La economía costarricense ha mostrado una mejora sostenida en los últimos 12 meses. Luego de la significativa caída que presentó en el segundo trimestre del 2020, la actividad económica se empezó a recuperar en la segunda mitad de ese año. Esa recuperación refleja el efecto positivo sobre la producción y la demanda agregada del repunte de la economía mundial y de la flexibilización de las medidas de confinamiento en nuestro país.
Si bien la actividad económica agregada todavía no alcanza los niveles previos a la pandemia, ya hay varias actividades que sí han superado ese nivel. Las exportaciones de bienes, especialmente las de manufactura, han tenido un auge notable. Y, después de un mal primer trimestre para la actividad turística, el arribo de visitantes mejoró significativamente a partir de abril.
A pesar de esa recuperación, la tasa de desempleo, que disminuyó continuamente a partir del trimestre móvil a agosto del 2020, se ralentizó e incluso reversó en los últimos meses. Esa falta de correspondencia reciente entre actividad económica y mercado laboral podría ser temporal, pero requiere un análisis profundo cuando se tengan más datos.
Las cifras fiscales acumuladas al primer semestre del presente año también reflejan una significativa mejora en comparación con el año anterior. El Gobierno Central registró un superávit primario (es decir, una diferencia positiva entre ingresos y gastos, excluyendo el gasto por intereses) de un 0,2 % del PIB, que contrasta con el déficit primario del 1,4 % del PIB en igual período del 2020 (una vez que se hacen ajustes estadísticos para volver comparables las cifras).
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Reforma fiscal
La mejora en el resultado fiscal se explica, por una parte, por la aplicación estricta de la regla fiscal introducida por la Ley 9635 de diciembre del 2018 y el esfuerzo adicional de las autoridades para contener el gasto más allá de lo que dicta la regla. De hecho, el gasto primario y total han caído en términos interanuales.
Ello se ha logrado sin comprometer el gasto social prioritario. Además, ha contribuido el fuerte incremento en la recaudación de los impuestos, asociado a las reformas tributarias que introdujo la Ley 9635 y a la recuperación en la actividad económica en los últimos meses. Una activa gestión de la deuda y la negociación de créditos externos en condiciones muy favorables han permitido no solo contener el gasto por intereses, sino también reducir los riesgos de liquidez y refinanciamiento del Gobierno.
Todos estos resultados positivos son reflejo de la resiliencia de la economía nacional y de las medidas que se tomaron antes y durante la pandemia para propiciar un mejor entorno macroeconómico.
En vista de la trayectoria creciente de la deuda del Gobierno Central y el impacto de la crisis sanitaria sobre el déficit fiscal, no existía espacio para adoptar un programa de estímulo fiscal que contrarrestara los efectos de la pandemia. Por el contrario, las autoridades reconocieron la necesidad de emprender un ajuste fiscal adicional al de diciembre del 2018, buscaron créditos multilaterales para sustituir deuda cara por deuda barata y anunciaron desde inicios de la pandemia su voluntad de negociar un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enmarcar sus políticas macroeconómicas.
Dentro de la restricción que el objetivo de consolidación fiscal imponía, las autoridades otorgaron estímulos focalizados y temporales, principalmente una moratoria tributaria, transferencias a los hogares más afectados (el bono proteger) y flexibilización de las cargas sociales. Además, priorizaron el gasto sanitario para la atención de la pandemia.
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Reacción del BCCR
Por su parte, el Banco Central respondió con un decidido estímulo monetario para mitigar el impacto de la pandemia. A pesar del aumento en el precio internacional de las materias primas y la mayor inflación registrada recientemente en algunos países, la inflación actual y proyectada se mantiene por debajo de la meta de inflación y las expectativas de inflación siguen firmemente ancladas.
Esto ha permitido al Banco Central profundizar la postura expansiva de su política monetaria, mediante la reducción de su tasa de política monetaria (TPM) a un mínimo histórico, apoyada por una holgada liquidez agregada y la introducción de la facilidad especial de crédito a los intermediarios financieros para que concedieran créditos en condiciones financieras favorables a los hogares y empresas más afectadas por la pandemia.
Las autoridades financieras (superintendencias y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero) respondieron también con una flexibilización de la normativa prudencial. En su conjunto, estas políticas han incidido en una mejora en las condiciones crediticias para el sector privado y en un alivio inmediato, por la vía de menores cuotas de créditos, en el flujo de caja de hogares y empresas.
Mirando hacia adelante, el buen comportamiento de la producción en la primera mitad del año, unido a las mejores perspectivas para la segunda, principalmente por el mayor crecimiento previsto para nuestros socios comerciales, apuntan a un desempeño de la economía para el presente año mejor a lo previsto.
Así, en su reciente Revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022, el Banco Central estimó un crecimiento para el 2021 del 3,9 % (un punto porcentual más con respecto a lo proyectado en abril) y del 3,7 % en el 2022. Con este resultado, el país alcanzaría el nivel de producción previo a la pandemia en el cuarto trimestre de este año.
Supuestos
Estas proyecciones se basan en dos supuestos importantes. En primer lugar, la contención de la pandemia en los ámbitos internacional y local. La heterogeneidad del avance en las campañas de vacunación entre diferentes países y la aparición de nuevas mutaciones del coronavirus hacen que la evolución global de la pandemia todavía esté sujeta a una alta incertidumbre.
El segundo supuesto fundamental es la aprobación en la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley para alcanzar el ajuste fiscal que el país necesita y que se convino con el FMI. Ello incluye la Ley Marco de Empleo Público, varias iniciativas tributarias y la agenda complementaria de créditos con organismos multilaterales.
De no aprobarse estas medidas, la deuda del Gobierno Central seguiría creciendo, y se haría extremadamente difícil y costoso su financiamiento. La aprobación de esas medidas es, por lo tanto, fundamental para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y, consecuentemente, para procurar las condiciones de confianza y estabilidad necesarias para promover el crecimiento económico.
Otros dos factores que podrían representar desafíos para nuestra economía son los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, y un retiro anticipado de los estímulos monetarios en las economías avanzadas, con efectos adversos sobre las condiciones financieras que enfrenta nuestro país. Este último riesgo se ha incrementado debido al aumento de la inflación en los Estados Unidos, si bien mercados y analistas lo perciben como transitorio.
El Banco Central se mantendrá vigilante de estos riesgos. En el tanto los modelos de pronóstico señalen que la inflación va a seguir por debajo de la meta, el Banco Central mantendrá una postura monetaria expansiva, caracterizada por bajas tasas de interés, que permita apoyar la estabilidad macroeconómica y financiera, el crecimiento económico y la generación de empleos.
El autor es presidente del Banco Central de Costa Rica.