborales. La tarea de imponer sanciones y escuchar quejas corresponde a los departamentos de recursos humanos y la Municipalidad tiene uno. La negociación de las convenciones colectivas se hace entre la administración y los sindicatos, sin necesidad de una remuneración especial.

No obstante la singularidad de la práctica en la Municipalidad josefina, los sindicalistas niegan que sea un “privilegio”, y lo califican de un “logro” conseguido mediante negociación colectiva. “El pago de dietas se define por convención colectiva, es un presupuesto que tiene la institución… Nosotros negociamos la convención parcialmente. Lo de las dietas no se toca, eso no es negociable”, afirma Eugenio Barrantes, miembro de la Junta.

Pero el sol no se tapa con un dedo. La “conquista innegociable” beneficia a once sindicalistas con cargo a toda la comunidad. Ese es el problema, y no la nube de humo difundida por un par de dirigentes sindicales mediante un video. Las dietas están incorporadas a la convención colectiva y los tribunales de trabajo las avalan porque son ley entre las partes. Son legales, no hay duda, pero constituyen un abuso. Precisamente por eso, el país está urgido de reformas y, en este caso, de una denuncia más amplia de la convención colectiva.